En la búsqueda de manejar la problemática latente de la salud mental, distintas organizaciones de profesionales, la academia y la ciudadanía formaron una coalición para generar y presentar un plan a corto, mediano y largo plazo para atender la crisis que vive el archipiélago.
Según comunicaron mediante declaraciones escritas, la Coalición por la Salud Mental de Puerto Rico tiene como objetivo defender los derechos de los pacientes de salud mental fortaleciendo y modernizando el sistema de atención, mediante un marco legislativo “sólido, protector y encaminado a un modelo de avanzada y basado en evidencia”. Asimismo, promover políticas públicas basadas en evidencia, la fiscalización de servicios, la educación preventiva y la publicación de informes periódicos de datos actualizados.
“La coalición exige que se hagan disponibles los informes que han sido requeridos a las compañías subcontratadas por ASES para evaluar y fiscalizar los servicios de salud mental. Estos informes deben ser accesibles al público para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”, establecieron en el comunicado de prensa, instando al Departamento de Salud (DS) a que respalde las iniciativas de la Coalición.
Además, el grupo multisectorial hizo un llamado a la aprobación de varios Proyectos del Senado, como el P. del S. 893 y el P. del S. 894, presentados desde el 2022 por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTSPR). Las medidas buscan asegurar los derechos y las condiciones laborales apropiadas de estos profesionales en Puerto Rico.
Por otro lado, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR) acompaña estas exigencias con relación a la radicación de las medidas legislativas que intentan reconocer a los Terapeutas Ocupacionales y los Asistentes de Terapia Ocupacional como Profesionales de la Salud Mental y, por consiguiente, garantizar el acceso de sus servicios a la comunidad.
Para abordar la escasez de psiquiatras ante la gran demanda en servicios, la Coalición anunció la radicación de una Resolución Conjunta en el Senado. Dicha resolución solicitará la revisión de asignación de fondos para residencias psiquiátricas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM), con el fin de crear dos plazas nuevas de residencias psiquiátricas ya aprobadas por la “Accreditation Council for Graduate Medical Education” (ACGME). Esto permitiría la retención de más psiquiatras en la Isla.
Ante la actual escasez de plazas para internados en psicología en Puerto Rico, y la poca competitividad de sus salarios en comparación con internados en los Estados Unidos, la Coalición además se propone a crear unas guías para la creación de dichos internados para que estas sean dirigidas a la atención de poblaciones vulnerables. Con dicha estructura de internados creada, se posibilitará la creación de una segunda resolución conjunta solicitando la revisión y asignación de fondos para el financiamiento de dichos internados. Además, la Coalición tiene en sus planes inmediatos promover la creación de incentivos para la retención de los diversos proveedores de salud mental.
A largo plazo, la Coalición contempla promover la centralización de datos para proyectar la información sobre las necesidades, tendencias y servicios de salud mental en Puerto Rico, lo que permitirá una planificación estratégica efectiva y actualizada. También, estarán estableciendo un plan para aumentar las plazas de internados en psicología clínica y otros asuntos que la Coalición identifique para que sean atendidos diligentemente. Para maximizar estas acciones, detallaron que es imprescindible que se establezcan más alianzas multisectoriales y que la red de apoyo sea interdisciplinaria y consistente.
“Esta acción constituye un hito en la historia de la salud pública de Puerto Rico, en momentos en que la demanda en servicios de salud mental se ha disparado a una tasa mínima de 1 en cada 4 adultos puertorriqueños con trastorno de salud mental. Para atender dicha demanda sin precedentes, existe una escasez de proveedores de salud mental al punto de tener 75 designaciones de “Health Professional Shortage Areas”, en las cuales 53 son municipios. Estas designaciones significan que no existe al menos un proveedor de salud mental por cada 6,000 habitantes, se vive bajo niveles federales de pobreza y/o el tiempo de viaje requerido no permite acceso a dichos servicios. Agravando esta situación, solo existe 1 psiquiatra por cada 3,500 personas con trastorno de salud mental, y 32 municipios no cuentan ni tan siquiera con 1 psiquiatra, entre otros datos alarmantes”, expusieron en el comunicado.
La coalición está compuesta por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la Asociación de Psiquiatría en Niños y Adolescentes, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR), la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP), los programas de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM) y de la Universidad Central del Caribe (UCC), la Universidad Albizu, la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales (SBBS) de la Ponce Health Sciences University (PHSU), el Área Clínica del Programa Graduado de Psicología de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP), el programa doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL) de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP) y la organización cívica de cambio social, Somos Más.
Desde noviembre del 2023, las entidades se reunieron para analizar el cuadro social sobre la problemática. Por su parte, aseguraron que estarán en sesión permanente hasta que se logren atender todas las soluciones identificadas, tanto en lo que resta del cuatrienio, como a partir de enero de 2025 con el próximo gobierno electo.
