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Nuevo llamado a la educación de equidad para combatir la violencia contra la mujer

Ya van trece feminicidios íntimos en lo que va de año en el archipiélago.

Los casos de violencia de género continúan estremeciendo a Puerto Rico. / getty
Epidemia. Los casos de violencia de género continúan estremeciendo a Puerto Rico. / getty (Serghei Turcanu/Getty Images/iStockphoto)

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Tras registrarse el decimotercer feminicidio íntimo en lo que va de año, expertas en temas de equidad de género reafirmaron el llamado de establecer la educación de perspectiva de género para combatir la desigualdad que viven las mujeres en la isla.

El incidente más reciente se produjo en Yabucoa, donde Stephanie Santiago Laureano, de 25 años, fue asesinada a golpes con un marrón en su residencia, presuntamente por su pareja, Ángel Santiago Cruz, de 31 años.

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Los datos del Observatorio de Equidad de Género (OEG), establecen que este año se han registrado 32 casos de feminicidios, que incluyen feminicidios íntimos y no íntimos, asesinatos de mujeres transgénero y otros casos que continúan bajo investigación.

La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, activista y exdirectora de Proyecto Matria, insistió en que se debe “persistir e insistir en la idea de una educación para la equidad”.

En una entrevista con Metro Puerto Rico, la experta en temas de violencia de género expresó que, independientemente del nombre que se le atribuya a este tipo de enseñanza, se debe atender la situación de “desigualdad que viven las mujeres”.

“Esa educación para la equidad tiene que darse no solamente en el sistema de educación pública, tendría que darse a todos los niveles por que las personas adultas también pueden empezar y también pueden tener cambios de conducta. Eso se llama prevención primaria”, estableció Pagán Jiménez..

Asimismo, agregó que el gobierno debe invertir en medidas para la prevención, equidad y desarrollo de mujeres, desde prevención primaria hasta la secundaria, que da cuando hay una estructura de agencias de gobierno y organizaciones están listas para identificar banderas de alerta y actuar.

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“Tendríamos que tener también un sistema de justicia que reconozca el pensamiento machista que hay a su interior y también en el manejo de los casos. Esas personas agresoras que muchas veces salen de la cárcel o pasan por programas de desvío como si no hubieran pasado por ningún lado, viven esa experiencia porque en el sistema no hay un convencimiento de que tiene que haber un cambio en la manera de actuar y en el pensamiento de las personas agresoras”, puntualizó.

La licenciada reiteró en el constante cuestionaiento sobre la eficiencia de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (PRRPA) o Desvío, luego que agresores que formaron parte del programa, reincidieron y acabaron con la vida de múltiples víctimas.

Como son los siguientes casos de feminicidios: Andrea Ruiz Costas, Linnette Morales Vázquez —junto a su hermano, Luis Miguel Morales y su madre, Lizzette Vázquez Vélez—, Jackeline Santiago Rodríguez. En estos incidentes, los victimarios formaron parte de los programas de Desvío.

“Ves que es un tema discusión en las pasadas semanas y meses el fracaso de los programas de desvío, no solamente por el feminicidio que fue tan notorio, sino porque es algo que se ha estado señalando desde las organizaciones. No hay evidencia de que esos programas de alguna manera reformen a las personas agresoras”, aseveró, tras mencionar el escándalo sobre Hérmes Ávila Vázquez, quien logró engañar al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Ávila Vázquez fingió ser parapléjico para lograr salir de un sentencia de 122 años por un asesinato previo en el 2005; una vez logrado su cometido, asesinó a otra mujer, Ivette Joan Meléndez Vega.

Por su parte, la exprocuradora interina de la mujer, la Lcda. Carmen Lebrón, manifestó que este no es una problemática que le corresponde únicamente al gobierno.

“Este es un problema no solo del gobierno, sino de todos y todas las que estamos familiares, los que trabajamos en esto, todos tenemos gran responsabilidad en llevar el mensaje y ayudar a todas las mujeres para que busquen ayuda, para que se acerquen a buscar los servicios, servicios en organizaciones sin fines de lucro”, indicó.

También, argumentó que se debe analizar la legislación de armas.

“Estas armas son la mayoría legales, que por eso es que se habla de restringir la legislación porque la mayoría de las muertes que se hacen con armas de fuego son armas legales, no ilegales”, informó.

La Lcda. Pagán Jiménez agregó que existe un problema de machismo estructural dentro de la Policía.

“Desde el año 2011, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal hizo un informe sobre la policía de Puerto Rico y señaló específicamente que había un problema de machismo estructural dentro de la policía de Puerto Rico y que eso hacía que manejaran mal los casos de violencia doméstica y que no estuvieran recogiendo estadísticas de agresión sexual de manera adecuada […] Así que tenemos un cuerpo policíaco que estructuralmente es machista y donde los agentes del orden público —que se supone que intervengan en los casos— piensan como los agresores, lo que explica, además, por qué también son agresores y son feminicidas y esos casos se quedan sin investigar cuando se refieren o alguna mujer saca el valor para ir a denunciar un policía que es un agresor de violencia doméstica”, aseveró.

