Luego que la semana pasada el Senado rechazó el Proyecto de la Cámara 1557, que buscaba regular los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, Carlos Muñoz, director de Política Pública y Asuntos Gubernamentales de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, lamentó la decisión y estableció que este sector de turismo carece de “una buena ley”, pero que la propuesta para que todos los alquileres a corto plazo se consideren una actividad comercial sería inaceptable.

Muñoz detalló en entrevista exclusiva con Metro al Mediodía que se trata de una “pérdida para el turismo puertorriqueño”.

Según el ejecutivo, el proyecto concebía una diferenciación entre personas que ejecutaban actividad comercial y una actividad lucrativa. Esto, se define por la cantidad de listados o listings de ofertas o de propiedades.

“El proyecto concebía una diferenciación entre personas que realizaban la actividad menos de seis listenings/ofertas en la plataforma versus aquellas personas que tienen más de seis como lo establece hoy día […] si uno alquila de seis para abajo se considera un alojamiento a corto plazo, de seis para arriba ya estamos hablando de otro tipo de actividad que conlleva otro, otro nivel de regulación. Ya puede considerarse una posada, un parador, un pequeño hotel, etc […] lo que no podemos aceptar es una clasificación plena de la actividad como actividad comercial”, estableció Muñoz.

El directivo de Airbnb planteó que hay muchísimas personas que generan ingresos extra hospedando a personas en sus residencias o en segundas propiedades, pero que esto no es un modelo comercial como un hotel. A su juicio, la propuesta para una clasificación total de actividad comercial busca como fin práctico prohibir todos los alquileres a corto plazo.

“Se pudo haber implementado una serie de medidas importantes para regular a un sector que carece de una buena ley, de una buena regulación para organizarse, formalizarse. […] muchos dentro de la comunidad de anfitriones puertorriqueños vienen pidiendo (la regulación), muchos de ellos quieren responsablemente cumplir con la ley, saber que están operando legalmente, pagar sus impuestos. […] Así que lo consideramos muy, muy lamentable el hecho que el proyecto se haya caído”, aseveró a Metro Puerto Rico.

Asimismo, agregó que este proyecto que lleva trabajándose por dos años en el Senado de Puerto Rico y en la Cámara de Representantes, se llevó a cabo con un proceso bastante inclusivo. Esto, “a pesar de los comentarios hechos”, manifestó.

“Dos o tres vistas públicas en Cámara, una vista pública en Senado, varias enmiendas que se le hicieron, participaron muchos grupos de base, muchas asociaciones, los condominios, los paradores, la asociación de hoteles, la industria a través de Airbnb […] Así que realmente es un proyecto que recogió el las perspectivas de de muchos grupos diversos y y lo consideramos un desaprovecho para Puerto Rico”, argumentó.

El proyecto, elaborado por el representante, José Rivera Madera tuvo varias enmiendas en el Senado y fue derrotado con los votos de legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueña (PIP) y Partido Nuevo Progresista (PNP).

Organizaciones como Hispanic Federation plantearon en el proceso legislativo que la clasificación residencial de los alquileres a corto plazo permite la ubicación de un uso comercial incompatible con zonas residenciales sin los debidos procesos y evaluaciones de planificación.

Regulaciones por municipio para los alquileres a corto plazo

Esta decisión, deja abierta que los municipios ejecuten regulaciones propias. Ante esto, Muñoz, puntualizó que “no hay necesidad de que en Pueto Rico hayan distintas reglas de juego”.

Recomendó tener un sistema administrativo simplificado, “donde los municipios pueden depender de que el Estado organice al sector y los municipios ayuden con la fiscalización localmente”.

“Proyecto invitaba a que los municipios participaran en la fiscalización de cualquier violación de los estándares o de los requisitos de la ley y que los de los mismos municipios se pudieran dejar las multas que generaban a base de esa fiscalización. Así que iban a jugar un papel muy importante en este modelo para garantizar sana convivencia en las comunidades, estándares de seguridad para los huéspedes y una organización plena del sector. Y, lamentablemente, todo eso se ha perdido por una insistencia en la clasificación comercial de la actividad para poderla prohibir en Puerto Rico”, concluyó.

Podrás ver la entrevista este mediodía en las plataformas de MetroPR.