La comisionada residente, Jenniffer Aidyn González Colón, dijo el miércoles que la Ley 22, que otorga beneficios contributivos a ciudadanos que de alguna manera se conviertan en residentes en Puerto Rico, debe revisarse.
“Ahora bien, yo creo que si bien funcionó la ley, debe revisarse en términos de qué incentivo tú le das al empresario local que hace igual inversión, tiene cantidad de empleados similares y no recibe un beneficio contributivo atractivo para mantener su negocio en la isla”, dijo González Colón en conferencia de prensa.
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“Pero también creo que se debe hacer una mayor fiscalización de estos decretos contributivos. La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión, fiscalización que se le hace a personas tienen este beneficio contributivo. Yo no voy a demonizarlos, porque muchos de ellos son personas que han colaborado e invertido en la Isla en organizaciones sin fines de lucro y que son ciudadanos de ley. Pero creo que debe haber un ente que mantenga esa fiscalización, no solamente en el Departamento de Desarrollo Económico con la revisión de esos decretos y su cumplimiento, por si han cambiado elementos del negocio original al que se le otorgó el decreto y con el Departamento de Hacienda y que los casos que a veces hemos visto en la prensa en los últimos años, si hay una fiscalización efectiva de los decretos. Pero yo no incluiría solamente estos decretos de ley 22, yo incluiría todos los decretos contributivos que se tienen en Puerto Rico, porque ciertamente no le impiden al gobierno de Puerto Rico hacer una fiscalización efectiva de los beneficios contributivos que se le otorguen y que el cumplimiento o los requisitos para recibir ese beneficio contributivo se estén dando”, añadió.
González Colon, quien aprobó cuando fue presidenta de la Cámara de Representantes el estatuto, rechazó que sea un impedimento para la estadidad.
“Cuando la ley, esta ley de incentivos se aprobó para Puerto Rico, la realidad es que en Puerto Rico no teníamos suficiente dinero en la banca local para dar préstamos a pequeños y medianos negocios. Nuestra industria bancaria había sufrido grandemente, no había financiamiento para el sector privado, entre otras cosas. Y esta legislación estatal permitió el que llegara dinero que no había en la banca local para formar un negocio, empleo, adquisición de propiedad y adquisición de propiedad inmueble”, expresó.
“Yo creo que la ley le funcionó al gobierno de Puerto Rico extraer estas personas que han elevado el valor de algunas propiedades que mantienen personas empleadas y que tienen depósitos en la banca. Y yo creo que la economía de Puerto Rico es uno de los elementos importantes que nos va a ayudar a poder hacer una transición, a convertirnos en un estado”, añadió.
La comisionada residente, llevó a cabo una mesa redonda donde se discutió con el Departamento del Tesoro Federal y la banca local temas sobre las transacciones ilícitas, el lavado de dinero en la isla, tráfico de drogas y corrupción, así como regulaciones y capacitaciones al personal de la industria bancaria para asegurar la seguridad financiera.
