La Santa Sede informó el sábado que protestó formalmente ante Francia después que un tribunal francés dictaminara que un exfuncionario de alto nivel del Vaticano era responsable de la expulsión injustificada de una monja de una orden religiosa.
El tribunal de Lorient falló el 3 de abril a favor de la monja Sabine de la Valette, conocida en ese momento como Madre Marie Ferréol. El tribunal emitió una mordaz denuncia del reservado proceso que usó el Vaticano para expulsarla de la orden de las Dominicas del Espíritu Santo, tras una investigación interna.
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El caso resulta inusual porque representa a un tribunal secular civil que determinó esencialmente que los procedimientos canónicos internos del Vaticano violaron flagrantemente los derechos fundamentales de la monja.
En un comunicado emitido el sábado, el Vaticano indicó que había protestado formalmente ante la embajada francesa por no haber recibido ninguna notificación de tal veredicto, pero que, no obstante, el fallo representa una “grave violación” del derecho a la libertad religiosa.
El Vaticano confirmó que el papa Francisco había encargado al cardenal Marc Ouellet, entonces jefe de la oficina episcopal del Vaticano, realizar una investigación que terminó con la adopción por parte de la Santa Sede de una serie de medidas canónicas contra Valette, incluida su expulsión en 2020, después de 34 años como monja en la orden.
El comunicado también citó posibles problemas diplomáticos en relación con el veredicto civil contra Ouellet, dada su inmunidad como cardenal y funcionario de un gobierno extranjero. La Santa Sede es reconocida internacionalmente como un Estado soberano.
La abogada de la antigua monja, Adeline le Gouvello de la Porte, dijo que el tribunal encontró que la pesquisa canónica del Vaticano violó varios de los derechos fundamentales de la mujer, entre ellos, el derecho a la defensa. Agregó que a ella nunca le informaron de qué estaba acusada o por qué la expulsaban de la orden.
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Gouvello de la Porte afirmó que el tribunal mostró “sorpresa” de que Ouellet no se hubiera desvinculado del caso. El tribunal encontró que Ouellet mantenía una amistad con otra hermana de la comunidad “cuyas posturas eran notoriamente opuestas a las de la señora Baudin de la Valette”, subrayó la abogada.
El tribunal de Lorient consideró que la expulsión de la monja carecía de fundamento y ordenó a Ouellet, a la orden religiosa y a los dos enviados del Vaticano que realizaron la investigación pagar más de 200.000 euros (213.000 dólares) en daños materiales y morales, así como multas.
Los acusados están apelando, dijo La Croix, según el diario católico francés La Croix.
El Vaticano lleva a cabo frecuentemente este tipo de pesquisas internas sobre órdenes o diócesis religiosas, que pueden ser provocadas por quejas de mala gestión financiera, abusos sexuales o de otro tipo, o problemas de gobernanza. Considera que las medidas que adopta son exclusivamente internas a la vida de la Iglesia católica.
Como resultado, la decisión del tribunal de Lorient representó una intrusión inusual de la justicia secular en asuntos internos de la Iglesia. La sentencia deja ver cómo los procedimientos canónicos frecuentemente van en contra de los conceptos seculares contemporáneos sobre el derecho a la defensa y un procedimiento judicial justo y contencioso.
Y sin embargo, el sistema de justicia francés parece cada vez más dispuesto a llevar incluso a funcionarios eclesiásticos de alto rango ante los tribunales seculares, mucho más que la vecina Italia, y especialmente en relación con acusaciones relacionadas con la conducta sexual inapropiada y el encubrimiento del clero.
En 2020, por ejemplo, un tribunal de apelaciones francés desestimó un fallo de un tribunal inferior que había condenado al cardenal Philippe Barbarin por encubrir el abuso sexual de menores de su rebaño.
Ese mismo año, un tribunal de París condenó a un embajador retirado del Vaticano en Francia por agredir sexualmente a cinco hombres en 2018 y 2019, y le impuso una sentencia suspendida de ocho meses de prisión. El Vaticano había levantado la inmunidad del embajador, monseñor Luigi Ventura, permitiendo que el juicio continuara.
