El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, señaló que el caso de la liberación de Hermes Ávila Vázquez bajo el Programa de Pase Extendido y el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega el pasado mes de abril en Manatí, es el reflejo de la política pública desacertada establecida con la aprobación del Código Penal y del Plan de Reorganización Núm. 8, que se convirtió en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011.
“Debemos recordar que como parte de la discusión y aprobación del Proyecto de Senado 2021 para finales del año 2011, que proponía la adopción de un Nuevo Código Penal, la Delegación del PPD en el Senado votó en contra de dicha medida. Los fundamentos de dicha oposición quedaron plasmados en un voto explicativo radicado el 12 de noviembre de 2011. Nuestra posición en síntesis planteaba que el Nuevo Código Penal era una iniciativa que aun cuando se argumentaba trataba al delincuente con una supuesta mayor severidad y que se incrementaban las penas de los delitos como un disuasivo a la actividad criminal, la misma no cumplía con esos objetivos. Argumentamos que el Nuevo Código Penal, lejos de promover penas más severas, viabilizaba la pronta excarcelación del convicto a la libre comunidad”, puntualizó el presidente senatorial.
Dalmau Santiago enfatizó que los fundamentos eran que el Nuevo Código Penal y el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 iban a promover una rápida liberación de los confinados, adoptando mecanismos tales como la concesión de días de bonificación (reducción de sentencia) por estudio, trabajo y otras actividades, disponer que el confinado puede cualificar para programas de desvío al cumplir con solo el 20% de su sentencia, así como otras iniciativas que promovían la pronta liberación del confinado, entre otros asuntos.
“En el voto explicativo advertimos en aquel entonces que ´es la Administración de Corrección a través del Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 8, quien luego de un convicto cumplir el 20% de la pena impuesta, podría enviarlo a un Programa de Desvío; convirtiendo la sentencia dictada en una burla a la justicia y abriendo las puertas de las cárceles a las personas convictas, liberando así al convicto sin rehabilitación. Esta es mala política pública”, reiteró.
“El paso del tiempo nos dio la razón. De una población penal de 12,551 para el 2013 y de 12,381 en el 2015, se ha reducido a unos 7,334 para abril de 2024. O sea, en 11 años el número de confinados en instalaciones penales se ha reducido dramáticamente por 5,217, en un 41%. Sin embargo, la actividad criminal no ha mermado, sino que sigue en aumento, pero vemos que las actividades de investigación y procesamiento criminal son cada vez menos efectivas porque el número de radicaciones de casos ha bajado. El panorama se complica más aún para nuestros ciudadanos que se sienten vulnerables ante la alta incidencia criminal si a esto le añadimos que los delincuentes que son finalmente sometidos a un proceso criminal y sentenciados tienen la oportunidad de cumplir prontamente con su sentencia o beneficiarse rápidamente de programas que les permiten ser liberados gracias a los beneficios del Código Penal del 2012 y del Plan de Reorganización Núm. 2-2011″, acotó el líder legislativo.
El presidente senatorial recalcó que el caso de Hermes Ávila Vázquez es un lamentable ejemplo de lo que anticiparon en el 2011, ya que utilizando los mecanismos que promueven la pronta liberación del confinado, unido a unos procesos de evaluación que han reflejado severas deficiencias y una mínima supervisión del liberado, ponen en entredicho la protección de la sociedad.
“Pero actualmente existen otros 20 liberados bajo el Programa de Pase Extendido que han sido convictos por un variado menú de delitos que incluyen asesinato, homicidio, agresión sexual, violación y actos lascivos, entre otros, al amparo de la política pública desacertada que habíamos anticipado en el voto explicativo emitido en el 2011″, afirmó el senador.
“La investigación del caso de Hermes Ávila Vázquez nos está revelando serias deficiencias en los procesos del Departamento de Corrección relacionados con los programas de desvío y la supervisión de los liberados, lo cual tenemos que atender mediante recomendaciones y propuestas ponderadas que nos permitan establecer un justo balance entre la adecuada rehabilitación de la población de los confinados y las garantías de seguridad que el pueblo se merece,” terminó diciendo Dalmau Santiago.
La Ley 25 de 1992 permite que los reclusos que están bajo condiciones de salud terminales puedan pasar sus últimos momentos de vida con sus familiares. Ávila Vázquez se encontraba cumpliendo una condena de 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en 2005, pero salió en la libre comunidad en 2023 bajo un Pase Extendido tras una alegada paraplejía.
El pasado domingo, 21 de abril, las 4:29 a.m. en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, fue encontrado el cuerpo de Meléndez Vega. La mujer de 56 años estaba semidesnuda, degollada y tenía heridas en la cabeza. La víctima no guardaba ningún tipo de relación con el hombre de 52 años, simplemente, habían compartido esa noche por primera vez en un negocio. Se alega que el feminicida se fue caminando después de cometer los hechos.
