Un proyecto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que busca reanudar las solicitudes al incentivo económico para la clase médica cada cuatro años podría impactar el fisco por $100.8 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), organismo que mide el efecto fiscal de cada propuesta legislativa.
La potencial Ley para la Permanencia de los Incentivos a Clase Médica de Puerto Rico, que propone el Proyecto de la Cámara 2073, busca “darles certeza y recurrencia a las peticiones de nuevos decretos” a médicos para brindarles oportunidades de beneficiarse de las disposiciones de la Ley 60 de 2019, también conocido como el Código de Incentivos de Puerto Rico. La legislación enmendaría el Código, que establecía que los médicos elegibles tenían hasta el 30 de junio de 2022 para solicitar decretos.
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La propuesta, referida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara en marzo, plantea comenzar a recibir solicitudes al incentivo cada cuatro años desde junio de 2024, inmediatamente tras la aprobación de la medida.
No obstante, la directora de dicha comisión, Maritere Vagnetti, sostuvo que están en espera de los memoriales explicativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, mientras que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) respondió que no tienen injerencia en el tema, por lo que defirió a la OGP y al DDEC.
“Ahora mismo, al ser un impacto fiscal grande, traemos estos puntos en reunión con la Junta de Supervisión Fiscal. El presupuesto está comprometido en casi todos sus renglones, pero si la junta dice que hay espacio para que se pueda dar, se hace”, dijo la directora ante preguntas de probabilidad de aprobarse la medida, pese a altas pérdidas proyectadas.
Mediante el Sustitutivo de la Cámara a la Resolución Conjunta de la Cámara 624, este cuerpo legislativo asignó poco más de $13 millones del Fondo General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2025. Este presupuesto, ahora, está bajo evaluación del Senado de Puerto Rico.
“Este jueves, el Senado la debe aprobar para aquí, en Cámara, ver las enmiendas y ver si concurrimos o no. Entendemos que va a ir al comité de conferencia”, indicó Vagnetti.
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El informe de OPAL resalta que, hasta 2022, hubo 4,936 médicos cualificados que recibieron el decreto, cuyo gasto tributario ascendió a $269.1 millones. Si con esta ley propuesta solicitan alrededor de 1,962 médicos — de un universo de 3,255 profesionales sin decretos —, la organización estima un efecto fiscal de $105.7 millones en 2024.
Al considerar el efecto fiscal por concepto del impuesto sobre ventas y uso (IVU) y arbitrios (que sería alrededor de $5 millones), el efecto neto alcanzaría $100.8 millones. El análisis proyecta que el costo neto podría ascender hasta $103.8 millones en 2027.
“El estimado fluctuaría en una pérdida neta por concepto de recaudos por concepto de contribución sobre ingresos de entre $99.1 y $103.8 millones en el Fondo General entre los años contributivos 2024 al 2027″, establece el análisis del equipo de contables, economistas y abogados que componen la OPAL.
Los beneficios contributivos que ofrece la Ley 60 bajo el capítulo de Médico Cualificado son una tasa fija preferencial de ingresos de 4 %, dividendos emitidos por negocio de servicio médico 100 % exentos de contribuciones hasta un tope de $250,000 y el período de exención será 15 años con posibilidad de extender por 15 años adicionales, para un total de 30 años.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
