Del CPI.
Dos semanas antes de que el gobernador Pedro Pierluisi creara mediante una orden ejecutiva la Iniciativa para la Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE), ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) había otorgado un contrato de consultoría legal y evaluaba una propuesta de servicios que sobrepasaba los $5 millones por servicios profesionales para trabajar en el plan que otorgaría mayor autonomía a las Oficinas Regionales Educativas en la toma de decisiones.
Tan pronto como el 2 de mayo de 2023 la OGP contrató por $70,000 a Consultora Legal PSC para “la identificación de consideraciones legales críticas para la descentralización” del DE. Tres semanas más tarde, contrató por $5.2 millones a la empresa foránea IOTA Impact Company Inc., que estableció unas guías de trabajo para la creación de Agencias Educativas Locales (LEA por sus siglas en inglés) para sustituir las Oficinas Regionales Educativas del DE.
Mientras llovían los millones en la contratación de servicios de asesoría externa, a las mesas de trabajo convocadas para el proyecto educativo se unieron desde el año pasado de manera voluntaria prestigiosos académicos y expertos del País de distintas disciplinas con el ánimo de contribuir a la despolitización de la agencia, un mal que por años ha impactado el DE que tiene un presupuesto de $31,022 millones.
Pero esta semana renunciaron en bloque al menos nueve de ellos tras denunciar la politización de los comités de trabajo y que el proceso se convirtió en uno carente de transparencia y de participación, especialmente tras la llegada de la secretaria de Educación, Yanira Raíces.
Un portavoz de Educación federal dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “desde que iniciamos nuestro trabajo, la participación comunitaria siempre ha sido un pilar necesario y clave para la descentralización del sistema educativo de Puerto Rico. Estamos decepcionados por las salidas de varios miembros del comité IDEAR y agradecemos las preocupaciones que han planteado. Instamos al Departamento de Educación de Puerto Rico a garantizar que el proceso de descentralización realmente coloque las necesidades de la comunidad al frente de este importante esfuerzo y que las voces correctas estén en la mesa”.
El gobernador Pierluisi aseguró que la contratación de IOTA fue una recomendación del Gobierno federal y aseguró que “ellos [la empresa] tienen experiencia en otras jurisdicciones”.
La Iniciativa para la Descentralización Educativa y Autonomía Regional es sufragada con fondos federales, y el Gobierno de Puerto Rico no tiene injerencia en los contratos de IOTA o Consultora Legal, aseguró por su parte la portavoz de prensa de la OGP, Wilmelis Márquez. El Departamento de Educación federal no aclaró quién ordenó la contratación de las compañías.
Los miembros de la academia y el tercer sector que abandonaron la iniciativa esta semana solicitaron que se paralice el proceso de descentralización actual de IDEAR y se desista de establecer el primer LEA en agosto. No obstante, el Gobernador descartó esa recomendación.
“Los trabajos continúan y no habrá retraso en el plan establecido. La meta es que al menos una región educativa local (LEA) comience a operar en agosto”, insistió Pierluisi.
El Gobernador minimizó las renuncias en declaraciones escritas. “La realidad es que estamos bien encaminados y lo que queremos es que a nivel regional tengamos entidades educativas con acceso directo a fondos federales, con divisiones de recursos humanos, de compras, de asuntos legales para atender sus necesidades”, sostuvo Pierluisi.
Los proyectos piloto comenzaron ya en tres zonas que comprenden las escuelas de los municipios de Utuado, Orocovis, Yauco, Guayanilla, Guánica, Mayagüez, Añasco y Hormigueros. También se escogieron superintendentes para tres zonas piloto y se conformaron los Consejos Asesores Locales (CAL).
El DE busca descentralizar pero con decisiones unilaterales
Entre los expertos que renunciaron están José Caraballo Cueto, economista e investigador, quien ha formado parte del Observatorio de Educación Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR); la decana de la Escuela de Derecho de la UPR Vivian Neptune; Eileen Segarra, catedrática de la UPR y directora del Observatorio de Educación Pública de la UPR; Angeles Acosta, sicóloga clínica y profesora adjunta en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR; Janice Petrovich, consultora de fundaciones y organizaciones no gubernamentales y que fue directora de trabajo global en el campo de la educación de la Fundación Ford; Yolanda Cordero, catedrática de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR y parte del Observatorio de Educación Pública de la UPR; la abogada Cecille Blondet, directora de Espacios Abiertos, una organización que promueve la participación ciudadana; el abogado Enrique R. Colón Bacó, experto en temas de educación del equipo de Espacios Abiertos; y Enery López, de la Liga de la Ciudades, una entidad que busca unir a los gobiernos locales en un esfuerzo no partidista.
