CHICAGO (AP) — Mientras el presidente Joe Biden y Donald Trump intensifican su campaña en los estados indecisos, una batalla más silenciosa tiene lugar a la sombra de su revancha por la Casa Blanca.
El Comité Nacional Republicano (CNR), recién reconstituido a instancias de Trump, ha presentado demandas relacionadas con las elecciones en casi la mitad de los estados del país. Las recientes demandas sobre el mantenimiento del padrón electoral en Michigan y Nevada forman parte de una estrategia más amplia dirigida contra diversos aspectos de la votación y la administración electoral.
No es una estrategia nueva. Pero con los recientes cambios internos en el CNR y la creciente presión del expresidente, se prevé que las maniobras jurídicas desempeñen un papel cada vez más significativo para el partido a medida que se acerque la jornada electoral de noviembre. Las demandas legales son útiles para los mensajes de campaña, la recaudación de fondos y para sembrar dudas sobre la validez de las elecciones.
Danielle Alvarez, una asesora sénior del CNR y de la campaña de Trump, dijo que las demandas son una de las principales prioridades de este año para el Comité.
“Esto es algo que es muy importante para el presidente Trump”, indicó. “Ha dicho que esto es algo que el CNR debe hacer durante todo el año”.
Demócratas y expertos jurídicos alertan sobre cómo las demandas podrían sobrecargar a los funcionarios electorales y mermar la confianza de los votantes en los resultados de las votaciones.
El Comité Nacional Demócrata tiene una estrategia legal propia, y está construyendo “una robusta operación de protección de los votantes, invirtiendo decenas de millones de dólares” para contrarrestar las iniciativas del Partido Republicano que buscan restringir el acceso a las urnas, afirmó el portavoz Alex Floyd.
“El CNR está desplegando activamente un ejército de abogados para dificultar el recuento de los votos de los estadounidenses”, detalló Floyd.
Los litigios electorales se dispararon tras las elecciones de 2020, cuando Trump y sus aliados impugnaron sin éxito su derrota frente a Biden en decenas de demandas.
Ese año, los expertos se preguntaron si el bombardeo de acciones legales era una anomalía causada por las falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas y por los cambios en los procesos de votación debido a la pandemia de COVID-19, dijo Miriam Seifter, abogada de la Iniciativa Estatal de Investigación de la Democracia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.
Pero se dieron cuenta rápidamente de que no era así, ya que las elecciones legislativas de 2022 también generaron un elevado número de demandas relacionadas con el tema electoral. Se prevé que este año sea similar, afirmó Seifter.
“Los litigios parecen ser ahora un elemento fijo de las estrategias políticas y electorales de cada partido”, añadió.
Las normas de identificación de los votantes, los votos por correo y el cuidado de las listas de votantes son algunos de los objetivos de los litigios del CNR. La última es una demanda presentada este mes en la que se alega que Michigan no ha mantenido actualizados sus padrones electorales.
Los funcionarios electorales se encargan de mantener actualizados los padrones para comprobar si hay defunciones, cambios en los registros de vehículos o devoluciones repetidas del correo electoral. Michigan se sirve además de ERIC, un pacto interestatal de intercambio de datos que ayuda a los estados a actualizar las listas de votantes, pero que ha sido objeto de teorías conspirativas.
Los que se oponen a la demanda han dicho que se basa en datos erróneos y sin fundamento, y que corre el riesgo de eliminar a votantes legítimos.
“Afirman que hay un problema porque unos datos no coinciden con otros”, dijo Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola. “Pero los datos que intentan hacer coincidir no miden lo mismo. Es como decir: ‘Acabo de mirar el reloj y es diferente de la temperatura de mi termómetro’”.
No se trata de una táctica nueva, señaló Caren Short, directora jurídica y de investigación de la Liga de Mujeres Votantes, que ha solicitado intervenir en la demanda de Michigan. Según ella, la mayoría de las demandas anteriores procedían de “grupos más periféricos” y no directamente del CNR.
“Ver ahora a un partido político prominente tratando de purgar a la gente de los padrones electorales es muy preocupante”, dijo.
