Del CPI
Parte de los $21 millones de presupuesto para que la región educativa de Ponce se convierta en la primera Agencia Educativa Local (LEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación (DE), pudieran invertirse en la contratación de una veintena de empleados para la descentralización de la agencia. Tras el anuncio de la primera LEA, se dio a conocer que la empresa Consulting Integrated Transformation and Advancement, presidida por la exsecretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz , también forma parte de la iniciativa. El monto del contrato para esta corporación no fue divulgado por el DE, ni la exsecretaria respondió preguntas sobre el mismo, aunque la contratación fue anunciada en una “mesa redonda” con periodistas de algunos medios.
La empresa de recursos humanos inscrita en enero de 2023 por la también exdirectora de plataforma de la fallida campaña a la reelección de Pedro Pierluisi tiene $125,000 en contratos con Educación desde marzo del año pasado.
Una fuente del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) alertó además sobre los vínculos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la región educativa de Ponce. Por ejemplo, el superintendente interino de la región, Andrés Ausúa Pagán, fue candidato del PNP a la alcaldía de Peñuelas en 2004 y en 2008 formó parte de la asamblea legislativa de ese municipio.
El anuncio de la primera LEA surge luego de que el Senado aprobara a punto de vencerse la sesión legislativa un reglamento que deja en manos del Secretario del DE las compras, la distribución del presupuesto y el nombramiento de superintendentes. Tras la urgencia expresada por el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, para establecer la primera LEA en agosto, se aprobó a última hora un documento que no incluyó los cambios estructurales necesarios para lograr la autonomía y desburocratización del sistema educativo.
El funcionario federal le recordó a la secretaria del DE, Yanira Raíces Vega, en una carta enviada a mediados de junio que los pasos a seguir debían lograr el objetivo de descentralizar el “sistema unitario que históricamente ha limitado el acceso a las comunidades locales y a la toma de decisiones sobre el mejor uso de los fondos educativos para servir eficazmente a sus estudiantes”.
El reglamento que determina las facultades y deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE) y que fue aprobado con 20 votos a favor, cuatro en contra y un abstenido, constituye una propuesta que “sirve como base inicial para la posterior elaboración de regulación más detallada y específica”, según el documento.
La presión de Educación federal resultó sospechosa para la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y miembro de la Comisión senatorial de Educación, Cultura y Turismo, María de Lourdes Santiago Negrón. “En la medida en que se imponga la estructura de las LEA, desaparece el Departamento de Educación como lo conocemos. Además, le garantizas al [Partido Nuevo Progresista] PNP lugares en espacios clave de la toma de decisiones y desinstitucionalizas el Departamento”, opinó.
En el tribunal por convocatorias de empleo para la descentralización
En el último informe disponible sobre la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) se indica que se requiere la creación de 724 cargos nuevos para su puesta en marcha. Según el portavoz de prensa del DE, Jorge Salcedo, los nuevos puestos responden a la necesidad de fortalecer las capacidades regionales para “mejorar la autonomía y el tiempo de respuesta en el servicio a las escuelas”. Durante los próximos dos años, “se fortalecerán los procesos legales y la capacidad de compras, de manera que toda la isla se beneficie de la descentralización”, dijo.
Una demanda por parte de seis directores escolares alega irregularidades durante los procesos de reclutamiento de las convocatorias relacionadas a IDEAR. Los querellantes José Luis Jiménez Negrón, Pablo D. Ortiz Feliciano, Nitza M. Sánchez Cartagena, Rubén Díaz Flores, Jessica Ortega Irizarry y Ramón Burgos Rosado reclaman que “el único elemento común de todos los demandantes que fueron rechazados por el Departamento es que no eran afiliados al Partido Nuevo Progresista o eran simpatizantes de un sector del Partido Nuevo Progresista distinto al de la Secretaria Raíces y el Gobernador de Puerto Rico”.