Más que a la contratación externa, la renuncia del grupo de expertos a su participación en IDEAR está vinculada a su convencimiento de que la prometida despolitización del Departamento y la propuesta descentralización de la agencia ya no forma parte de las discusiones en las mesas de trabajo conformadas para el proceso que inició en 2023, según denunciaron.
En agosto de 2023, Chris Soto, asesor senior del secretario de Educación federal, Miguel Cardona, había explicado al CPI los objetivos de este plan que impulsaron en el Departamento de Educación de Puerto Rico. “Una parte importante del plan [de descentralización] es cómo los superintendentes son escogidos. Que no sean elegidos por su partido político. Vamos a hablar claro, eso es lo que la gente dice. Y esto no pasa en otras jurisdicciones. Así que de lo que hablamos en el plan es sobre establecer un proceso en el cual los superintendentes son elegidos por su mérito. Hay requisitos. De igual forma con los directores. Vamos a determinar cuál es el proceso, para que no sea una decisión política, sino que el director tenga la experiencia para gestionar su escuela”, dijo Soto.
Pero la realidad fue que mientras se hablaba de despolitización, más funcionarios de confianza eran colocados por la secretaria Raíces en los grupos de trabajo, liderados por el director de IDEAR, Roger Iglesias, hijo del exsenador del PNP que lleva su mismo nombre. Esto provocó “un forcejeo constante” entre quienes creen en la democratización de la educación dentro de los comités y el “establishment” del DE, supo el CPI en conversaciones con personas relacionadas al proceso.
Una de las acciones del DE que más molestó a miembros de IDEAR fue que el reglamento enviado por la Secretaria de Educación a la Legislatura echaba hacia atrás mucho de lo establecido en los grupos de trabajo. El reglamento tiene el propósito de establecer las funciones y procesos y trámites, que actualmente se realizan a nivel central, pero que serían delegados a las Oficinas Regionales Educativas.
El documento enviado a la Asamblea Legislativa perpetuaba la centralización del poder en la figura de la Secretaria de Educación y no incorporó sugerencias esenciales presentadas en las mesas de trabajo de IDEAR para incluir la participación de los superintendentes y los CAL en normativas del DE, la transparencia y permitir procesos participativos en la definición de presupuesto de las escuelas, entre otras propuestas.
Las mesas de trabajo en IDEAR se convirtieron más bien en “espacios de manejo de información unidireccionales donde el DE consulta y no responde a los pedidos de información de los miembros”. Así lo denunciaron nueve miembros de los comités de implementación, quienes el 15 de abril presentaron una carta de renuncia colectiva para desvincularse del proceso inconformes con que las decisiones se sigan tomando desde el nivel central.
Las determinaciones, dijeron, se toman de manera apresurada y sin métricas claras sobre cómo se evaluará el éxito de los proyectos piloto en tres regiones escolares para establecer las primeras LEA.
Otro de los asuntos que mayor controversia creó fue el acordar una fórmula para establecer el presupuesto por alumno (conocido como la fórmula “per pupil”) porque, entre otras razones, los economistas que usó el DE para establecerla no formaban parte de IDEAR ni estaban relacionados a la comunidad escolar.
Inundaron los comités de funcionarios leales al PNP
El pasado año, Iglesias fue designado como director de la iniciativa y se formaron ocho equipos para atender las áreas de educación especial, recursos humanos, reconstrucción, operación de las Agencias Educativas Locales, gobernanza, proceso de compras, gestión académica y finanzas. Unas 162 personas conformaron estos ocho grupos de implementación.
Los trabajos en los grupos se vieron afectados por “constantes cambios de fechas y horas a último minuto” y la “inclusión constante en cada reunión de nuevos representantes del DE sin divulgar puestos o roles”, limitando la participación de forma efectiva, según expuso la misiva de los renunciantes.
De los 93 puestos de confianza que tiene la Secretaria de Educación, al menos 14 están en alguno de los ocho comités de IDEAR. Incluso, cinco de estos empleados pertenecen a dos y hasta tres de mesas de trabajo. Por ejemplo, en el Comité de las LEA, hay cuatro empleados de confianza de la agencia junto a otros tres funcionarios de administración del DE.
El equipo LEA es liderado por el ayudante especial de la secretaria Yanira Raíces, Raúl Colón Torres, quien devenga un salario mensual de $9,599. Fue superintendente interino en la región de Bayamón, así como director de Gerencia Escolar. También forma parte de ese grupo la secretaria de Planificación y Rendimiento del DE, Lydiana López, quien devenga un sueldo mensual de $6,821.
