El asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, un convicto que cumplía una sentencia de 122 años de prisión, pero que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) dejó salir mediante privilegio, no es algo que haya llevado a la titular de la agencia, Ana Escobar Pabón, a considerar renunciar.
La funcionaria dialogó ayer sobre el fatídico caso que surgió luego de que en el DCR se le concediera a Ávila Vázquez salir a la libre comunidad mediante la Ley 25 que concede un pase expedido para pacientes en una etapa avanzada de alguna enfermedad terminal. Escobar explicó por qué no firmó ella la salida del asesino convicto y las consecuencias que podría tener la investigación administrativa que ahora delegó en otro contratista del DCR. La entrevista fue parte del programa En Caliente Con La Jovet por NotiUno 630.
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Luego de la muerte de esta mujer a manos de un asesino convicto que salió porque la agencia le dio ese privilegio ¿usted se ha planteado renunciar a su cargo?
—No, en ningún momento me he planteado renunciar a mi cargo. Mi cargo lo llevo hace cerca de tres años y cuatro meses. Hemos estado realizando un trabajo extraordinario en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sabemos que situaciones tan trágicas y difíciles como esta, lo que es el fallecimiento de cualquier persona, sea esta dama o cualquier otro ser humano a manos de una persona que haya estado cumpliendo bajo algún programa de la agencia o cualquier persona que le quite la vida a otro, es bastante trágico y difícil. Lo que hemos venido atendiendo en nuestra agencia es un proceso investigativo que ya hemos comenzado y que en los próximos días esperamos tener algún informe preliminar que nos ayude a referir al Departamento de Justicia esos hallazgos preliminares. Si hay alguien que tiene sumo interés en que esta situación se clarifique y que podamos adjudicar responsabilidades en aquellos funcionarios públicos o en aquellas personas que —no importa la posición que ocupen— intervinieron en este proceso de evaluación y autorización de integración de este confinado y acusado de este nuevo delito a un programa de desvío como lo es el pase extendido por condición de salud... pues obviamente asuman su responsabilidad.
Pero usted, Ana Escobar, ¿usted no siente que haya sido su responsabilidad la pérdida de esa vida? Usted es la cabeza de ese departamento.
—Yo como secretaria del Departamento, obviamente soy responsable de las acciones de los miembros de la población correccional y también de los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Pero responsabilidad directa mía, pues obviamente no puedo decirte que tengo alguna responsabilidad directa porque no autoricé, no firmé, no evalué ninguno de los permisos de este caso ni de los otros 21 casos que se encuentran bajo este programa.
¿Por qué usted no firmó esa liberación de Hermes Ávila Vázquez y lo delegó en un subalterno, si la ley dice que es el secretario el que firma?
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—Tienen que revisar los reglamentos. Los reglamentos no establecen que el secretario es el único que firma. Aquí hay varios reglamentos que estamos trabajando y atendiendo y dentro de los reglamentos… Primero, déjeme decirle que está la Ley 25 de 1992, pero que dentro del Plan de Organización del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 21 de noviembre del 2011, es la guía, la normativa, la ley que recoge cuáles son las funciones de cada uno de los secretarios de turno y establece cómo va a operar de manera general el Departamento de Corrección y Rehabilitación y faculta al secretario de turno a poder delegar su autoridad en cualquier otro funcionario que pueda atender y trabajar lo que son las tareas de los programas que existen en el departamento. El departamento tiene más de 7,000 confinados, más de 5,000 están en la comunidad cumpliendo por cualquiera de las libertades condicionadas y tenemos 6,400 empleados. O sea, yo administro una agencia de más de 20,000 a 25,000 personas. Decir que yo evalúo cualquiera de estos casos para estos programas…. no habría tiempo prácticamente para poderlos evaluar.
Desde la muerte de esta mujer, ¿Ana Escobar, el ser humano, duerme tranquila?
—No es cuestión de si duermo tranquila o no. Ese. Ese no es el punto. Yo como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, uno, reviso de inmediato toda la reglamentación que existe y cómo puedo detener y qué medidas y acciones correctivas de inmediato yo puedo tomar para que esta situación, por un lado, no se vuelva a repetir y por otro lado adjudicar responsabilidades. No se trata de dormir tranquila o no, porque pueden haber ocurrido situaciones sumamente más graves o pueden haber ocurrido situaciones sumamente menos complejas, y de igual manera, cuando tú tienes una inquietud, una preocupación te va a causar algún problema de ansiedad o algún nivel de ansiedad. Pero recuerda que el hecho de que esta situación haya ocurrido, obviamente que me inquieta, obviamente que me preocupa, obviamente que soy empática con esta familia, con la comunidad, con el pueblo de Puerto Rico. Claro que sí, pero tengo que seguir atendiendo y trabajando como mejorar cada día más el funcionamiento operacional y administrativo del departamento. Y tenemos que también trabajar con dar a conocer al pueblo de Puerto Rico qué cosas fueron las que pasaron aquí, que no sean inventadas, o sean mal interpretadas, que sean correctas y que no se saquen de contexto. Esto es parte de lo que a mí también me preocupa en el día a día.
