El Departamento de Justicia entregó a la Junta de Control Fiscal la información requerida para la evaluación y autorización de la ley que concedería un aumento salarial a fiscales y funcionarios de la agencia gubernamental.
La carta enviada por la Junta alude a la Certificación 204 de la Ley 124-2023, lo cual está relacionado al procedimiento ordinario que conlleva la evaluación con la Oficina de Gerencia y Prepuesto (OGP) de toda aprobación de leyes nuevas que tengan un impacto económico al presupuesto gubernamental.
En el día de hoy, personal de la División de Presupuesto del Departamento de Justicia se comunicó con la JSF para solicitar que se aclare el contenido e intención de su comunicación. Estos respondieron que no se ha requerido al Departamento de Justicia información o documento adicional y que se debe hacer referencia a la observación que incluye su misiva, la cual dispone que la JSF se encuentra evaluando la Ley 134 -2023.
La jefa de los fiscales de Justicia se ha expresado en torno a la urgencia con la que la Junta debe atender el alza salarial, debido a que en los próximos días se vence el término para asegurar la partida presupuestaria a los fines de hacer cumplir la ley. Si la JSF no toma una decisión antes del 30 de junio, existe el riesgo de que el departamento pierda $5 millones de fondos designados para nómina. Esto pondría en riesgo la permanencia de funcionarios especializados y con vasta experiencia que todos los días trabajan para combatir la criminalidad y hacer justicia.
“En más de tres ocasiones, hemos solicitado a la JSF una reunión para aclarar cualquier duda de manera que puedan tomar una decisión ágil. Hemos provisto toda la información requerida y solicitamos que se atienda este asunto con la importancia y urgencia que amerita”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La reunión fue concedida a penas la semana pasada luego de varios señalamientos públicos y está programada para el 30 de mayo. Por lo que entendemos que la carta enviada por la JSF se notifica a destiempo e induce a error a nuestros funcionarios públicos.
“Reiteramos que el Departamento de Justicia cuenta con el dinero para poder sufragar el impacto fiscal en nómina que conlleva la Ley 134-2023 firmada por el Gobernador, y recabamos que se atienda el asunto con la urgencia y seriedad que amerita”, añadió la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González.
