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Senado investiga posible desplazamiento en la Villa Pesquera en Río Grande

Líderes comunitarios alegan que el municipio busca apropiarse completamente del lugar, luego de ser aliados por más de 50 años

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico celebró hoy, martes, una vista pública para realizar una investigación sobre el posible desplazamiento por parte de la administración del Municipio de Río Grande y la Villa Pesquera a las orillas del río Espíritu Santo ubicada en el mencionado municipio.

Según la ponencia presentada por la Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande (Asociación), la villa pesquera se encuentra en las orillas del río Espíritu Santo, el único río navegable de Puerto Rico. El establecimiento de la villa pesquera se llevó a cabo en el año 1972, y desde entonces había existido un acuerdo cordial entre el ente gubernamental y la Asociación. Sin embargo, el pasado año, el funcionario municipal Antonio Rosa le hizo llegar una ordenanza pública a la Asociación para proponer un alquiler del área aledaña al río.

“Somos una comunidad pesquera que ha logrado gestionar la construcción de nuestro centro de trabajo. Además, nuestra villa pesquera es un parque que brinda acceso a todo Puerto Rico a la magia del río Espíritu Santo”, resaltaron los representantes de la asociación.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Pescadores Comerciales de Río Grande, Inc., Santiago Hernández Pizarro, enfatizó que “la ordenanza del Municipio es para autoproclamarse dueño de la villa y así pretender apropiarse de ella, fue aprobada el 22 de mayo de 2023 a espaldas de la Asociación y del pueblo de Río Grande. Nos enteramos de la existencia de la ordenanza y del reglamento aprobado por el Municipio al amparo de ella, cuando el señor Antonio Rosa nos llevó copia en su lamentable visita del 9 de junio de 2023″.

Actualmente, la Asociación de Pescadores cuenta con una serie de evidencias del traspaso del terreno ubicado en el barrio Herreras de Río Grande con fecha del 14 de enero de 1982. También, mencionó que, aunque los pescadores tienen estos permisos, que los catalogan como los dueños del lugar, la ordenanza municipal establece lo contrario, y aunque han tratado de hablar con el alcalde de Río Grande, Ángel González, no han recibido respuestas. Esta situación provoca una gran preocupación entre los pescadores por la posible pérdida de fondos federales, asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de la comunidad de pescadores que se han afectado por los recientes eventos climáticos.

“Hemos tratado de buscar un diálogo directamente con el alcalde para entender por qué ha tratado de apropiarse de nuestra villa, pero no lo hemos logrado”, añadió, durante la lectura de la ponencia, Hernández Pizarro.

En cuanto a la calidad del agua, la ponencia presentada por los Respondedores en Situaciones de Emergencia y Rescate a través del uso de Drones (RESURGE) señala que, debido a la insuficiencia de datos, la calidad de las aguas de la cuenca no está definida. No obstante, la página web del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) indica que, según estudios realizados por la Oficina Estatal de la Junta de Calidad Ambiental, el 92 por ciento de los tramos de la corriente estudiados superan los estándares establecidos para bacterias fecales y nutrientes.

A preguntas del senador José Vargas Vido sobre el trabajo realizado hasta el momento en la villa pesquera de Río Grande, los representantes de RESURGE indicaron que han enfocado sus esfuerzos en la parte educativa debido a la falta de fondos para implantar otras mejoras, como una estación de monitoreo de la corriente del río.

El presidente de la comisión aseguró que continuará el seguimiento adecuado a la situación y agendará una inspección ocular en el lugar, así como mesas de trabajo comunitarias para abordar las preocupaciones planteadas.

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