Las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) continuaron ayer, en el Tribunal federal en Hato Rey, con los intentos, de la defensa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y del gobierno, de desarmar el caso de los bonistas opositores, al presentar testigos que se enfrentaron a los estudios económicos alternos.
Durante el noveno día del juicio, ante la jueza federal Laura Taylor Swain, el experto en macroeconomía y crecimiento económico Simon Johnson testificó, a solicitud de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF, en inglés), sobre su evaluación de las proyecciones económicas de los peritos Sebastián Edwards y Maureen Chakraborty— contratados por los bonistas opositores.
Johnson, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien está a favor de la reestructuración de la deuda, sostuvo, sin embargo, que existe un riesgo muy real de que implementar aumentos en los costos de la electricidad superiores a los propuestos por la JSF en el PAD-AEE podría empeorar las condiciones económicas de Puerto Rico.
El experto señaló que tanto Edwards como Chakraborty subestimaron los riesgos para el futuro crecimiento económico de Puerto Rico y los desafíos que enfrenta para sostener la reciente estabilización económica.
“Es mi opinión que los análisis del profesor Edwards y la doctora Chakraborty—en los que entiendo que se basan los bonistas de la AEE para abogar por aumentos en el precio de la electricidad mayores que los que propone el Plan—no toman suficientemente en cuenta los desafíos macroeconómicos de Puerto Rico, o el probable impacto negativo significativo que podrían tener nuevos aumentos de los costos de la electricidad en la capacidad de la AEE para pagar a los acreedores y en la reciente estabilización económica de Puerto Rico”, lee la declaración jurada de Johnson.
El martes, Edwards testificó en contra del pronóstico de declive económico que presentaron los asesores de la Junta, pues aseguró que la economía del país está resurgiendo.
No obstante, ayer el testigo de la AAFAF argumentó que la economía de la isla se enfrenta a los continuos desafíos y riesgos asociados con la disminución en la población, tanto por la emigración como por la baja tasa de natalidad.
“Los precios importan. La gente responde a los precios. Si haces que sea más costoso vivir en un sitio” esto puede incidir en que emigren, reiteró el profesor.
“Cuando eres muy pobre, cada centavo y cada dólar cuenta”, añadió más adelante.
A preguntas de Stuart Steinberg, abogado del Prepa Ad Hoc Group, sobre si en los recientes años han habido señales positivas de que el panorama económico ha comenzado a estabilizarse, Johnson contestó en la afirmativa.
El licenciado abordó al profesor en cuanto a si la isla ha registrado una baja en la tasa de desempleo y un alza en la participación en el mercado laboral; Johnson afirmó ambos datos.
Asimismo, en un intento de desacreditar las opiniones del experto, Steinberg le cuestionó si había realizado estudios para probar que los aumentos en los costos de la electricidad incidirían en la demanda de la AEE y en la emigración. El testigo indicó que no.
No obstante, más adelante, en el redirecto, el economista explicó que, aunque han tenido más noticias económicas positivas en los últimos años, hay un número de factores transitorios que han incidido, como los fondos federales asignados en la pandemia de COVID-19, que ya expiraron.
“No deberíamos entusiasmarnos demasiado con las noticias positivas a corto plazo”, recalcó.
Johnson señaló que los fondos federales asignados por el gobierno federal tras los azotes de los huracanes y durante la pandemia del COVID-19 permitieron estabilizar la economía de forma que el Producto Nacional Bruto permaneció positivo.
Sobre los aumentos en las tarifas de la luz, propuestos en el PAD-AEE, el economista destacó que no se trata únicamente de los incrementos directos en la factura a las residencias, sino que los consumidores también se verán afectados por el “efecto de traspaso” a través de los precios en los negocios.
El profesor declaró que las empresas en Puerto Rico, a consecuencia del aumento en los costos de la electricidad, tendrían que decidir entre traspasar los costos a sus clientes o si absorberlos, lo que resultaría en una disminución en sus márgenes de ganancias.
También, Johnson recalcó que los costos de los comestibles, por ejemplo, ya de por sí son altos debido a la Ley Jones de 1920, que impone restricciones en el comercio y en la disponibilidad de bienes importados.
En 2016, el economista testificó ante el Congreso de los Estados Unidos en audiencias sobre los borradores de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
El experto apoya dicha legislación, debido a que opina que una reestructuración ordenada de la deuda de la isla es esencial para que mejore la economía y para frenar la emigración.
En la tarde, el doctor en Economía Andrew Wolfe, testigo experto de la JSF, fue el próximo en ser contrainterrogado. Wolfe ha fungido como asesor del gobierno desde que se jubiló, en 2014, del Fondo Monetario Internacional.
En su estudio, el experto concluyó que aumentar la tarifa combinada de la AEE a más de $0.214 por kWh (es decir, cualquier aumento superior a $0.016 por kWh a la tarifa actual) incrementaría, en gran medida, el riesgo de reducir el crecimiento económico por debajo de la cantidad mínima necesaria para lograr la sostenibilidad fiscal y el pago de la deuda.