¿El informe preliminar sería previo a los 30 días?
— Previo a esos 30 días. Hay una solicitud de una auditoría que le pedí a una compañía que se dedica a realizar auditorías de expedientes médicos y de servicios médicos. Como el departamento no cuenta con un auditor experto en análisis de expedientes médicos como empleado, pues esta compañía que ya tiene contrato con nosotros, yo le referí esta petición. Tan pronto dentro de esos diez días yo reciba algún informe preliminar de esta auditoría o una auditoría final, estaré refiriendo —no importa cuál sea el hallazgo— al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia pueda dar continuidad a cualquier proceso de investigación que ellos hayan iniciado o vayan a iniciar.
Pero esta compañía es contratista ya de ustedes, ¿Cuánto se puede confiar en una investigación de la misma agencia? No debió entrar Justicia como tercero de inmediato? Hay quien dice que se puede dañar la investigación que pueda hacer Justicia luego.
—Mientras los documentos estén presentes y disponibles y mientras en cada una de las áreas se pueda intervenir y se pueda analizar, no se daña una investigación. Aquí se puede dañar un una investigación por la prisa, si es que no contamos con los recursos y los peritos para llevarla a cabo. Hemos trabajado primero la recopilación de documentos que han entregado a la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional. Yo no intervengo en ese proceso. Yo ordeno la investigación. Yo no manejo a los investigadores, ni cómo guiar una investigación. Obviamente, esto es una investigación administrativa. No es una investigación criminal. Nosotros no hacemos investigaciones criminales. De nosotros encontrar cualquier indicio de alguna negligencia de algún funcionario público en el cumplimiento de su deber o de cualquier tipo de daño, la vamos a referir al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia podrá requerimos a nosotros toda la información que ellos entiendan necesaria y pertinente para llevar a cabo esa investigación. Nosotros estamos dispuestos y disponibles a entregarle todos y cada uno de los documentos que se nos requieran.
Según salió a relucir, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres también está investigando. ¿Está Corrección colaborando con esa investigación u ocurre como en el caso de William Hiram Santiago Figueroa, que es el caso de Yauco, que la Procuradora los está demandando por acceso a información?
— Son dos eventos totalmente distintos. En el caso de Yauco donde murió tristemente esta dama, su madre y su hermano, este caso era uno que estaba ante el juez en Ponce, que se estaba evaluando la posibilidad de esa persona salir bajo la configuración de instalación de un brazalete electrónico pagando su fianza o cualquier cosa que determinará el tribunal. El Programa de Servicio con Antelación al Juicio bajo la Ley 133 habla, entre otras cosas, de la confidencialidad de la información presentada por el imputado de delito. Establece que únicamente se entregará este informe al juez que está viendo en sala el caso y que es el juez el que puede entregar copia del mismo al fiscal que está atendiendo el caso y al abogado de defensa. Yo como secretaria o cualquier otro secretario de turno no puede violentar esa ley entregando documentos de confidencialidad así establecido por ley. Así que lo que hizo la Procuradora de la Mujer fue lo correcto, pedirle al Tribunal mediante una orden que pueda emitir el Tribunal de Justicia, el que nosotros podamos entregarle esa información. Si el Tribunal me ordena a entregarla, con mucho gusto, yo la voy a entregar. Pero no puedo, bajo ninguna circunstancia violentar la ley.
¿Y en este caso de el, del del asesino que estaba suelto, sí están colaborando con la Procuradora?
—Si ella nos requiere información que en estos momentos no le puedo confirmar que ella nos haya requerido información para iniciar un proceso de investigación, con mucho gusto lo que podamos proveerle que tenemos a la mano, se lo podemos proveer. Pero fíjese, estoy abierta y dispuesta a que se haga cualquier investigación que pueda clarificar este o cualquier otro asunto, pero ya la Cámara de Representantes ha solicitado que se provea información tanto en el Senado de Puerto Rico como Cámara de Representantes. También hemos recibido un requerimiento de información del Departamento de Justicia que lo estamos preparando para entregar. De la Procuradora de la Mujer también requerir información, pues estaríamos disponible. Pero dentro de todo esto, y todo el mundo quiere llegar y nosotros también a tener la verdad de que fue lo que ocurrió con esta salida, pues lo que no podemos permitir es que sean cinco o seis decisiones distintas de un mismo evento. Como que sonaría a que algo ocurrió de manera incorrecta en los procesos investigativos. Así que yo este obviamente al Departamento de Justicia le voy a entregar todo lo que nos pidan, al igual que a la Procuradora si así lo pide y al igual que Cámara que también hicieron un requerimiento. Lo que tengamos a la mano y que esté disponible para nosotros entregarle en este momento, así lo haremos. De no poderlo entregar, informaremos por qué.
