El Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió el martes una resolución y orden de emergencia estableciendo una tarifa provisional para el uso compartido de los postes de la red eléctrica.
Además, programó un procedimiento adjudicativo para determinar una tarifa formal y resolver otros asuntos relacionados con el uso de los postes administrados por LUMA Energy.
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“Entendemos que continuar sin unas guías claras para la fijación y el uso mancomunado de los postes perjudica los esfuerzos del gobierno para modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica y presenta una amenaza a la infraestructura pública”, indicó Ferdinand Ramos Soegaard, presidente del Negociado de Telecomunicaciones, en declaraciones escritas.
La orden de emergencia también busca resolver una controversia sobre la responsabilidad de transferir cables y equipos existentes a postes nuevos reemplazados por LUMA. Ramos Soegaard explicó que una de las funciones del Negociado es fomentar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones para asegurar la disponibilidad de los servicios y promover la interconexión e interoperabilidad entre los proveedores.
El procedimiento adjudicativo incluirá la participación de las compañías de telecomunicaciones y LUMA para abordar temas como la determinación de la tarifa de fijación para el año fiscal 2025, los costos por solicitudes nuevas, los costos de transferencia a postes de reemplazo, y las mejoras necesarias para fijaciones nuevas.
Además, el Negociado ordenó a las compañías de telecomunicaciones entregar un inventario de sus instalaciones y retirar aquellas en desuso, ya que estas pueden impedir el uso de los postes por otras compañías, presentar problemas de seguridad vial y constituir un estorbo público.
Las compañías que no cumplan con las disposiciones de la orden de emergencia se exponen a posibles multas de hasta 25,000 dólares por infracción por año. El Negociado emitió esta orden de emergencia de conformidad con la autoridad otorgada por los estatutos y reglamentos de Puerto Rico y en cumplimiento con la ley federal aplicable.
