La organización sin fines de lucro Hispanic Federation y las comunidades impactadas por los alquileres a corto plazo denunciaron alegadas fallas en el proceso legislativo y ausencia de enmiendas efectivas propuestas por la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico al Proyecto de la Cámara 1557 (PC 1557), que busca regular los alquileres a corto plazo (ACP) en Puerto Rico.
Según el grupo, a pesar de todos los reclamos de las comunidades impactadas y de tener ante si evidencia de los problemas causados por los ACP, la Comisión, nuevamente, recomendó la aprobación del PC 1557 con pocos cambios y sin integrar ninguna propuesta que atienda los impactos negativos y proteja el derecho a la vivienda de las personas que viven en Puerto Rico. Los grupos responsabilizan a la Comisión por ignorar sus reclamos y se oponen firmemente a la aprobación del PC 1557.
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“Insistimos que el PC 1557, según propuesto, legalizaría la no regulación de los ACP y no debe ser aprobado. Carece de justicia y balance. Siguen protegiendo los intereses de unos pocos, sin atender con responsabilidad la realidad de lo que está pasando en nuestras comunidades. Reiteramos el llamado a la legislatura de atender con urgencia las necesidades de las comunidades que los eligieron”, sentenció Yvette Díaz Marchán, residente de la Urbanización Villa Dos Pinos en San Juan.
Aunque la Comisión tuvo ante sí ponencias, estudios, y comentarios que señalaban las deficiencias del PC 1557 y recomendaciones contundentes para atenderlas, no adoptaron cambios que atendieran dichas deficiencias.
“Esto es una burla. Este proceso de vistas públicas fue proforma. Al final dejaron el PC 1557 prácticamente igual que antes sin responder a ninguna de nuestras preocupaciones. Los impactos negativos de desplazamiento, precarización de la calidad de vida y el encarecimiento de los servicios a los residentes locales están evidenciados en investigaciones, informes participativos y un manifiesto comunitario que los legisladores no pueden ignorar. Las comunidades no estamos inventando la crisis que confrontamos con esta actividad y los legisladores no deben abdicar su responsabilidad de atenderla.” afirmó Mariana Reyes Angleró, directora ejecutiva de Taller Comunidad La Goyco.
El pasado mes de abril, cuando el Senado de Puerto Rico se propuso pasar el PC 1557 por descargue y sin vistas públicas, fueron las comunidades quienes forzaron que se devolviera a Comisión. Esto, con la esperanza de que la legislatura cumpliría con su responsabilidad de celebrar vistas públicas y armonizar las oportunidades económicas del negocio de los ACP con la necesidad de proteger la vivienda asequible y calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, estas mismas comunidades reclaman que, aunque muchas de ellas y varios expertos en el tema solicitaron turnos, la Comisión celebró sola una vista pública con pocos invitados a participar. Además, solo dos de los catorce miembros de la Comisión estuvieron presentes durante la vista.
“Es indignante e inaceptable que luego de tanto trabajo dirigido a lograr un proyecto comprensivo y balanceado para regular este creciente sector económico, las propuestas y las preocupaciones de las comunidades hayan caído en oídos sordos. El hecho de que todavía insistan en regular los ACP como una actividad residencial, cuando claramente esa clasificación no responde a la realidad del negocio, muestra la falta de voluntad política para atender este problema,” expresó Charlotte Gossett-Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.
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Hispanic Federation, en su ponencia ante el Senado, expresó que la clasificación residencial de los ACP permite la ubicación de un uso comercial incompatible con zonas residenciales sin los debidos procesos y evaluaciones de planificación. Sin embargo, la comisión mantuvo su clasificación residencial con la única excepción de un anfitrión que tiene más de seis ACP en una propiedad que ubica en una zona de uso residencial exclusivo, solo entonces se considerará un uso comercial prohibido en dicha zona. Según los grupos, esta excepción no hace nada para limitar la proliferación y acaparamiento de los ACP.
A su vez, la Asociación de Titulares de Condominios reclama que la clasificación residencial ignora y no atiende la situación crítica que día a día viven los titulares en propiedades sujetas a la Ley de Condominios, al tener que confrontar e injustamente costear una actividad turística comercial en sus edificios residenciales. “La clasificación residencial propuesta por la legislatura permite ubicar ACP para turistas en condominios que, conforme a su escritura matriz, están destinados a un uso residencial. Esto, atenta contra el derecho al uso y disfrute de la propiedad de cientos de miles de titulares que adquirieron sus apartamentos descansando en la naturaleza residencial no turística del condominio. A su vez, impone cargas económicas de mejoras y mantenimiento no prioritarias para el uso residencial a residentes vulnerables, como personas retiradas con ingreso fijo,” afirmó Ivette M. Pérez Reilova, de la Asociación de Titulares de Condominios.
Díaz Marchán concurrió con que así mismo ocurre en las comunidades que tienen condiciones restrictivas de uso residencial exclusivo. “Nos quieren poner un negocio turístico en comunidades donde se establecen domicilios, se constituyen hogares y donde vivimos en comunidad.”
La única otra enmienda significativa fue respecto al “room tax” en la cual la Comisión se limitó a redistribuir el 7% que actualmente cobra la Compañía de Turismo para asignarle 3% a los municipios para que fiscalicen la industria. El rechazo de la legislatura a aumentar el “room tax” en efecto anula todo esfuerzo real o intento de fiscalizar los ACP efectivamente en Puerto Rico dado que al momento la Compañía de Turismo no ha podido fiscalizar esta actividad comercial con el 7% que tiene asignado. De no robustecerse la fuente de fondos para la fiscalización, la ley sería letra muerta insistieron Hispanic Federation y las comunidades.
Además, reclaman que el PC 1557 delega facultades a los municipios que son insuficientes para proteger el derecho a la vivienda, cohesión comunitaria y carácter residencial de las comunidades impactadas por los ACP en su jurisdicción. Tampoco establece criterios para proteger los bienes de dominio público, las zonas históricas y las tierras de alto valor ecológico y agrícola. Inclusive, el proyecto de ley no establece mecanismos de participación ciudadana ni garantías robustas de acceso a la información pública. Señalan, que el proyecto no sigue las mejores prácticas de otras jurisdicciones. Por ejemplo, obligar a todas las plataformas digitales que mercadean ACP a registrarse y dar acceso a la data necesaria para fiscalizar la industria.
Ante los pocos días que quedan de la sesión legislativa, las comunidades y organizaciones aliadas permanecerán alertas para defender el bienestar de todos los que viven en Puerto Rico.
