La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el pasado jueves el ajuste salarial para dos categorías de posiciones de confianza de la Rama Judicial: los examinadores de pensiones alimentarias y los inspectores de protocolo.
Conforme a la misiva dirigida a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, los salarios para dichos puestos se ajustaron a $78,190 anuales, representando un aumento promedio de $13,764 para estos.
“Confiamos en que estos ajustes permitirán al Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ofrecer salarios competitivos para estos puestos, facilitando el reclutamiento efectivo y la retención del talento necesario”, reza el documento.
Este aumento salarial afectará a 57 empleados del sistema judicial que realizan tareas administrativas, como son las evaluaciones para determinar aspectos relacionados con las pensiones alimentarias o la supervisión del cumplimiento de los protocolos durante los procedimientos judiciales.
Para diciembre de 2023, la Rama Judicial contaba con 1,287 empleados de confianza, o un 28% del personal judicial, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Pese a que el sistema de tribunales le sugirió, a la Junta fiscal, utilizar los datos salariales promedio para Puerto Rico correspondientes a jueces, adjudicadores y funcionarios de audiencias de derecho administrativo para designar el ajuste salarial, el ente federal optó por no seguir esta recomendación.
“Si bien la Junta de Supervisión reconoce la utilidad de los datos salariales del Negociado de Estadísticas del Trabajo [...], la Junta no se basa en los salarios anuales promedio o medios, debido a la posible influencia de valores atípicos o extremos en las cifras promedio”, establece la carta.
Según los datos del Negociado de Estadísticas del Trabajo, el salario anual promedio o medio de los jueces, adjudicadores y funcionarios de audiencias de derecho administrativo es de $81,020 a mayo de 2022.
En cambio, el organismo federal utilizó los valores medios (percentil 50) obtenidos de bases de datos de encuestas salariales para el proceso de referencia salarial.
Estos ajustes salariales se aplicarán con efecto retroactivo a partir del 1 de julio de 2023- el inicio del año fiscal actual- lo que significa que se calcularán desde esa fecha, aunque hayan sido aprobados posteriormente.
