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Comienza demolición de estructuras ilegales en Bahía Jobos

El plan de demolición busca proteger de daños mayores la zona impactada por las construcciones ilegales

Demolida la primera estructura de Bahía Jobos.
Salinas. Demolida la primera estructura de Bahía Jobos. (Suministrada.)

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La demolición de estructuras ilegales en la Reserva de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en el Camino del Indio, sector Las Mareas, en Salinas, comenzó ayer.

“En el día de hoy es un lote con varias estructuras, entre ellas un muelle, así que vamos a ver qué se comienza con esa demolición. Aquellos que pensaban que no se iba a hacer nada tras las denuncias ciudadanas […] y que se seguían construyendo, y expandiendo dentro de los predios de las reservas, pues se equivocaron”, dijo la secretaria del Departamento de Recursos Ambientales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega en entrevista con Radio Isla 1320AM.

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“El Departamento sí hizo lo que le correspondía, llegó a las últimas consecuencias sin violentar los derechos de nadie, sino que hubo un trámite administrativo que cogió tiempo, hubo un trámite judicial que tomó tiempo también, pero estuvimos muy pendientes sobre este y otros casos para llegar a las últimas consecuencias, hasta que el tribunal nos da la razón de que eran terrenos que le pertenecían al pueblo de Puerto Rico y que allí no había autorización para construcción alguna y correspondía la demolición. Y hoy vemos que comienza la demolición de esto”, agregó, quien resaltó que la primera estructura en ser demolida sería la de la parcela 41.

Según explicó Rodríguez Vega, el municipio de Salinas tendrá a su cargo realizar y costear la demolición. Además, fueron los encargados de contratar la compañía que se encargará de la misma.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama establece que el ayuntamiento deberá solicitar un reembolso por los trabajos a los dueños de la propiedad que se apropiaron ilegalmente de esos terrenos del pueblo de Puerto Rico, lo que equivale entre $20 mil y $50 mil dólares.

Personal técnico del DRNA y el Cuerpo de Vigilantes, junto a la comandancia policiaca de Guayama y el distrito de Salinas, la policía municipal de Salinas, Manejo de Emergencias estatal y municipal de Salinas, bomberos y Emergencias Médicas, estarán presentes en el sector y coordinarán la protección de las personas antes de comenzar las obras.

El plan de trabajo de la Policía establece un perímetro para que los trabajos de demolición se lleven a cabo sin peligro para las personas y propiedades cercanas, prevención, control de tránsito, seguridad de los trabajadores y cumplimiento de la orden judicial.

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El pasado 3 de junio, el juez José D’Anglada Raffucci, del TPI de Guayama, desestimó una moción de reconsideración presentada por los alegados dueños de las estructuras en Bahía de Jobos de la sentencia del 6 de febrero de este año que determinó que esos terrenos son propiedad del DRNA.

La sentencia contra una docena de invasores obligó el desalojo de esas personas, la demolición de las estructuras ilegales, su demolición y la restauración de la zona impactada a costo de los demandados por el DRNA.

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, confirmó durante la mañana del lunes, que comenzó la demolición de la primera estructura ilegal en la zona.

“En la mañana de hoy, tal como determinó el Tribunal de Guayama, comenzó la demolición de la propiedad del ciudadano Miguel Flores, denominada parcela 41. El Municipio de Salinas realiza el proceso con personal y equipo propio. Ya se acordó con la representación legal de Flores que el ciudadano pagará los $18,500 invertidos en la demolición. Con relación a las demás propiedades en la zona, cada caso se está viendo en los tribunales”, dijo la alcaldesa en declaraciones escritas.

El plan de demolición, que gerenciará una compañía contratada por el Municipio de Salinas y que fue aprobado por el DRNA, busca proteger de daños mayores la zona ya impactada por las construcciones ilegales y garantizar que pueda ser reinstaurada a su estado natural. Los costos en que incurran las autoridades deben ser reembolsados por las personas que se apropiaron ilegalmente de esos terrenos del pueblo de Puerto Rico.

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