Una marcha fue realizada frente al edificio World Plaza en la Milla de Oro en horas de la tarde del martes, donde fiscales, procuradores de menores, procuradores de familia y registradores de la propiedad del Ministerio Público de Puerto Rico exigieron a la Junta de Supervisión Fiscal que libere los fondos necesarios para implementar los aumentos salariales establecidos por la ley 134 del 2023.
La ley 134 – 2023 establece que “El Departamento de Justicia tendrá la autoridad para establecer el salario base aplicable a los Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares IV, Fiscales Auxiliares III, Fiscales Auxiliares II, Fiscales Auxiliares I, Procuradores de Menores y Familia y Registradores de la Propiedad, conforme a la revisión periódica de las escalas salariales que realice el Poder Ejecutivo.”
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La fiscal Marjorie Gierbolini, portavoz del Ministerio Público y fiscal de distrito de Ponce, explicó que, “La legislatura aprobó la ley 134 del 2023 y fue firmada por el gobernador el 11 de diciembre. Los fondos están identificados, pero la Junta de Supervisión Fiscal no quiere aprobar el desembolso de esos fondos. La ley 134 establece que el Departamento de Justicia tiene la autoridad para ajustar los salarios de los fiscales y otros funcionarios, según la revisión periódica de las escalas salariales por el Poder Ejecutivo.”
Gierbolini señaló que los fiscales no han recibido un aumento en más de 20 años, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal ha aprobado un reglamento que establece que los abogados de oficio ganen 80 dólares la hora, comparado con los 41 a 50 dólares la hora que reciben los fiscales dependiendo de su rango. La falta de aumentos ha llevado a muchos fiscales experimentados a dejar el Ministerio Público para trabajar en la práctica privada, donde pueden ganar significativamente más.
“Ahora mismo tenemos 81 vacantes en el Ministerio Público,” comentó Gierbolini. “Fiscales con años de experiencia se van porque pueden ganar el triple en la práctica privada. Esto representa una pérdida de inversión en adiestramiento y experiencia acumulada, obligando al gobierno a formar a nuevos fiscales, lo que es un gasto innecesario.”
Esta protesta marca una acción histórica para los fiscales, quienes no habían salido a la calle a pedir aumentos salariales anteriormente. Gierbolini explicó que, aunque los empleados públicos recibieron aumentos salariales bajo el nuevo plan de clasificación y redistribución, los fiscales quedaron fuera de este plan debido a que sus salarios son legislados.
“Entendíamos la situación económica del gobierno, pero ahora, con los fondos identificados, es injusto que no se nos incluya en los aumentos,” añadió.
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La marcha comenzó a las 3 de la tarde con decenas de participantes, incluyendo fiscales, procuradores de menores, registradores de la propiedad y procuradores de familia de todas las jurisdicciones de Puerto Rico. Mientras tanto, otros fiscales se quedaron atendiendo sus turnos y escenas para asegurar la continuidad de los servicios.
Los manifestantes reiteraron su llamado a la Junta de Supervisión Fiscal para que apruebe el uso de los fondos ya identificados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Justicia. “Si la Junta no autoriza el uso de esos fondos, no se pueden incluir en el presupuesto,” concluyó Gierbolini.
