El abogado, Osvaldo Carlo Linares, explicó en la mañana del miércoles que existe un impedimento colateral para que las demandas que presentó el Departamento de Justicia (DJ) contra más de 30 convictos por corrupción prospere, ya que las sentencias que recibieron en el foro federal incluyen la restitución del dinero.
“Estamos hablando de personas que son convictos federales, que como parte de la sentencia que le impuso el tribunal, está la restitución. O sea, el dinero que entendían los federales que ellos se apropiaron ilegalmente, lo tienen que devolver en virtud de su sentencia. El Estado ya cuenta con una sentencia para poder cobrar el dinero”, explicó el licenciado en entrevista con el programa “Pega´os en la mañana” de Radio Isla 1320AM.
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“Cuando tú tienes ya una sentencia, y esa sentencia trata sobre lo mismo de un asunto que tú radicas en otro tribunal, pues está el hecho de que es una sentencia que colateralmente impide otra acción de cobro”, agregó.
Por su parte, el titular de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, dijo en el mismo espacio radial que existe la posibilidad de que no se pueda cobrar el dinero a nivel local, pero que hará “todo lo posible” para que se le devuelva los más de $30 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico.
“Yo comprendo esa posición de los amigos que nos escuchan. Si el temor es que no se pueda cobrar, es una realidad que pudiera existir. Pero yo por ese temor no puedo dejar que 30 corruptos se vayan con 30 millones de pesos. Hay que hacer todo lo posible para cobrarlos”, puntualizó el secretario del DJ.
Ayer, martes, Emanuelli Hernández anunció la radicación de demandas contra 30 encarcelados por corrupción, en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia en conferencia de prensa.
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El DJ presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, fundamentadas en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos.
Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo”, añadió.
El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de las sentencias, incluyendo embargos y prohibiciones de enajenar bienes.
Reacciona secretaria auxiliar de Justicia
La secretaria auxiliar de lo civil del Departamento de Justicia (DJ), la licenciada Susana Peñagarícano Brown, envió unas declaraciones escritas a Metro Puerto Rico explicando la razón por la que “no aplicaría la doctrina de doble exposición”.
“La pena de restitución en un proceso criminal federal no impide de ninguna forma que el Departamento de Justicia de Puerto Rico reclame una indemnización, mediante acciones civiles en los tribunales de la Isla, por el daño causado al pueblo puertorriqueño por parte de convictos por corrupción. Los casos presentados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico son acciones civiles remediales y diferentes a las acciones criminales presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos en el foro federal. Las penas impuestas a nivel federal en nada indemnizan el daño económico al Gobierno de Puerto Rico”, comenzó diciendo Peñagarícano Brown.
Continuó: “Tampoco aplicaría la doctrina de doble exposición, pues el Departamento de Justicia de Puerto Rico no está encausando criminalmente a los demandados en el foro estatal. Las acciones del Departamento de Justicia son de naturaleza civil y remedial. El Código Anticorrupción, bajo su artículo 5.2, nos faculta a reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico”.
