El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Roberto Mujica, le llamó la atención, el pasado viernes, al director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, por implementar la iniciativa de tarifa gratuita en los servicios de transporte público sin previa discusión ni aprobación del ente creado bajo la ley federal PROMESA.
Según la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), cualquier regla relacionada con la generación o distribución de ingresos, incentivos fiscales o medidas del plan fiscal debe ser revisada y aprobada por la JSF antes de su ejecución.
“Mientras que las mejoras integrales al sistema de Recolección Automática de Tarifas están alineadas con los hitos de implementación del Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para 2023, según lo requerido dentro de la Reforma del Sector de Transporte, no se discutió ni se aprobó un análisis económico por parte de la Junta de Supervisión con respecto a este asunto”, lee la misiva de Mujica, fechada el 10 de mayo de 2024.
El pasado 27 de febrero, la ATI anunció la iniciativa de tarifa gratuita– que comenzó el 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2024– para los viajes en las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Tren Urbano, el Metro Bus y Tu Conexión.
Dicha medida se implementó mientras se moderniza el sistema de transporte público, que incluye la instalación de fibra óptica en todas las estaciones del tren y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) en los autobuses, así como la realización de inspecciones, controles de calidad, trabajos civiles, entre otras mejoras.
La Junta Fiscal sostuvo que se le informó sobre tal iniciativa a través de una carta fechada el 28 de febrero de 2024, en la que se le explicaba que el plan forma parte de la actualización del sistema de Recolección Automática de Tarifas y tiene como objetivo minimizar los inconvenientes para los viajeros durante la instalación del nuevo sistema.
Por consiguiente, la JSF le solicitó, a la autoridad responsable de la gestión y coordinación de los servicios de transporte público, documentos que detallen el proceso de selección y diseño de la iniciativa, así como cualquier estudio realizado para evaluar su viabilidad.
Además, el ente federal pidió la entrega de información que indique qué medidas– aparte de un programa de tarifa gratuita– fueron consideradas, y por qué no se seleccionaron tales opciones, y bajo cuya autoridad se aprobó la iniciativa.
La ATI también deberá someter, en o antes del 29 de mayo, todos los documentos que establezcan planes de contingencia con respecto a la actualización del sistema de recolección de tarifas y la iniciativa implementada.
De igual forma, la Autoridad debe explicar su plan de acción en caso de retrasos en las actualizaciones del sistema y si este contempla una posible extensión de la iniciativa de tarifa gratuita.
La ATI deberá proporcionar, a la Junta de Supervisión– hasta el 31 de agosto de 2024– actualizaciones mensuales sobre el progreso de la iniciativa y la información solicitada.
