La Junta de Supervisión Fiscal devolvió al gobernador, Pedro Pierluisi, el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025, al determinar que incumple con el Plan Fiscal aprobado en abril del 2023.
El ente creado bajo la ley federal PROMESA incluye en su carta al gobernador una serie de acciones correctivas para que se vuelva a someter una propuesta de presupuesto revisada, no más tarde del 21 de mayo próximo. Aunque señalan que la cantidad del presupuesto se mantiene en $13,062 millones, se hacen unos movimientos de partidas y en algunos casos proponen aumentos para distintas entidades gubernamentales.
La Junta advierte en su misiva que hay movimientos asociados a la fecha de expiración de fondos federales que se utilizaron para gastos recurrentes. Mencionan específicamente fondos ARPA del 2021 y los fondos ESSER en el Departamento de Educación. Sobre requerimientos asociados a fondos ARPA, la Junta plantea que pasaran a estar en una partida custodiada que para ser liberada debe someterse documentos de apoyo por parte del gobierno para la aprobación del ente creado bajo PROMESA.
Una vez más, los fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios están bajo fuego de la Junta. Sobre la UPR se indica que una petición de $102 millones debe ser sustentada por información y planes detallados sobre su uso y distribución. Requieren objetivos claros en esos planes. Se plantea que de presentarse las medidas correctivas, podrían reconsiderar.
En cuanto a los municipios, se rechaza una asignación de $80 millones para aportaciones a Plan Vital o Medicaid por ser inconsistente con determinaciones judiciales previas.
También se rechaza una partida de $21 millones de dólares para el proyecto IDEAR de descentralización en el Departamento de Educación (DE). Apuntan a que la agencia no proveyó claridad en el potencial de duplicar cargos, ni compartió la metodología para determinar la cantidad de posiciones que estarían creando, ni su compensación. Se plantea que, de presentarse la información necesaria, podrían reconsiderar.
Mientras que se rechaza de plano una partida presupuestaria de $234,000 a la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) porque señalan que la corporación pública ya debe completar su proceso de privatización.
La carta detalla distintas líneas del presupuesto que sí cumplen con el presupuesto como la asignación para las estaciones de bombeo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la partida de $14 millones para el fondo de pareo para los partidos políticos, y $13 millones para mejoras en las escuelas, entre muchas otras partidas aprobadas.
En la carta de 31 páginas también hay una sección en la que detallan ajustes de incrementos o reducciones en diversas partidas presupuestarias.
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