Sobre Physician Correctional, que es el contratista que maneja el sistema de salud dentro del DCR y que un panel de médicos de este contratista había evaluado al convicto que salió bajo la Ley 25, ¿dependiendo de lo que de lo que concluya la investigación que están haciendo, estaría entre los posibles escenarios una cancelación de este contrato?
—Está dentro de los posibles escenarios el determinar si continuamos o no con la contratación de servicios. Si este fuera el resultado final de alguna responsabilidad directa contra la compañía y/o contra los médicos que la compañía contrata que entraron en este proceso de evaluar este caso. Pero también recuerde que una vez se solicita en algún momento dado la cancelación de esta contratación, hay que tener otra compañía disponible en Puerto Rico para proveer los servicios de salud a la población correccional. Son 7,300 personas en este momento en confinamiento que de cancelar los servicios de salud no tendrían la provisión de un servicio de salud de inmediato. O sea que de tomar decisiones, hay que tomar decisiones correctas, adecuadas y que de ser esta la determinación, entonces la agencia se tiene que preparar para otro proceso de subasta para que la Administración de Servicios Generales pueda determinar qué compañía, en caso de que todo va a depender del monto de de ese contrato o el propio departamento que pueda trabajar y contratar los servicios profesionales de cualquier otra compañía que quiera competir para ofrecer los servicios de salud a la población correccional. Y esta compañía en estos momentos sigue bajo contrato, aunque es un contrato nuevo, porque cuando se abrió y se publicó el aviso para que compañías pudieran eh competir para nosotros poder determinar que compañía podíamos contratar, solamente cumplieron dos compañías con radicar su propuesta.
Hay quienes plantean, en medio de todo este torbellino, que el hecho de que los dueños de esa compañía son donantes de la campaña del gobernador les sirve como una protección. ¿Qué le responde quienes traen ese planteamiento sobre la mesa?
—Que parten de una premisa equivocada. Aquí no hay preferencias, ni protección ni para ningún empleado, ni para ninguna compañía o contratista del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El hecho de que, eh, una persona en algún momento dado se haya identificado como durante una campaña no lo exime de su responsabilidad.
¿Por qué no había ningún especialista en salud mental en el panel de médicos que recomendó la liberación de este de este hombre?
—Eso es parte de lo que estamos investigando. Así que en estos momentos, no tendría una respuesta más allá todavía.
¿Usted se siente satisfecha con los servicios de salud mental a la población correccional?
—Los servicios de salud mental a la población correccional, de manera general, se han estado ofreciendo. Que hay que mejorar, sí. Que hay que hacer ajustes en este proceso de los servicios médicos, sí. Pero de manera general, la población correccional está siendo atendida de manera general. Recuerde que la población correccional es una población que presenta problemas de salud y algunos son complejos porque es una población cautiva.
Hubo otra denuncia en términos de que había sacado de Ponce a Bayamón tres confinados con sentencias de sobre 300 años para un juego, aún cuando la jefa de Sociales no autorizaba eso por seguridad. ¿Se están haciendo concesiones que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía en época electoral por votos de confinados?
—No, no estamos haciendo concesiones alguna de ninguna naturaleza. Pero sí, déjame decirte algo, los confinados que salieron de Ponce a Bayamón salieron de una cárcel a otra, no salieron a otro lugar fuera de las instituciones correccionales. Por años, los programas artesanales, los programas de teatro, los programas recreativos forman parte de las estipulaciones en el caso Carlos Morales Feliciano. Son estipulaciones federales. Lo importante dentro de todo esto es que los que van a salir o vayan a salir hay diferentes requisitos que cumplir para los diferentes lugares a donde van, y éstos se mantenían custodiados por los oficiales correccionales que los acompañaron al juego de baloncesto o la actividad deportiva que había allí. A su vez estaban los oficiales que pertenecen a esta institución correccional donde ellos estaban efectuando equipo de baloncesto. No le veo nada negativo a que la población correccional continúe con el día a día de las actividades que se celebran dentro del sistema correccional para mantener una calidad de vida y rehabilitación adecuada para ellos. Yo creo que los compañeros que están haciendo esas expresiones deben reflexionar sobre las mismas. Usted no puede olvidar que nuestro apellido es rehabilitación. Eso no se le puede olvidar a ningún empleado dentro del departamento.
