La demolición de estructuras ilegales en la Reserva de Investigación Estuarina Bahía de Jobos comenzará el lunes, 24 de junio, informó la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega.
La primera estructura en ser demolida será la de la parcela 41.
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“El equipo de trabajo y yo logramos que las invasiones a ese importante recurso ecológico se detuvieran finalmente luego de décadas y cuando las esperanzas parecían perdidas. No hay crimen ambiental pequeño y todos deben ser perseguidos. El pueblo ha ido creando conciencia ambiental y es nuestro mejor aliado para proteger los recursos naturales,” afirmó Rodríguez Vega en declaraciones escritas.
El plan de demolición, que gerenciará una compañía contratada por el Municipio de Salinas y que fue aprobado por el DRNA, busca proteger de daños mayores la zona ya impactada por las construcciones ilegales y garantizar que pueda ser reinstaurada a su estado natural.
Los costos en que incurran las autoridades deben ser reembolsados por las personas que se apropiaron ilegalmente de esos terrenos del pueblo de Puerto Rico.
Personal técnico del DRNA y el Cuerpo de Vigilantes, junto a la comandancia policiaca de Guayama y el distrito de Salinas, la policía municipal de Salinas, Manejo de Emergencias estatal y municipal de Salinas, bomberos y Emergencias Médicas, estarán presentes en el sector y coordinarán la protección de las personas antes de comenzar las obras.
El plan de trabajo de la Policía establece un perímetro para que los trabajos de demolición se lleven a cabo sin peligro para las personas y propiedades cercanas, prevención, control de tránsito, seguridad de los trabajadores y cumplimiento de la orden judicial.
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El pasado 3 de junio, el juez José D’Anglada Raffucci, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, desestimó una moción de reconsideración presentada por los alegados dueños de las estructuras en Bahía de Jobos de la sentencia del 6 de febrero de este año que determinó que esos terrenos son propiedad del DRNA.
La sentencia contra una docena de invasores obligó el desalojo de esas personas, la demolición de las estructuras ilegales, su demolición y la restauración de la zona impactada a costo de los demandados por el DRNA.