En los últimos cuatro años, el padrón electoral de Michigan ha sido objeto de tres demandas similares que no prosperaron. Pocos días después de entablar la demanda de Michigan, el CNR presentó una similar en Nevada.
Un tribunal federal de apelaciones se pronunció a favor del CNR en una demanda interpuesta en Pensilvania en la que se cuestionaba si los funcionarios debían incluir en el recuento papeletas de voto por correo incorrectamente fechadas. Una demanda en Wisconsin se centra en los procedimientos de voto por correo y los buzones para boletas. Otra demanda del CNR en Arizona pretende invalidar o ajustar el manual electoral de 200 páginas del estado, mientras que en Mississippi se pretende impedir el recuento de las papeletas de voto por correo si llevan matasellos del día de las elecciones pero se reciben días después.
Otros grupos han interpuesto recientemente demandas similares, incluida una contra la Junta Electoral del Estado de Maryland, alegando que el sistema de votación del estado no cumple la legislación federal y estatal.
Marly Hornik, directora general de United Sovereign Americans, uno de los grupos promotores de la demanda de Maryland, dijo que este año se prevén más demandas en otros estados. En su página web, United Sovereign Americans, que según Hornik se formó el verano pasado, declaró que tiene previsto presentar demandas en 23 estados.
El Partido Republicano y grupos afiliados están implicados en docenas de otros casos y hay más en camino, han dicho los funcionarios del CNR. En este ciclo electoral, el equipo legal del CNR ha estado implicado en más de 80 demandas en 23 estados, dijo Álvarez, la portavoz del CNR.
También dijo que parte de la razón de la ráfaga de demandas fue la revocación, en 2018, de un decreto federal que había limitado drásticamente la posibilidad de que el CNR impugnara la verificación de los votantes y otras medidas de “seguridad de las boletas electorales.”
En una entrevista este mes con Fox News, el presidente del CNR, Michael Whatley, enfatizó los planes del partido para priorizar los litigios relacionados con las elecciones. Dijo que el CNR está reclutando y formando a decenas de miles de observadores electorales y trabajando con miles de abogados.
El CNR anunció el viernes su intención de formar a observadores y trabajadores electorales, así como a abogados, y enviar a más de 100.000 abogados y voluntarios para supervisar el recuento de votos en los estados más disputados en noviembre.
Dar prioridad a los litigios electorales también se refleja en los recientes cambios dentro del CNR desde que Whatley y Lara Trump, nuera del expresidente, tomaron el control y remodelaron la organización con un enfoque en la “integridad electoral”. El CNR tiene ahora “directores de integridad electoral” en 13 estados.
Christina Bobb, que ha impulsado las falsas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020 y formó parte de una trama de falsos electores promovida por Trump, fue designada para dirigir el departamento.
“Uno de nuestros mayores cambios del ciclo pasado a este ciclo fue hacer del departamento de integridad electoral su propio departamento con su presupuesto y enfoque dedicados”, dijo Álvarez.
Rick Hasen, experto en derecho electoral y profesor de la Universidad de California, campus Los Ángeles, dijo que la mayoría de las demandas tienen pocas probabilidades de ganar en los tribunales, pero “sirven como base para la recaudación de fondos y están tratando de mantener este tema en primer plano como un tema de campaña”.
Grupos demócratas y expertos jurídicos dijeron que las demandas podrían allanar el camino para falsas narrativas que cuestionen la validez de las elecciones de 2024, además de consumir tiempo y personal en las oficinas electorales de todo el país. Las demandas posteriores a las elecciones también podrían retrasar u obstruir la certificación de los resultados.
“Me preocupan estas demandas que no están diseñadas para aclarar las reglas, sino para sentar las bases para falsas afirmaciones de que una elección que su bando perdió fue robada o amañada”, expuso David Becker, fundador y director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research, que asesora a funcionarios electorales locales en todo el país. “Lo vimos en 2020. Lo vimos en 2022. Y estamos empezando a ver cómo la duda se vuelve a sembrar en las mentes de los electores otra vez en 2024”.
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El periodista de The Associated Press Joey Cappelletti en Lansing, Michigan, contribuyó a este despacho.
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