Otro de la plantilla de confianza en este comité es el director de la oficina regional educativa de Ponce, Roberto J. Rodríguez Santiago, con un salario de $8,050 al mes. El funcionario es comisionado electoral por el PNP en Ponce. Asimismo, Ángel Tardy Montalvo, ayudante especial de la Secretaria y empleado de la Unidad de Servicios al Estudiante, Padres y la Comunidad de Educación Especial, cobrando $6,250 al mes, integra el equipo. La decana de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, Neptune; y la doctora en Educación y filántropa, Petrovich, esta semana desistieron de continuar en este comité.
Mientras que López, de la Liga de Ciudades, renunció al Comité de Gobernanza, un equipo dirigido por Luis A. Orengo Morales, ayudante especial de la Secretaria y donante del Gobernador y el PNP. También fungió como director interino por la región de San Juan en 2017 de donde fue removido tras el huracán María por sus ejecutorias y por el cierre prolongado de escuelas que no habían sufrido serios daños. También fue superintendente auxiliar en Guaynabo.
En el equipo que busca descentralizar los procesos de compra renunció el economista y director del Centro de Información Censal de la UPR en Cayey, Caraballo Cueto. Este grupo es dirigido por la directora de la Oficina de Compras del DE, Norma J. Rolón Barada, una funcionaria que se ha mantenido frente a la Oficina de Compras durante administraciones novoprogresistas y populares. En esta mesa de trabajo hay otros tres empleados de confianza de Raíces: Duhamel Adames Rodríguez, Jullymar Octavianni y Wanda E. Muñoz Valle. Adames Rodríguez es superintendente regional, Octavianni es subsecretaria de Administración cobrando $10,884 al mes, y Muñoz Valle es ayudante del subsecretario Luis R. González Rosario, quien también dirige una de las mesas de trabajo de IDEAR.
El Comité de Recursos Humanos es liderado por Jimmy Cabán, donante de Pierluisi y otras figuras del PNP quien cobra un salario mensual de confianza de $9,142 como secretario auxiliar y tiene a cargo el programa de la Carrera Magisterial. La Universidad de Puerto Rico no le otorgó un certificado profesional, luego que se detectara plagio en un proyecto. Además, trabajó en destaque en el año 2000 con el voto adelantado en la Comisión Estatal de Elecciones. En este grupo, en el que se repiten como miembros Adames Rodríguez y Octavianni, renunció la catedrática de la UPR, Cordero.
En el Comité de Finanzas desistieron de participar Caraballo Cueto y la catedrática y directora del Observatorio de Educación, Segarra. Este grupo lo lidera María Lizardi, donante de Pierluisi y exsecretaria auxiliar de Recursos Humanos bajo la administración de la convicta exsecretaria Julia Keleher. Octavianni también está en esta mesa de trabajo junto a otro empleado de confianza, el superintendente de la región de San Juan, Jorge A. Santiago Ramos.
La subsecretaria auxiliar para Asuntos Académicos y Programáticos, Beverly Morro, quien se mencionó en 2023 como posible Secretaria de Educación, también dirige una de las mesas de trabajo de IDEAR. Ha sido donante del PNP y del comité del gobernador Pierluisi. El subsecretario asociado, Luis González Rosario, quien es ingeniero, dirige la mesa relacionada con la planta física de las escuelas. Su llegada al DE en verano de 2022 desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas se dijo que fue impuesta por La Fortaleza aunque el entonces secretario de Educación Eliezer Ramos Parés lo negó. Ha sido donante frecuente del PNP, del comité de Pierluisi y del representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló.
El Gobernador ignora las recomendaciones de los expertos que convocó
Señalamientos similares a los hechos por los expertos renunciantes fueron cursados a Iglesias tan temprano como el 11 de diciembre en una carta firmada por tres miembros de los Consejos Asesores Locales (CAL). En esa misiva plantearon, por ejemplo, que solo tuvieron cinco días para leer los ensayos de los candidatos a superintendentes de su área antes de enviar una recomendación a la Secretaria. Esto a pesar de que como explicó Soto, el ayudante del secretario de Educación federal, la selección participativa, descentralizada y despolitizada de los superintendentes regionales se supone es parte esencial de este proyecto promovido por Educación federal.
A los Consejos Escolares tampoco se les explicaron los criterios ni metodologías de evaluación de los proyectos pilotos, advirtieron.
