WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema le dio la razón el miércoles a la administración del presidente Joe Biden en una disputa con estados gobernados por republicanos, sobre cuán lejos puede ir el gobierno federal para combatir mensajes controversiales en redes sociales sobre temas como COVID-19 y la integridad electoral.
Por seis votos contra tres, los magistrados desestimaron fallos de instancias menores a favor de Luisiana, Missouri y otros participantes que denunciaron que la administración demócrata presionó a las plataformas para que supriman inconstitucionalmente puntos de vista conservadores.
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La magistrada Amy Coney Barrett, escribiendo por la mayoría, dijo que los denunciantes no tenían el derecho legal de demandar. Los magistrados Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas disintieron.
La decisión no debe afectar al usuario común de las redes sociales ni los contenidos que deseen publicar allí.
Es uno de varios casos que el máximo tribunal está evaluando este período y que tienen que ver con la libertad de expresión en las redes sociales. En febrero, la corte escuchó argumentos sobre leyes aprobadas por republicanos en Florida y Texas que le prohíben a las compañías de redes sociales eliminar mensajes en base a los puntos de vista que expresan. En marzo, la corte publicó estándares bajo los cuales un funcionario público puede bloquear a un seguidor suyo en las redes.
Los casos sobre las leyes estatales y el que fue decidido el miércoles son variaciones sobre el mismo tema: las acusaciones de que las redes sociales censuran puntos de vista conservadores.
Los estados habían argumentado que el departamento de comunicaciones de la Casa Blanca, el director nacional de salud pública, el FBI y la agencia estadounidense de ciberseguridad están entre quienes ejercen “presión implacable” contra las redes sociales para cambiar sus contenidos.
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Los magistrados se habían mostrado sumamente escépticos hacia esos reclamos cuando escucharon argumentos en marzo, y algunos se expresaron preocupados de que las interacciones comunes entre funcionarios públicos y las plataformas se podrían ver afectadas si fallaban a favor de los estados.
La administración Biden resaltó esas inquietudes al notar que el gobierno perdería su habilidad de comunicarse con las compañías sobre contenidos antisemitas o antiislámicos, así como en temas de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.
Sin embargo, en su fallo del miércoles, los magistrados no opinaron sobre el contenido de los reclamos de los estados ni sobre la respuesta de la administración.
“Comenzamos y terminamos esto con el tema del derecho a demandar”, escribió Barrett. “En estos momentos, ni los demandantes individuales ni los estatales han demostrado tener derecho a demandar para pedir un amparo contra ningún acusado. Por lo tanto, carecemos de jurisdicción para decidir los méritos de la disputa”.
En su disenso, Alito escribió que los estados demostraron abundantemente que tienen el derecho a demandar. “Durante meses, altos funcionarios del gobierno ejercieron una presión implacable contra Facebook para reprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. Debido a que la corte injustificadamente se niega a responder a esta seria amenaza a la Primera Enmienda, respetuosamente disiento”, escribió Alito en representación de la minoría.
