El grupo multisectorial Queremos Sol calificó este lunes como “pésimo y turbio” el primer año de la privatizadora Genera PR a cargo del sistema de generación eléctrica en Puerto Rico, por lo que reclamaron la reversión de los contratos de privatización con esta empresa y exigieron la cancelación del contrato de LUMA, responsable de la transmisión y distribución eléctrica.
“Si algo ha quedado claro con Genera y LUMA es que la privatización como alegada solución a nuestros problemas es una falacia”, afirmó la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, integrante de Queremos Sol y presidenta de CAMBIO en declaraciones escritas.
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“Durante el pasado año, Genera no solo ha mostrado incapacidad en operar la flota de generación, sino que ha centrado sus esfuerzos en obstaculizar que Puerto Rico se mueva a la energía renovable como exige la Ley de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019) para empujar la gasificación en favor de sus dueños, New Fortress Energy (NFE), empresa que inició su presencia en Puerto Rico de manera ilegal, bajo un proceso viciado a su favor”, abundó.
Por su parte, la abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago, integrante de Queremos Sol, destacó que la Ley 17-2019 establece que, en o antes del 2025, el cuarenta por ciento de la energía eléctrica en Puerto Rico debe provenir de fuentes renovables y el sesenta por ciento para el 2040 hasta alcanzar el cien por ciento en o antes del 2050. Añadió que el estudio PR100 del Departamento de Energía federal confirma que Puerto Rico puede lograr la autosuficiencia energética mediante fuentes renovables. Indicó además que el gobierno federal ha asignado más de diecinueve mil millones de dólares para el sistema eléctrico de Puerto Rico y que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) “debe utilizar los fondos para proveer sistemas solares en techos y baterías de almacenamiento de energía a la población, priorizando a las comunidades vulnerables para así adelantar la seguridad y justicia energética, transformar el sistema eléctrico y mejorar el servicio”.
La profesora Maritza Maymí, colaboradora y portavoz de Queremos Sol, puntualizó que “hay que rescindir de los contratos privatizadores de Genera y LUMA. Queremos Sol tiene una propuesta clara para mover a Puerto Rico hacia la energía renovable distribuida bajo un modelo de gobernanza pública”.
Recordaron que en el 2022, Queremos Sol presentó una propuesta concreta de gobernanza pública para lograr un sistema eléctrico que reconozca este servicio esencial como un derecho humano. Esa transición conlleva un proceso participativo de planificación energética, transparente e inclusivo, sostenido sobre las bases de equidad y de sostenibilidad.
La propuesta presenta como primer paso crear, mediante ley u orden administrativa o ejecutiva, un comité multisectorial independiente de transición energética con expertos en el tema y amplia consulta comunitaria con miras a crear una corporación pública con una estructura libre de captura de las industrias con fines de lucro y la politización. El organismo debe presentar recomendaciones para comenzar la transformación efectiva de la empresa pública a corto plazo.
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En tanto, la corporación pública sería responsable de mantener la generación, transmisión y distribución eléctrica, identificar e implementar medidas de conservación y eficiencia energética y de impulsar la integración de la energía renovable distribuida en techos y almacenamiento para alcanzar los objetivos de energía renovable y la seguridad energética que tanto necesita el país y que las compañías privadas no han logrado. A su vez, procuraría el retiro de la generación a base de combustibles fósiles. Como parte de una transición justa, la fuerza trabajadora que conoce y tiene experiencia con el sistema eléctrico se reintegraría a sus labores a la vez que recibe adiestramiento y capacitación sobre sistemas renovables distribuidos.
La propuesta establece que la corporación pública reducirá al máximo las contrataciones de consultores y abogados externos, reteniendo el personal adecuado para proteger el interés público. Asimismo, promoverá la transparencia y la rendición de cuentas mientras que, en su junta de gobierno, solo dos miembros serían nombrados por el gobernador.
“Esto asegurará que el sistema eléctrico sea independiente de las corporaciones con fines lucrativos y las administraciones de gobierno y asegurará la participación pública en las decisiones más importantes sobre nuestro futuro energético”, dijo el abogado Pedro Saadé, de Queremos Sol.
“La experiencia con ambas compañías confirma que fue un error entregarle el sistema de energía eléctrica a manos privadas”, sostuvo Adriana González, portavoz de Sierra Club, organización integrante de Queremos Sol. “Como toda propuesta, esta es un punto de partida para retornar el sector energético a manos públicas”, afirmó.
