El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dejó sin efecto la orden de paralización de las pruebas de aprovechamiento académico en el Departamento de Educación (DE) que fueron detenidas en el día de ayer por orden del mismo tribunal.
Las pruebas están pautadas para llevarse a cabo del 13 al 17 de mayo para los grados de tercero, cuarto, octavo y décimo grado.
La determinación se da luego de una petición presentada por el gobierno de Puerto Rico en representación del DE solicitando que se deje sin efecto la orden.
“En la tarde de hoy ha comparecido el Gobierno de Puerto Rico, en representación del Departamento de Educación de Puerto Rico y presentó una Urgentísima Solicitud de Reconsideración de Orden de Paralización y solicitan que se deje sin efecto la Orden de Paralización. Luego de ponderar la misma, esta Curia la declara Ha Lugar y reconsidera la Resolución emitida y notificada el pasado 8 de mayo de 2024, que decretó la paralización y deja sin efecto la misma”, lee la orden del tribunal.
Ayer, el tribunal apelativo ordenó la paralización de las pruebas de aprovechamiento. La determinación se dio debido a un proceso de impugnación ante el tribunal presentado por la empresa Learn Aid LLC, a un contrato otorgado a la compañía Pearson PRN Inc. para llevar a cabo las pruebas a estudiantes del sistema público de enseñanza.
A través de declaraciones escritas el DE confirmó que la decisión se debió a la resolución del Tribunal de Apelaciones por la impugnación de la “Solicitud de Propuestas (RPF, en inglés) que presentó la compañía privada que no fue seleccionada para administrar las pruebas CRECE.
“En el proceso de adjudicación un Comité Evaluador consideró la capacidad de las compañías proponentes para administrar las pruebas, el costo de los servicios, entre otras. Es sumamente importante establecer, que la compañía que impugna presentó una propuesta a por un costo de $34 millones más que la compañía seleccionada”, lee la declaración del DE.
La agencia encargada del sistema público de enseñanza añadió que espera poder expresarse ante el tribunal sobre el asunto y evitar que se continúen atrasando las pruebas de aprovechamiento académico.
“Confiamos en que el honorable tribunal nos brinde la oportunidad de expresarnos y de esta manera, evitar que el proceso de administración de las pruebas se vea afectado, ya que esto tendría un efecto adverso en la educación y en la obtención de fondos federales. En su momento podremos acreditar que la selección de la compañía a la que se le otorgó el contrato para la administración de las pruebas responde a los mejores intereses públicos. El Departamento de Justicia, el equipo legal de la agencia junto a la secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos trabajan en la búsqueda de soluciones, priorizando la educación de los niños y jóvenes del sistema público de enseñanza”, añade el DE.
