Durante la noche del martes, agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la división de Arrestos y Extradiciones, arrestaron a un hombre contra el cual pesaba una orden de arresto con una fianza de $200 mil, expedida por la jueza Iraida Rodríguez.
De acuerdo al reporte policial, Jorge M. Cedano Guerrero, conocido como “El George” y de 31 años, fue detenido en la urbanización Puerto Nuevo en San Juan por maltrato a personas de edad avanzada y amenaza.
Esto por hechos ocurridos el pasado 8 de abril de 2024, en la dicha urbanización, donde alegadamente el hombre agredió a su madre y le profirió palabras soeces. Además, le ocasionó daños a un televisor y mesa de comedor, valorados en $1,500.
El arrestado fue llevado ante la jueza Brenda Salas, quien ordenó su ingreso en la cárcel de Bayamón luego de no prestar la fianza impuesta.
El agente Miguel Brenes bajo la supervisión del sargento Israel Adame Ha, adscritos a la división de Arrestos y Extradiciones, estuvieron a cargo del arresto.
Encuentran culpable a enfermera y dueña de hogar por negligencia
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó el martes que la enfermera, dueña y administradora del Hogar Huellas Corp., Zulma Morales Sierra, fue encontrada culpable de negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados.
“La convicta en este caso se aprovechó de la vulnerabilidad de toda una familia, poniendo en gran riesgo a dos personas que requerían unos cuidados especiales. El Departamento de Justicia siempre defenderá con gran fervor los derechos de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. Con este fallo se hizo justicia a las víctimas y a su familia”, expresó el secretario de Justicia en declaraciones escritas.
Tras escuchar la prueba presentada por las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia (MFCU, por sus siglas en inglés, la jueza Sylkia Carballo Nogueras emitió su dictamen en la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.
El Departamento de Justicia demostró que Morales Sierra, obrando con negligencia y teniendo la obligación que le impone la ley de prestar servicios de cuidado, puso en riesgo la vida y la salud de las hermanas KCR y MCR, ambas adultas con impedimento, durante el tiempo de siete meses que residieron en el Hogar antes mencionado.
En ese entonces, la hoy convicta realizó una falsa representación y engaño, dando a entender que era tenedora de una dispensa y autorización del Departamento de la Familia para recibir en su hogar a las dos adultas con impedimentos. Con esta representación falsa logró la confianza de los padres de KCR y MCR y, de esta forma, obtuvo el pago de $18,900.00 por unos servicios de cuidado para sus hijas que nunca prestó.
La prueba también demostró que estos hechos redundaron en actos de maltrato hacia los padres de las dos adultas: José Cintrón y Josefina Rubert, causando así daño a su salud, bienestar y bienes. La convicta era la enfermera, directora y dueña del mencionado hogar, mas no ofreció los servicios de salud y bienestar necesarios a las adultas. Tampoco ofreció a los padres información en cuanto eventos de salud, nueva medicación y tratamiento, privándolos de conocer las circunstancias en que se encontraban sus hijas en dicho Hogar bajo la idea que se encontraban bien.
Las fiscales presentaron alrededor de 29 testigos, 33 piezas de evidencia, prueba pericial y documental para demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad de la hoy convicta. La vista de sentencia fue señalada para el 22 de mayo en la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Estas lideraron la investigación junto a la agente investigadora de MFCU, Loraine Hernandez Rodriguez.
Además, el titular de Justicia destacó la labor de las fiscales y agentes de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, la cual se especializa en atender este tipo de casos y es dirigida por el fiscal Luis Freire Borges.
“Reconozco la encomiable labor de las fiscales y los agentes de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid que trabajaron proceso”, añadió el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
“El Ministerio Público ha desplegado todo su esfuerzo en dar voz a una población invisibilizada y estigmatizada. Con el desfile de prueba documental y testifical logramos probar más allá de duda razonable un claro patrón de maltrato y negligencia detrás de la cortina de la pandemia. Hoy se hizo justicia a las víctimas de este caso”, expresó la fiscal, Janice Maymí Camacho.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de 980,092 dólares para el año fiscal federal 2023-2024. El 25 por ciento restante, que totaliza 326,693.79 dólares para el año fiscal 2023-2024, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
