Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló varias irregularidades en las operaciones fiscales del Municipio de Río Grande, específicamente en la compra de bienes y servicios, pago de deudas a entidades gubernamentales y uso de vehículos de motor, entre otros.
El informe destaca que el municipio pagó 279,501 dólares entre 2016 y 2020 por el alquiler de vehículos sin solicitar cotizaciones ni preparar un análisis de costos, además de no formalizar contratos adecuados, explicó el Contralor en declaraciones escritas.
Según el informe, el municipio realizó pagos duplicados por alquiler de vehículos, seguro y servicio de peaje autoexpreso, incluyendo 5,126 dólares por siete vehículos y 28,328 dólares por 12 vehículos. Además, se detectaron múltiples deficiencias en el cumplimiento del Código Municipal de 2020 y el Reglamento Municipal de 2016.
El municipio adeudaba 192,479 dólares a LUMA Energy por consumo de energía en las instalaciones municipales y desembolsó 12,710 dólares en intereses y recargos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por retrasos en los pagos de contribuciones al seguro por desempleo, añadió el Contralor.
El informe también reveló que el municipio carece de un proceso de disposición de propiedad municipal inservible, con 77 unidades de vehículos de motor abandonados en los predios municipales. Además, se identificaron deficiencias en la administración y conservación de documentos públicos.
Estas situaciones se remitieron al secretario de Justicia, al director de la Oficina de Ética Gubernamental y a la entonces presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI). El 26 de marzo de 2024, el secretario de Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente para investigar al alcalde y al exdirector de Finanzas, quienes fueron asignados el 21 de junio de 2024.
Para más detalles, el informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Documento: OC-24-65