“Los [proyectos] piloto parecen procesos estandarizados sin flexibilidad regional, que respondan a las necesidades de cada región”, afirmaron Eduardo Lugo Hernández, del componente académico del CAL del oeste; Helga Maldonado Domínguez y Gerardo Medina Rivera, ambos del componente de familias del CAL del sur.
Como ejemplo del trabajo unidireccional que quiere imponer el DE, Medina Rivera, cuya hija estudia en una escuela de Yauco, mencionó que solicitó en una reunión del consejo en febrero visitar las escuelas de toda la región sur porque “al estar con otros padres me doy cuenta que estoy un poco enajenado con lo que pasa con otras escuelas de la región” y que solo tenía conocimiento de lo que pasaba “en la escuela donde está mi hija”. Sin embargo, su petición fue denegada después que fue llevada a nivel central por la representante de IDEAR en el consejo, Nidia Estrada. La explicación que se le dio fue que solo la superintendente del piloto, Anita Orengo, “es la que puede visitar y nos deja saber qué está pasando en las escuelas en las reuniones mensuales”.
Maldonado Domínguez, por su parte, renunció a continuar en el proyecto. Su vacante fue ocupada brevemente por Mayra L. Acosta Muñiz. “Entro al CAL por solicitud del licenciado [exsecretario del DE] Eliezer Ramos Parés”, dijo Acosta Muñiz. “Tengo un hijo de Educación Especial de 30 años de edad que sigue activo en el DE. Cuando aparece la vacante, entro, pero solo estuve una semana porque desde el primer día dije que no quería ser un sello de goma”. El 23 de marzo envió su renuncia a Iglesias.
“Entré escéptico al proceso, pero con la intención de fiscalizar el proceso y de alguna manera provocar que ellos supieran que hay gente que los está mirando. Pero la idea de que iba a despolitizar…, estamos peleando contra un monstruo muy grande, ahora en las reuniones decir esa palabra es como decir una mala palabra”, dijo Medina Rivera.
“Para nosotros ha quedado claro que nuestra participación en este momento es simbólica y no le haríamos ningún servicio a la educación si nos convertimos en ‘sellos de goma’ en la medida que el proceso se ha desvirtuado de su objetivo inicial”, afirmó el grupo de educadores y asesores que se retiró de la iniciativa.
Los contratos
A Consultora Legal, presidida por Alberto C. Rodríguez Pérez, también se le contrató para identificar “la necesidad de nueva reglamentación, normativas y guías, o enmiendas a las mismas, para lograr un enfoque de descentralización”. La vicepresidenta de esta firma, María Vázquez Graziani, es una frecuente donante del comité de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, a quien este año ya le ha donado $6,200. Tanto esta abogada como Rodríguez Pérez también han hecho donaciones al PNP y a varios de sus candidatos.
IOTA Impact, incorporada en 2017 en Delaware y con oficinas en Nueva York, se registró en Puerto Rico en marzo de 2023 y el 8 de abril de ese año presentó su propuesta al Gobierno de Puerto Rico para la transformación del sistema de educación. Su experiencia en el sector educativo, según se desprende de la propuesta de servicios presentada a la OGP, es en Colombia. Según dice la compañía, allí desarrolló un plan estratégico para la descentralización de siete institutos vocacionales del Ministerio de Educación Nacional y diseñó la reestructuración organizacional de Colciencias, un organismo público para promover el desarrollo científico. Otros trabajos de IOTA se concentran en colegios privados colombianos.
IOTA es una compañía de estudios de mercadeo y realización de encuestas de opinión pública, según varios directorios de empresas consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y según se describe la misma empresa en su página web y en sus propuestas de servicios. En su página de Facebook, promueve su trabajo en Puerto Rico como un “caso de éxito” en el que “implementamos apoyo en uno de los 10 sistemas de educación más grandes de Estados Unidos con 45 mil empleados y 250 mil estudiantes”.
En la presentación de su trabajo en Puerto Rico en la red social, hace una exhortación que dice: “¡Contáctanos ahora y descubre cómo podemos trabajar juntos para impulsar el éxito de tu negocio con soluciones nuevas y resultados tangibles!”.
El 27 de septiembre, el contrato de la corporación fue enmendado para extender su vigencia y aumentarlo a $9.7 millones. La enmienda se dio luego que IOTA presentara una propuesta el 19 de septiembre detallando una guía de tiempo para implementar los seis pilares de transformación identificados en el primer informe del Comité Ejecutivo de IDEAR. Una segunda enmienda fue firmada el 26 de enero de 2024 para extender su vigencia hasta el 31 de diciembre. Los servicios se facturan entre $400 y $115 la hora.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la historia original AQUÍ.
