El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, hizo públicos los reclamos de los alcaldes que están recibiendo las quejas de la ciudadanía por los daños a los enseres eléctricos domésticos, a causa de las fluctuaciones del fluido eléctrico.
Hernández Ortiz señaló, como abogado, que LUMA Energy es un contratista del gobierno central, “que es a quien le toca decir cuál es el proceso de los ciudadanos ante los daños de enseres. ¿Cuál es la política pública? Toda la infraestructura es de la AEE. Esta administración del Partido Nuevo Progresista ha sido consistente apoyando las expresiones de LUMA Energy en muchas instancias, ¿apoya ahora la propuesta de aumentar la factura para pagar enseres dañados?
PUBLICIDAD
“Los ciudadanos más pobres de nuestros pueblos, los retirados, los que no llegan a fin de mes tienen ahora este nuevo problema causado por la ineficiencia de LUMA. ¿Dónde están las agencias que supone que regulen a la privatizadora?”, cuestionó el también alcalde de Villalba.
A la actual crisis se suma la salida de LUMA Energy del general Juan José Reyes, en plena temporada de huracanes. “El pasado miércoles Reyes estuvo con nosotros en la Asociación de Alcaldes acompañando al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, para discutir los detalles de la crisis energética. Su salida agrava la situación porque ahora desconocemos si su salida obedece al mal manejo del traslado del transformador hacia el sur o de una diferencia de criterio entre Reyes y LUMA. El país merece saber la verdad y los alcaldes necesitamos saber con quién manejaremos esta y las crisis venideras”.
Lo que Saca propone es que el Negociado de Energía apruebe otro aumento en la factura de la luz, para cubrir el costo de los enseres dañados, mientras que la segunda opción implica seguir un proceso similar al que existía bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Al ser cuestionado por la prensa sobre si la ciudadanía debe acostumbrarse a un servicio inestable por más de un año, Saca respondió que “nadie se debe acostumbrar a sufrir por cinco años, ni cuatro años, ni dos años, ni un año, ni medio año. Que eso yo lo entiendo, lo comprendo. Lo he vivido en carne propia”. Hernández Ortiz se hizo eco de los reclamos de los primeros ejecutivos municipales que reclaman acciones concretas, no generalidades.
Así lo constató Wanda Soler Rosario, alcaldesa de Barceloneta, quien expresó que “la fragilidad e ineficiencia del sistema energético del país mantiene en estado de desesperación a las familias, en especial aquellas donde algún componente del núcleo familiar depende del sistema para mantenerse con vida. Es necesario que los problemas del sistema se resuelvan a la mayor brevedad. Nosotras, las alcaldesas y alcaldes, siempre estamos en la mejor disposición de establecer alianzas y acuerdos colaborativos conforme lo dispuesto en el Código Municipal y que en efecto beneficien a la gente”.
Mientras, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, señaló que “nuestra mayor preocupación es por cuánto tiempo más debemos esperar para que se estabilice el servicio eléctrico en Puerto Rico. El discurso público era que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era ineficiente y cara, y que había que privatizar. Resulta que ahora la situación es peor, el servicio es más costoso e ineficiente, las querellas no son atendidas con prontitud y experimentamos relevos de carga de forma continua, lo que a su vez afecta el bombeo de los pozos que suplen el agua potable. De igual forma, los ciudadanos se quejan de problemas de fluctuación de voltaje en diversos sectores, dañando enseres domésticos y equipos comerciales e industriales. Esto es totalmente inaceptable”.