El aspirante a la gobernación y presidente de Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, dijo en entrevista con Metro al Mediodía que reconoce que su propuesta para reestructura la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solo puede ser discutida ante la jueza federal, Laura Taylor Swain, con el aval de Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico.
“Tiene que ser una propuesta que avale definitivamente el gobernador de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Así que por eso es que nosotros la hicimos pública cuando supimos ya todos los elementos que se estaban discutiendo (en el tribunal federal), porque ese plan fue evolucionando y eventualmente quedó el que están presentando ante la Junta”, comentó Jiménez Pérez, quien afirmó que no se trata de una propuesta “para la gradas”.
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“Para las gradas sería que yo te dijera vamos a pagar toda la deuda. ¿De dónde? Pues yo no sé, pero no es así”, añadió.
El aún alcalde de San Sebastián de las Vegas del Pepino presentó la pasada semana una propuesta para pagar la deuda de la AEE con el fin de evitar un aumento en la tarifa de luz, como establece actualmente el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad (PAD-AEE) del ente fiscal, que se está discutiendo en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey.
El PAD-AEE aumentaría la factura del servicio eléctrico un 25% para pagar 10% a los bonistas y 15% a los pensionados de la AEE durante los próximos 35 años o más. En total, se busca que el Pueblo de Puerto Rico costee $2.5 mil millones dólares.
El aspirante a liderar al país propone que parte del exceso de efectivo disponible no asignado en la cuenta general del Departamento de Hacienda (DH), comunicado por la JSF en los informes de finanzas para el primer y segundo trimestre 2023-2024, que suman al rededor de $1,300 millones de dólares; más los $250 millones de dólares en fondos del incentivo reintegrable que se pagarían a los contribuyentes este año, sean utilizados para reestructura la deuda de la agencia gubernamental.
“Lo que nosotros proponemos es minimizar el impacto que pueda tener el financiamiento de esa deuda de $2.5 millones y que en los sistemas de retiro, el Gobierno también sea solidario en el pago de ese sistema de retiro, y que también se fiscalice adecuadamente lo que es la privatización de la generación y de lo que es el sistema de transmisión a través de LUMA y de Genera”, sostuvo.
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Jiménez Pérez comentó que los bonistas no podrían solicitar más dinero, si se tomara en cuenta utilizar el dinero en exceso que tiene el Gobierno.
“Si nosotros utilizamos esos fondos, lo que estamos utilizando son unos excesos del Gobierno central y, tan reciente como hace par de meses atrás, también el Gobierno central (comprometieron) esos fondos para el pago de las pensiones de la Autoridad. Lo que nosotros tenemos que buscar como país es que nosotros no haya un centavo de aumento del kilovatio hora, porque eso sería devastador para nuestra economía”, agregó el presidente del partido conservador.
