La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón aseguró que Hermes Ávila, pasó por un exhaustivo proceso de evaluación para su liberación y a pesar de ello “burló el sistema”.
Ávila Vázquez, es sospechoso del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega el mes pasado en el municipio de Manatí.
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“Estamos bajo una persona que podríamos catalogar como una persona maquiavélica que programó, que coordinó, que fingió, que burló todo un sistema correccional”, sentenció Escobar.
Escobar Pabón compareció en la mañana de hoy ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, luego de que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Alfonso Martínez Piovanetti, ordenara la comparecencia de la secretaria.
La vista se lleva a cabo para realizar una investigación sobre la Ley 25-1992, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”.
Evaluaciones de Hermes Ávila
Desde el 14 de febrero de 2005, Ávila Vázquez cumplía una condena de 122 años de cárcel por delitos que incluían asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación de la Ley de Armas.
Escobar explicó que, según expedientes, Ávila presentaba paraplejia desde el 2009. Además, en el 2013 el confinado se certificó, dentro de las evaluaciones realizadas por Correctional Health Service Corporation y por los médicos que lo atendieron en el Fondo del Seguro de Estado, que esta persona presentaba paraplejia, vejiga neurogénica y asma bronquial.
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En una segunda evaluación, en el 2015, se confirmaron las condiciones anteriores y se le añadió hepatitis c, y el síndrome degenerativo cervical severo a consecuencia de una caída sufrida dentro de una institución penal.
Luego, el DCR lo liberó temporalmente el 19 de abril de 2023, amparándose en la Ley Núm. 25-1992, que permite la liberación de pacientes con enfermedades terminales, como el SIDA, que se encuentran en instituciones penitenciarias. Esta decisión se tomó luego de evaluaciones realizadas por un panel médico de Physician Correctional, que administra el Programa de Salud Correccional.
“Yo no firmé para que esta persona (Hermes Ávila) fuera excarcelada. De hecho, ese caso no se discutió conmigo”, constató Escobar.
“Reconozco y acepto que se produjo un fallo significativo en nuestro sistema, especialmente en la evaluación médica que permitió que una persona manipuladora alegara una condición de salud para obtener beneficios indebidos”, añadió.
La secretaria de Corrección asegura no firmar la excarcelación
Aunque la ley 25-1992 otorga exclusivamente al secretario de la agencia la facultad de realizar liberaciones anticipadas, Escobar afirmó que Celia Cosme, directora de Programas de Desvíos, tenía la autoridad para liberar a Hermes Ávila. Escobar Pabon declaró que no revocó dicha delegación que había sido otorgada por el exsecretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, el 2 de agosto de 2019.
“Causa una sensación de incredulidad, cuando varios paneles de médicos de entidades distintas y de agencias diferentes y todos coincidieron que esta persona tenía paraplejia. Ponerlo en duda cuando recibimos este informe, obviamente no vamos a cuestionar la pericia de los médicos así que sería importante poder obtener esa información pericial para tener un cuadro más amplio para saber cómo se llegó a esa conclusión. Todos los médicos dieron la misma información y resulta que la persona podía caminar”, señaló la secretaria del DCR.
La Ley 25 establece que la persona debe tener hasta 6 meses de vida. Sin embargo, el Plan de Reorganización del DCR establece condiciones fisiológicas limitantes, que en el caso de Ávila era la paraplejia.
Ávila solo tuvo cuatro visitas
La titular explicó que toda persona que es liberada bajo la Ley 25 tiene que ser supervisada en comunidad y para ello, se asigna a los técnicos sociopenales del programa de comunidad, quienes realizan las visitas de campo ya sea en su hogar o en un hospital.
En el caso de Hermes Ávila, la secretaria confirmó que, en los expedientes evidencian cuatro visitas a su residencia y cuatro visitas a las oficinas del programa de comunidad. No cumpliendo con la normativa que exige que se realice cada quince días, según lo establecido en el Reglamento 7818 respecto a la Ley 25.
“(Los expedientes) mencionan que esta persona (Ávila Vázquez) cumplía con las condiciones impuestas, esta persona nunca la vieron, de acuerdo con la investigación realizada, nunca vieron a esta persona caminando en la comunidad a donde fue a residir. No hubo quejas de los vecinos del comportamiento de esta persona y no tenemos señalamientos en contra de esta persona con relación al cumplimiento de las condiciones”, dijo Escobar ante preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau.
No obstante, el pasado 7 de mayo Ávila Vázquez, llegó caminando y sin asistencia de silla de rueda al Tribunal de Arecibo para el comienzo de la vista preliminar en su contra por el asesinato de Ivette Meléndez Vega.
“Esto es una situación compleja, penosa y triste. Aquí hay una víctima por este delincuente y nosotros vamos a seguir investigando. No tenemos paz hay que darle paz a la familia y vamos a trabajar exhaustivamente para que no haya manera de que esta persona vuelva a salir” sentenció la secretaria.
¿Cuántas personas se han beneficiado de las excarcelaciones por enfermedad?
El presidente del Senado, José Lui Dalmau, preguntó cuántas personas se han beneficiado por la Ley 25 y el Plan de Reorganización del DCR, Escobar respondió que desde el año 2000 se han beneficiado 135 personas privadas de libertad.
Desde el año 2000 solo dos excarcelaciones fueron revocadas, contando la del antes mencionado, Hermes Ávila Vázquez.
Por otra parte, la secretaria de Corrección detalló que como parte del proceso de excarcelación se le tiene que notificar a las víctimas y/o sus familiares sobre la liberación del confinado. Añadió que, en este caso, se le notificó al viudo de la terapista física Celia López García, a quien Ávila privó de la vida en el año 2005. “Se trató de conseguir a las víctimas y no se consiguieron”, aseveró Escobar.
“Una de las cosas que hemos estado añadiendo en el reglamento en el 2023, no es únicamente notificar el egreso, sino que también se entrevisten y se certifiquen la posición de cada una de las víctimas”, indicó.
Consideran evaluar contrato con Physician Correctional
El senador Rafael Bernabe cuestionó si se evaluará el contrato con la empresa Physician Correctional, la cual se encarga de ofrecer los servicios de salud a la población de personas confinadas, incluyendo los servicios de salud física, mental y dental.
“Si en efecto nosotros encontramos, dentro de este análisis y la revisión del Departamento de Justicia, que aquí ha habido un fallo propiamente de la compañía estaremos en disposición de la cancelación de este contrato”, indicó la secretaria del DCR.
