Con el fin de abordar “déficits críticos de información” que impiden comprender la magnitud y los impulsores de los desequilibrios entre la oferta y la demanda de atención médica en Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comisionó un estudio, que esperan sea completado para agosto de este año.
El ente creado bajo la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) buscará “construir una hoja de ruta agresiva, pero realista”, para cerrar dichas brechas y alinear las inversiones en capacidad de la fuerza laboral de la salud con las necesidades proyectadas en el estudio.
La investigación —que incorporará métodos cuantitativos y cualitativos— será realizada por la firma FTI Consulting, con IMPACTIVO como subcontratista, a un costo de $723,950.
“Si bien la escasez de profesionales de la salud en Puerto Rico es ampliamente reconocida, la magnitud y las causas de la escasez, especialmente dentro de ciertos sectores de la fuerza laboral de alta demanda, no se han cuantificado en el grado necesario para informar decisiones de política e inversión”, lee la carta publicada por la JSF sobre la investigación.
“Existe información insuficiente sobre el número de profesionales de la salud que permanecen en Puerto Rico después de completar su educación/formación, o se trasladan a Puerto Rico después de un período de tiempo, y las explicaciones subyacentes para estos movimientos”, continúa el documento.
Entre los entrevistados durante la fase cualitativa figuró la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, cuyo presidente, Carlos Díaz Vélez, expresó su respaldo al esfuerzo del organismo fiscalizador.
“Es importante que la Junta de Control Fiscal tenga esta información completa de todos los sectores, no solamente de los médicos, sino de todos los sectores, para que ellos tengan un campo abierto de lo que está pasando en Puerto Rico, y que no esté en juego de la politiquería ni los intereses económicos, sino que sea una data real”, expresó el doctor en entrevista con Metro Puerto Rico.
Durante la reunión con la firma consultora, Díaz Vélez abordó los problemas que contribuyen al éxodo de profesionales de la salud de la isla, la falta de incentivos competitivos para retener a los médicos, la escasez de servicios de salud en las regiones centrales de Puerto Rico —especialmente en el ámbito de la salud mental— entre otros desafíos.
“Nuestra población (está) poniéndose más vieja. Los médicos se están poniendo más viejos y no hay quién los suplente. Todos estos factores están incidiendo dramáticamente, al final de cuentas, en el manejo del paciente. Se atrasan los tratamientos, los diagnósticos, y se aumenta la mortalidad y morbilidad de los pacientes, y se satura el sistema. Porque no hay médicos disponibles en la práctica, pues se saturan los hospitales, que ya de por sí están saturados y están en una tragedia”, advirtió.
Además, hoy, jueves, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico se reunirá con los representantes de FTI Consulting, donde el presidente ejecutivo, Jaime Plá Cortés, espera discutir, entre otros asuntos, los parámetros que se establecerán en el estudio.
“Obviamente en Puerto Rico tenemos deficiencias de una serie de profesionales versus la población. Por ejemplo —no tiene que ver con personal, pero tiene que ver con servicio— se habla de que hay escasez de ambulancias. Sin embargo, en Puerto Rico, para los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos más ambulancias de las que deberíamos tener. Si están bien utilizadas o no, pues ya eso es otro factor, pero son parámetros que a veces no los conocemos y decimos ‘en Puerto Rico falta tal cosa”, ejemplificó el licenciado.
La Junta Fiscal también envió misivas a las aseguradoras Humana PR, MCS Life Insurance, Plan de Salud Menonita, First Medical Health, Triple S, MMM, First Healthcare y APS Healthcare.
A través de las cartas fechadas el 6 de mayo de 2024, se les solicitó datos sobre membresía, reclamaciones y encuentros médicos, así como información de la salud poblacional. El plazo para la entrega de estos datos venció el pasado lunes 13 de mayo.
El Departamento de Salud, por su parte, comunicó que “esperamos que, una vez concluya la evaluación, poder contar con el apoyo presupuestario para atender los retos que enfrentamos”.