El Departamento de Justicia informó que en lo que va de año se han radicado 34 casos bajo las modalidades de choques fatales con hit and run (Art. 5.07C), accidentes fatales bajo los efectos de bebidas alcohólicas (Art. 7.06B) y choques fatales (Art. 5.07B). Sin embargo, portavoces de la agencia destacaron que estos casos pueden demorar desde meses hasta años en alcanzar una resolución.
Sobre los casos de alto interés público —como el incidente en el que un conductor atropelló a dos jinetes en el municipio de Humacao— no revelaron mayores detalles. La jefa de fiscales, Jessika Correa González se limitó a decir que están por “buen camino” y que se “están trabajando”.
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No obstante, especificaron que los casos —bajo estas modalidades— de Vieques, Carolina, Vega Baja están “muy adelantados”.
La directora de la Unidad Especializada de Procesamiento de Conductores Ebrios, Jimara Gabriel Maisonet enfatizó que los fiscales no radican un caso hasta que tengan toda la prueba necesaria y evidencia científica para que no “caiga el caso”. Puesto que los casos, una vez se radican, tienen términos de tiempo para mostrar la evidencia. De no cumplir, el pleito puede caerse.
Expusieron una lista de aproximadamente 30 procedimientos que podrían ser requeridos para obtener la evidencia necesaria que conlleve el caso.
Además, insistieron que cada prueba requiere tiempo para completarse y luego procede ejecutar una interpretación adecuada. Desde la radicación del caso hasta el juicio, es un promedio de dos años, dijo Maisonet. Sin embargo, Correa González reiteró que puede extenderse si lo amerita.
“Los casos se van a radicar cuando estén listos, porque un caso mal radicado es fatal para el caso y yo tengo una responsabilidad ética, no solamente como profesional del derecho, sino con las víctimas de delitos y con los acusados. Nosotros somos funcionarios todos del tribunal y nuestro deber es el esclarecimiento de la verdad”, insistió la jefa de fiscales.
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Sobre los proyectos que buscan enmendar la ley de Hit and run, la fiscal Maisonet opinó que el más completo es el del representante Héctor Ferrer y de la legisladora Gretchen Hau. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.
“Nosotros nos solidarizamos con esa pérdida, pero además de que nos solidarizamos y somos empáticos […] que nos den el espacio para que el fiscal pueda hacer su trabajo responsable, poder investigar, poder tener una investigación sólida para cuando nosotros procesemos esa persona lo podamos probar como se requiere en Puerto Rico, más allá de duda razonable. Nosotros estamos disponible, es nuestra función atender a los familiares […] como jefa de fiscales yo no voy a permitir que un caso que no se pueda probar y no se pueda radicar, se radique por complacer ciertas presiones”, manifestó Correa González, afirmando que los fiscales radicarán cargos criminales cuando tengan la evidencia necesaria y poder probarlo en juicio.
Durante la mesa redonda también compareció el director auxiliar de la División de Patrullas de Carreteras del Negociado de la Policía, el capitán Elvis Zeno y la subjefa de fiscales, Lizette Sánchez Vázquez.
