Los comisionados electorales de los partidos de oposición al Partido Nuevo Progresista (PNP) expresaron un rotundo rechazo a la decisión del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de delegar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la organización de un plebiscito sobre el estatus, programado para el mismo día de las elecciones generales.
La oposición se fundamenta en preocupaciones sobre el impacto económico de añadir una nueva papeleta no prevista en el presupuesto aprobado para este año fiscal, además de los desafíos logísticos agravados por recortes previos en el personal transitorio, necesario para el proceso.
El comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, sostuvo que la CEE ya enfrenta limitaciones en cuanto a recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios, por lo que añadir un plebiscito de estatus no vinculante aumenta la carga, y podría afectar la capacidad del ente gubernamental para ejecutar eficientemente las elecciones generales del 5 de noviembre.
“Si es un proceso que, de entrada, el propio gobernador al anunciarlo, básicamente está diciendo que esto es una encuesta, y a la par de los resultados de los plebiscitos anteriores de lo que se ha logrado, pues es preocupante que, en Puerto Rico, nuevamente a la Comisión se le sigan sumando este tipo de eventos que conllevan una carga adicional en cuanto a recursos humanos y presupuestarios, ante unas limitaciones presupuestarias que afectan la ejecución del evento, que es el más importante del noviembre 5, que son las elecciones en Puerto Rico”, puntualizó Frontera Suau.
Este explicó, además, que la consulta de estatus no solamente implica la impresión de papeletas adicionales, sino que presenta complicaciones logísticas y operativas, incluyendo una campaña para la educación del electorado sobre la votación.
“Creo que seguir jugando al plebiscito criollo sin antes tener un proceso serio, vinculante, democrático, ampliamente difundido, con unas ofertas de estatus claras y educando al pueblo sobre ellas, no es la mejor forma de hacerlo. Hacerlo sin esas garantías, pues debilita no tan solo el proceso, sino que debilita los resultados”, expresó Frontera Suau.
No obstante, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, mencionó el plazo legal de 75 días antes de las elecciones para la impresión de papeletas, mientras aseguró que “estamos a tiempo”.
Ante la preocupación por el presupuesto asignado, Vega Borges destacó que la situación actual “no es sorpresa”, subrayando que el gobernador había anticipado meses atrás un anuncio sobre el plebiscito.
“Él lo había anunciado ya. Así que, yo creo que ya la Comisión ha ido visualizando en qué consisten los gastos y también, sobre todo, el proceso que se tiene que seguir con relación a que sea un éxito los resultados y respectivamente la fórmula que gane”, dijo Vega Borges en entrevista con Metro Puerto Rico.
Por otro lado, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, mencionó que, hasta el momento, no se les ha informado sobre el costo ni la fuente de financiamiento estatal para el plebiscito, y afirmó que aún no se ha proporcionado suficiente información sobre la logística operativa del ejercicio.
Angleró también recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ya había realizado recortes significativos en el presupuesto de la CEE, afectando áreas críticas como el personal transitorio y las máquinas de escrutinio, lo cual complica aún más la realización del ejercicio.
“A nosotros, la Junta de Control Fiscal recortó en el renglón de los transitorios, que son los que corren el evento. El evento no se puede correr sin empleados transitorios, y ahí fue el mayor recorte”, indicó Angleró.
Vega Borges coincidió con las preocupaciones de falta de personal ante la creciente demanda de recursos humanos para manejar eficientemente el proceso electoral.
“Entiendo que, sea [con] la papeleta del plebiscito o sin ella, hay que adicionarle un personal que tiene que trabajar en JAVAA [Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado], que es un personal temporero y también un personal que se pueda traer por destaque, porque la cantidad de recursos que hay en JAVAA no es suficiente para estas elecciones”, admitió el exalcalde de Toa Baja.
A su vez, la comisionada electoral del PPD comentó su parecer en cuanto a que el ejercicio se trate de una movida político partidista para movilizar votantes a las urnas.
“No tiene el aval de los Estados Unidos, no es vinculante. Así que, lo que está haciendo es, nuevamente, como siempre que tienen problemas para movilizar su electorado para unas elecciones, intentarse una consulta de estatus”, dijo.
Luego de que Pierluisi Urrutia firmara la Orden Ejecutiva 2024-016 para dar paso a la séptima consulta de estatus, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones expresó, mediante declaraciones escritas, su rechazo a la convocatoria.
“Vemos nuevamente las prioridades torcidas de quienes administran el país. En los momentos más profundos de la crisis democrática y fiscal en la que vivimos, observamos las verdaderas prioridades del gobierno de turno, cuyo enfoque es volver a manipular resultados y procesos electorales, especialmente después del caótico proceso de las primarias de ley”, estableció Aponte Dones.
“En vez de buscar soluciones reales a la situación de estatus, este plebiscito es otro engaño y una distracción de los problemas que realmente enfrenta el país”, continuó.
Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, se opuso tanto al plebiscito de estatus, como también a la papeleta simbólica de elecciones presidenciales.
“Para hacer el proceso electoral del 5 de noviembre uno manejable y sencillo, debe eliminarse ya la votación simbólica del voto presidencial de USA (Estados Unidos) aprobada por legislación y rechazarse la idea de Pierluisi de otro plebiscito inconsecuente de status. Evitamos así el problema causado en estas primarias de muchas papeletas. Solo tres. Sencillo”, sostuvo Aponte a través de su cuenta de X (antes Twitter).
El lunes, el candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau, dejó saber que la colectividad que representa acudirá a los tribunales para impugnar que se celebre la consulta de estatus convocada mediante orden ejecutiva por el gobernador de Puerto Rico.
