La Colectiva Feminista en Construcción emplazó durante la mañana del jueves, pública y presencialmente al gobernador Pedro Pierluisi, así como a miembros de la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos, para que rindan cuentas y tomen acción en cuanto al Estado de Emergencia contra la violencia de género.
La acción es parte de la campaña “Nosotras por nuestras vidas”, iniciada el pasado mes de enero, a través de la cual exigen se rinda cuentas por las gestiones realizadas para erradicar la violencia de género por parte del ejecutivo y las agencias dirigidas por este.
“En la mañana de hoy [jueves], estamos emplazando directamente al gobernador Pedro Pierluisi, para que responda directamente sobre el trabajo realizado o no realizado sobre la Declaración de Estado de Emergencia contra la violencia de género y estamos exigiéndole una reunión en las próximas dos semanas para que responda los reclamos que aquí traemos. Hace tres años, el gobernador se comprometió a destinar recursos de todo tipo, se comprometió a escuchar a las organizaciones y trabajar en conjunto para atender esta situación. Eso no ha pasado y los resultados no se ven. Al cuestionar esto, se nos sigue respondiendo que “se está atendiendo a través del Estado de Emergencia”. Pues entonces nosotras y el pueblo queremos saber cómo se está trabajando, en qué se están invirtiendo los recursos y cómo se están fiscalizando la utilización de los mismos”, expresó Adli Cordero Espada, portavoz de la organización.
Según Verónica Figueroa Huertas, también portavoz, el gobierno continúa de manos cruzadas y atribuyéndole toda la responsabilidad a las pequeñas organizaciones que atienden sobrevivientes.
“Pero aquí no necesitamos que se sigan apagando fuegos, necesitamos proyectos que atiendan la prevención de estas violencias, programas robustos de rehabilitación y de reparación a la niñez y familias que viven estas violencias y necesitamos que se atienda el problema de manera integrada, pensando en la vivienda, la salud y la educación como elementos necesarios para prevenir”, añadió.
La organización levantó un emplazamiento público en la Fortaleza, residencia del gobernador, exigiendo: (1) un informe detallado que establezca el estado de situación sobre la Declaración de Estado de Emergencia, (2) la evaluación de resultados, y cómo se han utilizado los 20 millones asignados; y (3) una relación detallada de las gestiones de cada agencia y cómo se ha fiscalizado esta gestión, incluyendo la atención de las más de 400 querellas contra policías que han agredido a sus parejas. Solicitaron además que el ejecutivo impulse medidas de prevención no punitivistas, que atiendan la raíz del problema. Asimismo exigieron una reunión dentro de las próximas dos semanas.
La organización también llevó emplazamientos directos al Capitolio, dirigiéndose a todos los senadores y representantes, a quienes hicieron un llamado para que cesen el enfoque punitivista al legislar para atender la violencia de género, sino que centren los recursos en proyectos que enfoquen la atención en el acceso a la vivienda, empleos dignos y seguros así como servicios de salud y educación. Asimismo, conminaron a los legisladores a reenfocar en proyectos que prioricen el efecto que tiene en la comunidades el problema de violencia de género y la necesidad de proyectos y procesos de rehabilitación de personas que agreden.
El tercer emplazamiento se presentó en la Comisión Estatal de Elecciones, donde también instalaron un rótulo dirigido a los candidatos y candidatas, así como a los partidos políticos en campaña, exigiendo un compromiso puntual con la erradicación de la violencia de género desde un enfoque preventivo y propuestas para encaminar dicho compromiso. Exigieron también un compromiso de transparencia y apertura hacia las organizaciones que como la Colectiva, trabajan para erradicar dicha violencia. Según la organización, las mujeres en Puerto Rico desean conocer las propuestas de los candidatos para pasar juicio sobre las mismas. Estiman que esa discusión será central en la actual coyuntura eleccionaria.
La Colectiva Feminista en Construcción es una organización de base feminista, que se organiza contra la represión estatal y política, el desplazamiento, el empobrecimiento y otras formas de violencia. Están basadas en la comunidad de Río Piedras, donde realizan trabajo de organización y concientización. En el 2018, fueron las proponentes del Estado de Emergencia contra la violencia de género, como un ejercicio de asunción de responsabilidad para que el gobierno atendiera la situación de violencia de género en Puerto Rico.
