Los programas de Reeducación y Rehabilitación para Personas Agresoras están bajo la lupa, en especial, por la falta de la constitución de su junta reguladora que los fiscalice y establezca sus reglamentos.
La psicóloga social comunitaria y feminista, Katherine Angueira, aseguró a Metro Puerto Rico que el enfoque no debe estar en la junta, sino en cómo operan los programas.
La Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica en Puerto Rico dispone que agresores que no tengan un récord criminal o incidentes previos, pueden ser parte de los programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras o los Programas de Desvío, si ellos lo desean o así lo determine un juez.
Metro Puerto Rico publicó que la junta debe estar compuesta por siete miembros, pero actualmente hay cuatro vacantes. Al no estar constituida la Junta, no se pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejorías en los programas o modificar su reglamento y currículo.
Al momento, la junta tiene al representante del DCR, Alex Joel Torres Guzmán; la Procuradora Interina de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria y, acaba de ser nombrada la abogada, Lcda. María del Rosario García.
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El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del Departamento de Corrección, del Departamento de Familia, Directora Ejecutiva o Comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, de la Adminstración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
Por lo que, restan las vacantes de ASSMCA, Familia, el trabajador social y el psicólogo, confirmó el DCR. Esto constituye a cuatro puestos de siete. Según el DCR, es necesario tener un mínimo de cinco miembros para reunir la junta.
Sin embargo, para Angueira no hay mucha esperanza de cambio cuando finalmente se constituya. Opinó que el trabajo será “igual de deficiente que las agencias”.
“Si la gente que se designan a estos puestos fueran personas comprometidas y que supieran lo que están haciendo[…] ¿Por qué hablar, legislar y obligar una junta? Si son Corrección, Familia, asuntos de la mujer y ya estamos con el pie de atrás. […] La mayoría de la gente deficiente puede producir otra deficiencia”, opinó.
Anguiera dijo que “de nada vale” establecer una junta, mientras que la mayoría de los representantes sean funcionarios de agencias que, al momento, “no cumplen con su trabajo”.
“Se supone que como jefes de esas entidades estuvieran coordinando de todas maneras los servicios que dan que tienen que ver con la misma población que todas ellas están atendiendo”, argumentó.
Entender los niveles de violencia para lograr una reeducación adecuada
Desde su ojo clínico como psicóloga, recomendó dividir a los agresores en los programas, dependiendo del delito cometido.
“Tenemos que tener la capacidad de distinguir los niveles de violencia. Así que si tu me vas a desviar unos macharranes a un programas en el que aquel que puede ser el potencial asesino de una mujer está con aquel que le grita a una mujer y con aquel que le priva de bienes a la mujer. Toda esa mezcolanza, ¿Cuál es la efectividad de eso entonces? Como psicóloga, tienes que distinguir en la gama, desde lo más inocuo hasta lo más grave, que es la del asesinato de la mujer. Poder dirigir el servicio a tono con el nivel de violencia que representa esa persona que tienes de frente, que es el que hay que cambiarle la conducta”, aseveró.
A su vez, indicó que la efectividad de los programas no debe depender de reincidencias y que una nueva víctima atraviese por los ciclos de violencia doméstica.
“Partiendo de la premisa de que se puede reeducar a un individuo que lleva toda una socialización en un patriarcado donde el machismo cunde y hay una esperanza que el individuo puede cambiar su conducta, pues esa esperanza no puede estar en el aire. Esa esperanza tiene que estar, contextualizada en cuál es el entorno en donde esa esperanza se pueda ejecutar o no”, reiteró.
Los programas fueron impuesto a último momento para crear la Ley Núm 54
Angueira, quien fue parte del desarrollo de la Ley Núm 54 de Violencia Doméstica, reveló que los programas para personas agresoras fueron objetados por grupos feministas.
“Esto es una ficción legislativa, queriendo tirarle toalla a los hombres”, indicó.
Esbleció que, en aquel momento, se planteó que la única manera que el proyecto de ley fuera aprobado era si se incluía una vista de conciliación, lo que fue rechazado contundentemente por las feministas. Esta vista hubiera tenido como propósito darle una “segunda oportunidad” al victimario.
“Nosotras por supuesto que nos opusimos. Pegamos los siete gritos que podíamos pegar en ese momento. Eso es imposible por que entonces estamos fomentando que en ese espacio privado (en la vista de conciliación), entre comillas, se va a repetir la misma dinámica psicológica donde el individuo va hacer creer que la víctima es amada y que se va a arreglar, que va a cambiar. Para que cuando salgan de ahí vuelva el próximo insulto o la amenaza de muerte. Es entrampar a la víctima más hondo en su círculo de violencia. Nos opusimos. Aquí es que vienen lo programas de desvío. Entonces, nos dicen que si no es la vista de conciliación, la única forma en la Cámara de Representantes que van a aprobar este proyecto de ley es si enganchamos el programa de desvío. Así que eso fue como una imposición de último momento”, relató, agregando su rechazo al programa desde un principio.