Feminicidios en lo que va del año

El primer feminicidio del año ocurrió en Toa Alta el 8 de enero del 2024, contra Ada Torres Morales de 75 años. Torres Morales murió a manos de su esposo Manuel Santiago Alvarado de 65 años quien posteriormente se suicidó. Según la investigación, los hechos ocurrieron luego de una discusión entre la pareja donde el hijo de la pareja también falleció tras ser herido de bala por su padre.Por estos hechos,  también resultó herida su vecina, Limarie Esquerdo del Valle de 26 años. Esta falleció el 5 de junio en el hospital.

Posteriormente, el 11 de enero en Toa Baja murió Moraida Rivera Emerson, donde su pareja identificado como Manuel Maldonado Marrero, le disparó y luego se suicidó. La pareja había comenzado a convivir dos semanas antes, tras casi un año de relación.

El 23 de enero en Cabo Rojo, Milka Ivette Méndez Pérez, fue encontrada sin vida con una herida de bala con escopeta en el pecho. Su esposo, identificado como Kelly Felipe Toro Martínez, dijo que la mujer había cometido suicidio, sin embargo, la policía indicó que la escena no era compatible con esta alegación. Toro Martínez quien fue arrestado es el sospechoso del caso.

Un día después, el 24 de enero murió Linnette Morales Vázquez de 30 años. En una trágica escena ocurrida en Yauco donde también murió su madre Lizette Vázquez Vélez. En el incidente también murió el hermano de Morales Vázquez, Luis Miguel Morales Vázquez. Los hechos ocurrieron cuando Wilfredo Hiram Santiago, quien tenía historial delictivo por violencia de género con otras parejas asesinó a Morales Vázquez y posteriormente se suicidó. Este violó una Orden de Protección y ese mismo día tuvo una vista preliminar del caso en su contra. PSAJ recomendó imponer supervisión electrónica – pero la juez no la impuso y posteriormente ocurrieron los hechos.

El 4 de marzo se registró el séptimo feminicidio en Aguada donde la maestra Marisol Muñiz González, de 60 años, murió abatida a tiros por Luis Alberto Valle González, de 65 años, con quien mantenía una relación reciente. El hombre se suicidó en el lugar con el arma homicida para la cual contaba con licencia.

El 4 de abril ocurrió el octavo feminicidio en Corozal. Allí Jennifer Marrero Pérez, de 35 años, fue asesinada de un disparo en la frente por su expareja Abimalec Montesinos Santiago, de 30 años.

El 14 de abril, Jackeline Santiago Rodríguez, de 38 años, llegó hasta un cuartel municipal de Morovis para pedir ayuda, pero hasta allí llegó con ella su pareja, Luis Cruz Santiago, quien le disparó mortalmente. El retén disparó al hombre, que luego fue arrestado. Cruz Santiago era participante de programas de desvío por un caso previo con otra pareja de Ley 54.

En la madrugada del 21 de abril, las autoridades encontraron el cuerpo de  Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en la zona de Los Tubos de Manatí. Su cuerpo estaba semi-desnudo. La mujer fue degollada y apuñalada en la cabeza.

El 22 de mayo, Reinilda Cedeño Álvarez de 45 años, fue asesinada en el interior de su vehículo frente al hospital Manatí Medical Center. Ella transitaba por la zona hacia su trabajo cuando un Jeep se le atravesó en el camino del cual salió un hombre, que resultó ser su expareja, quien comenzó a golpear los cristales. La conductora comenzó a retroceder, pero de inmediato el hombre desenfundó un arma de fuego con la que le disparó, asesinándola en la escena. El feminicida fue identificado como Raúl Robles Miranda, de 57 años, quien se suicidó allí mismo.

Un día después, el 23 de mayo, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la joven Mariel Crystal Ocasio Seda, de 23 años, en un risco del barrio Candelaria en Toa Baja. Un hombre que cumple una probatoria federal por carjacking, identificado como Ramfel Álamo Rivera, habría confesado a las autoridades que le quitó la vida a la joven luego de una discusión tras compartir con ella en un motel en el área de Carolina.

El 28 de mayo, Jessenia Cruz Robles de 38 años fue asesinada en su residencia en Morovis por una herida de bala en el pecho. Su expareja también presentaba una herida y dijo inicialmente que un rifle se le había disparado accidentalmente. La Policía indicó que su versión no era compatible con la evidencia.

Mientras que el 20 de junio, Stephanie Santiago Laureano, de 25 años, fue asesinada en su residencia en Yabucoa mediante golpes con un marrón por su pareja, Ángel Santiago Cruz, de 31 años. El hombre, quien tenía querellas previas por violencia doméstica, fue arrestado.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera del área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676

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