El exsenador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, acusó al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli de “lavarse la cara” y cambiar la percepción del país sobre la actual administración en cuanto al trabajo que se han realizado contra la corrupción.
Nazario es uno de los demandados por el Departamento de Justicia, para el cobro de dinero contra convictos por corrupción pública en la isla.
“Yo ni les cogí dinero del pueblo de Puerto Rico, ni me hice rico, ni me he hecho rico, vuelvo y te repito trabajé dieciséis años por $1,500 como alcalde, sirviéndole al pueblo, por eso el pueblo me respeta. El secretario de Justicia puede hacer lo que quiera, está lavándose la cara ahora que ya está de salida. No ha acusado ni a un solo alcalde ni legislador por el Departamento de Justicia. Entonces el gobierno federal hizo el trabajo y ahora quiere llevarse escapularios ajenos para de salida hacer un espectáculo”, expresó Nazario en entrevista con TeleOnce.
Nazario quien ya se encuentra fuera de prisión, se declaró culpable en agosto del 2022 por desviar fondos públicos mediante el uso de empleados fantasmas. Esto mientras era el alcalde del municipio de Yauco y así beneficiar su campaña para el Senado. Este fue arrestado en dos ocasiones, la segunda fue en el 2019 y fue acusado junto a otras siete personas de un cargo por robo o soborno en relación con programas que reciben fondos federales.
En el día de ayer, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó el martes a más de treinta convictos por corrupción, en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.
Justicia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo”, añadió Emanuelli Hernández.
El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de las sentencias, incluyendo embargos y prohibiciones de enajenar bienes. Esta medida se alinea con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi para combatir la corrupción y garantizar la seguridad y justicia en la administración pública.
Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp, en un esfuerzo integral por recuperar los fondos públicos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
