La organización sin fines de lucro Impulso Boricua lanzó una nueva herramienta informativa en línea y una campaña de medios de comunicación para destacar las bondades de los incentivos conocidos como Ley 20 y Ley 22 y su impacto para el desarrollo económico del archipiélago. La plataforma en línea y la campaña mediática son dos de las primeras iniciativas de Impulso Boricua, una entidad que no está afiliada a partidos o candidatos políticos y que se dedicará a promover la creación de empleos y el desarrollo económico de Puerto Rico.
A través de la página de internet www.impulsoboricua.com se presentan datos sobre el impacto de las leyes 20 y 22 al año 2022. Destacaron como impactos positivos la creación de más de 62,500 empleos, el recaudo de más de $240 millones anuales en ingresos para el gobierno, y las aportaciones a entidades caritativas que sobrepasan los $15 millones anualmente.
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Impulso Boricua también busca desmentir con datos económicos lo que calificaron como mitos que promueven grupos que describen como anticapitalistas sobre los incentivos y su efectividad. En su plataforma destacan como mito el alegado costo del programa al bolsillo de los puertorriqueños, lo que contrasta con lo que calificaron como dos datos fundamentales: que el gobierno no invierte dinero en la otorgación de los incentivos, y que, de no existir estos incentivos, los inversionistas no se hubiesen mudado a Puerto Rico por lo que el impacto de sus inversiones en términos de empleo, ingresos y otros renglones no existiría.
Se señala en un comunicado de prensa para anunciar la iniciativa que en el pasado, los incentivos económicos han sido parte integral del desarrollo de Puerto Rico y han impulsado el crecimiento de industrias como la manufactura, el turismo, el emprendimiento local y las industrias creativas. Explicaron en comunicado de prensa que las leyes 20 y 22 forman parte igualmente de estos incentivos que están todos contenidos en la Ley 60 de 2019.
Según Impulso Boricua, las leyes 20 y 22 no crean desplazamiento de puertorriqueños. Se basaron en un estudio económico sobre la vivienda en Puerto Rico que realizó en el año 2023 la organización sin fines de lucro Foundation for Puerto Rico, que apuntó a que los inversionistas de las leyes 20 y 22 han adquirido en Puerto Rico menos de 1% de las propiedades.
