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Establecen tarifa provisional para uso compartido de postes de la red eléctrica

La orden de emergencia del Negociado de Telecomunicaciones también busca resolver una controversia sobre la responsabilidad de transferir cables y equipos existentes a postes nuevos reemplazados por LUMA.

Agencia
Un poste de electricidad con cables en Loíza, Puerto Rico, el 15 de septiembre del 2022. (Foto AP/Alejandro Granadillo) AP (Alejandro Granadillo/AP)

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El Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió el martes una resolución y orden de emergencia estableciendo una tarifa provisional para el uso compartido de los postes de la red eléctrica.

Además, programó un procedimiento adjudicativo para determinar una tarifa formal y resolver otros asuntos relacionados con el uso de los postes administrados por LUMA Energy.

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“Entendemos que continuar sin unas guías claras para la fijación y el uso mancomunado de los postes perjudica los esfuerzos del gobierno para modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica y presenta una amenaza a la infraestructura pública”, indicó Ferdinand Ramos Soegaard, presidente del Negociado de Telecomunicaciones, en declaraciones escritas.

La orden de emergencia también busca resolver una controversia sobre la responsabilidad de transferir cables y equipos existentes a postes nuevos reemplazados por LUMA. Ramos Soegaard explicó que una de las funciones del Negociado es fomentar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones para asegurar la disponibilidad de los servicios y promover la interconexión e interoperabilidad entre los proveedores.

El procedimiento adjudicativo incluirá la participación de las compañías de telecomunicaciones y LUMA para abordar temas como la determinación de la tarifa de fijación para el año fiscal 2025, los costos por solicitudes nuevas, los costos de transferencia a postes de reemplazo, y las mejoras necesarias para fijaciones nuevas.

Además, el Negociado ordenó a las compañías de telecomunicaciones entregar un inventario de sus instalaciones y retirar aquellas en desuso, ya que estas pueden impedir el uso de los postes por otras compañías, presentar problemas de seguridad vial y constituir un estorbo público.

Las compañías que no cumplan con las disposiciones de la orden de emergencia se exponen a posibles multas de hasta 25,000 dólares por infracción por año. El Negociado emitió esta orden de emergencia de conformidad con la autoridad otorgada por los estatutos y reglamentos de Puerto Rico y en cumplimiento con la ley federal aplicable.

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