El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó suspender el cese al fuego con la mayor disidencia de las antiguas FARC tras asegurar que violaron el acuerdo de no agresión al atacar una comunidad indígena en el suroeste del país.
Mediante un decreto firmado el domingo y que fue enviado a un chat de periodistas, el gobierno ordena “la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”. Esta disidencia es comandada por alias Iván Mordisco.
El decreto indica que esas disidencias “han generado una situación de amenaza y vulneración de derechos y libertades” y han incumplido los principios del cese al fuego bilateral, por lo que demanda la intervención de la fuerza pública y el Estado en su conjunto.
La medida se da luego de que el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció la víspera un ataque armado que dejó al menos tres heridos, ante lo cual el presidente ya había anticipado más temprano el domingo en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que “con este hecho el EMC (Estado Mayor Central) viola acuerdo de cese al fuego”.
El hecho también se dio en momento en que las delegaciones del Gobierno y el grupo ilegal en la mesa de diálogos de paz visitaban el departamento para verificar el cumplimiento de acuerdos y escuchar a las comunidades afectadas por el conflicto.
Ambas partes habían concluido la semana pasada el cuarto ciclo de conversaciones con la firma de un protocolo que buscaba evitar precisamente choques armados.
Durante el tercer ciclo de la mesa de diálogos en enero se había prorrogado el cese al fuego bilateral por seis meses y se ratificó la suspensión de los secuestros extorsivos.
Petro dijo en X, luego de divulgarse el decreto, que el EMC del Cauca “no dio desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz” y creyó “muy equivocadamente” que la negociación era para “fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilícita”.
La víspera el Consejo Regional Indígena del Cauca difundió en sus redes sociales un comunicado en el que representantes de la nación indígena Nasa, asentada en diez departamentos colombianos, rechazaron los “asesinatos, reclutamientos forzados, amenazas en contra de los pueblos indígenas”.
Esa organización aseguró que el ataque en el Cauca dejó tres heridos, al tiempo en que exigió la liberación de un joven estudiante que, afirmó, habría sido sacado de la comunidad a la fuerza por la disidencia.
Un informe del Equipo Humanitario País, del cual es parte la agencia de las Naciones Unidas, advirtió el viernes que más de ocho millones de personas en Colombia tienen necesidades humanitarias derivadas principalmente de la expansión del conflicto armado interno, que según los expertos no se ha detenido pese a la política de paz que impulsa el gobierno izquierdista de Petro.
Según el reporte, los grupos armados al margen de la ley operan en más de 500 municipios de un total 1.101 que existen en Colombia.
