La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le dio hasta el 17 de junio a la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (“OATRH”) para informarles cualquier movimiento relacionado a puestos en el gobierno bajo el Plan de Clasificación y Remuneración (PCR) del Gobierno Central, al tiempo que les ordenó paralizar gestiones relacionadas al estatuto.
En una carta con fecha del 3 de junio pasado, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica le planteó a la directora de OATRH, Zahira A. Maldonado Molina, que les había llegado información sobre movimientos de enmiendas al PCR. Específicamente, plantea cambios a la carta normativa sobre el PCR que se realizaron del 21 de febrero en adelante. Le recordó que “de conformidad con la Política de Revisión de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la Junta de Supervisión, establecida de conformidad con la Sección 204(b)(4) de PROMESA, cualquier regla “en conexión con o que tenga que ver con aspectos financieros del Plan Fiscal Certificado más reciente del Estado Libre Asociado” debe presentarse a la Junta de Supervisión antes de su emisión para su revisión y aprobación”.
Ante ello, le requirió que para el 17 de junio le presente “cualquier documentación o aprobaciones emitidas por la OATRH desde el 21 de febrero de 2023 hasta el presente en relación con cualquier enmienda a la Carta Normativa. 1-2023, incluyendo cualquier modificación a las reglas para implementar el Plan Uniforme, las nuevas estructuras salariales, grados salariales, clasificaciones de puestos, compensaciones y puestos de difícil reclutamiento”.
Además, le pidió a la funcionaria que cesara cualquier cambio a la carta normativa sobre el PCR que no sea consultado con la Junta. Mientras que se advirtió que la Junta se reserva cualquier acción para dejar sin efecto cambios relacionados al PCR.
Esta semana, el gobernador, Pedro Pierluisi le pidió a la Junta en la más reciente reunión pública que cesara de micromanejar el gobierno.
En abril pasado, la Junta exigió información del personal de confianza en el gobierno de Puerto Rico ante los informes sobre alzas salariales sin pedirle permiso al ente fiscal creado por la Ley federal PROMESA.
