Varias organizaciones entre las que se encuentran Solar United Neighbors y Sierra Club Puerto Rico han recogido sobre 1,700 firmas para exigir al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que no acepte la orden de la Junta de Control Fiscal para que se derogue o enmiende la recién firmada Ley de Medición Neta 10 del 2024.
A través de un comunicado de prensa, las organizaciones que defienden la energía solar indicaron que también han colaborado en la redacción de una carta “sign-on”, de la oficina del Rep. Raúl Grijalva, para miembros del Congreso de los Estados Unidos, la cuál le pide a la Junta de Supervisión Fiscal que se retracte ante su postura. Hasta el momento, la misma ha sido firmada por la Comisionada Residente Jennifer González-Colón (PR), Rep. Ocasio Cortez (NY), Rep. Darren Soto (FL) y Rep. Ritchie Torres (NY).
“El programa de medición meta es clave para que las personas de clase media y de escasos recursos puedan moverse hacia la energía solar y la independencia energética,” expresó David Ortiz, director del Programa de Solar United Neighbors en Puerto Rico.
“Por otra parte, los programas federales que están entrando actualmente necesitan que el programa de medición neta exista tal y como está para poder implementarse bajo los requerimientos establecidos. Nos encontramos en un momento histórico donde estamos recibiendo una cantidad de fondos federales nunca antes vistos en el país para instalar sistemas solares en comunidades vulnerables. Esta determinación de la Junta disminuiría el impacto de los esfuerzos existentes, ya que va a reducir el número de posibles participantes y sus ahorros solares”, añadió.
Más temprano, el gobernador dijo que todavía no ha tomado una determinación final sobre si va a enmendar o a derogar la Ley 10 de 2024 sobre el programa de medición neta, plazo que vence el martes 7 de mayo, según establecido por la Junta de Control Fiscal.
“Está bajo evaluación esa carta. No hemos tomado una postura, pero tengo que decir que yo firmé esa ley y todos los legisladores y legisladores le votaron a favor a esa ley. O sea que es la política pública de la administración. Entendemos que la ley es consistente con el mandato que tenemos bajo la ley 17, si mal no recuerdo, del 2019, que es la que establece la política pública energética en Puerto Rico. Esa ley es la que básicamente pide que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para fomentar, incentivar sistemas solares en Puerto Rico. Y el mecanismo actual de medición neta, que es lo que quiso esta ley que ahora la Junta está objetando, propicia eso. O sea, lo que hace es propiciar el que tengamos más sistemas solares. Así que nada, está bajo evaluación esa postura de la Junta”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
El pasado fin de semana, Junta de Control Fiscal (JCF) envió una carta al gobernador, Pedro Pierluisi y a la Asamblea Legislativa para que se apruebe de inmediato una medida que derogue la Ley 10 del 2024 que extiende el plazo de la tarifa que aplica a los consumidores que exportan la energía que producen alegando que esta atenta contra la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Según la carta, la Junta exige a la legislatura y al gobernador que antes del 7 de mayo se apruebe legislación para derogar esta ley sobre la medición neta y que la misma entre en vigor el 30 de junio. De lo contrario, acudirían a los tribunales para exigir la derogación de la ley.
Fue el pasado mes de enero cuando el gobernador, Pedro Pierluisi, convirtió en Ley el Proyecto del Senado 1064, que enmienda el Artículo 4 de la Ley 114 del 2007 que rige el programa de medición neta de la AEE.
Según se explica en la medida, la enmienda reformula el término provisto para realizar un estudio sobre medición neta distribuida a cargo del Negociado de Energía. La ley 114-2007 conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico ordena al negociado a realizar un estudio independiente que evalúa costos y beneficios del programa de medición neta.
Sin embargo, la Ley 10-2024 modificó el término para que el NEPR completara el estudio y se debería comenzar en enero del 2030.
La Junta de Control Fiscal había notificado al gobierno su oposición a la Ley 10 de 2024 que extendió el plazo de la tarifa que aplica a los consumidores que exportan la energía que producen, al alegar que la misma atenta contra la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico y viola el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica al aplazar hasta 2030 el estudio de medición neta.