Sánchez Cartagena indicó al CPI que, luego de ser entrevistada por el comité evaluador, Educación tardó dos semanas en responder que luego de su evaluación no sería recomendada al puesto, sin mayores explicaciones. Por su parte, Ortiz Feliciano dijo que se entrevistó en la región de Caguas y Bayamón, y nunca le mostraron su evaluación. El director de la Escuela Segunda Unidad Eugenio María de Hostos en Cayey alega que fue discriminado en el proceso por ser candidato a la alcaldía de Barranquitas por el Partido Popular Democrático (PPD).
Los demandantes también señalaron que la Ley 85 de 2018 dispone que los nuevos nombramientos para superintendente auxiliar de escuelas serán por un año, pero el DE publicó una convocatoria de puestos regulares con carácter permanente. Además, que una carta circular de la agencia para establecer el procedimiento de reclutamiento y selección del personal en el programa IDEAR, adjudica más puntos por haber sido Ayudante Especial Docente que por la preparación académica o experiencia. Asimismo, denunciaron que fueron eliminados como candidatos del Registro de Elegibles luego de ser rechazados para el puesto, lo que les impide competir posteriormente para estas posiciones.
Intocable el poder del nivel central
Aunque el reglamento aprobado en el Senado dispone que algunas de las funciones y procesos actualmente realizados por el nivel central del DE sean delegados a las Oficinas Regionales Educativas, mantiene bajo el control del Secretario de la agencia la definición detallada de la estructura de estas oficinas y los roles específicos que las conforman. De igual manera, será el Secretario de Educación quien continuará estableciendo la política pública, así como la normativa que guiará las acciones de las oficinas regionales.
Para la directora del Observatorio de Educación Pública, Eileen Segarra Alméstica, “ese proceso [de descentralización] debe conducir a una despolitización y gobernanza efectiva”.
Un aspecto fundamental para la descentralización que señaló la académica es la gobernanza participativa, aspecto que no está contenido en la versión del reglamento aprobado. “Hay dos secciones genéricas sobre la participación ciudadana, pero no se establecen las estructuras de gobernanza. Es bien importante que esa gobernanza esté estipulada en el reglamento, así como el Consejo Asesor Local (CAL), sus facultades y la injerencia que tendrá en procesos decisionales, así como el acceso a información. El reglamento, y como está escrito ahora mismo, no tiene nada que garantice esa gobernanza participativa”, planteó Segarra.
Asimismo, el secretario o secretaria de turno establecerá los requisitos para el puesto de superintendente regional y el procedimiento para su selección. El documento no prioriza una selección de personal basada en méritos ni da participación a los consejos escolares o los CAL.
Para Segarra, “necesitas evaluar los méritos que debe tener esa persona y que estas instancias de gobernanza, el CAL y los consejos, también tengan injerencia en cuáles serán esos méritos. Otro aspecto es que se necesitan consejos de estudiantes en las escuelas para que tengan voz y sean parte de esa gobernanza participativa, y no se menciona en ninguna parte [del reglamento]”, dijo.
Viva la posibilidad de cerrar más escuelas
La nueva regulación deja la puerta abierta para cerrar más escuelas, pues la decisión final sigue en manos del Secretario del DE, ya que establece que “las ORE pueden hacer recomendaciones al nivel central respecto a estas decisiones, basándose en las tendencias y comportamientos específicos de su región”.
Estas recomendaciones deberán ser acompañadas por un informe que incluya la matrícula de las escuelas que se proponen cerrar, indicadores de aprovechamiento académico, una descripción de sus condiciones estructurales, plantilla de empleados, costos operacionales, evaluación del costo-beneficio y ahorros que resultarían de los cierres, usos propuestos o potenciales para las estructuras, así como una certificación de que las escuelas receptoras tienen la capacidad de absorber a la matrícula desplazada.
El reglamento indica que el Secretario de Educación tiene la responsabilidad de establecer una fórmula para garantizar la permanencia de escuelas en comunidades aisladas.
“Este proceso implicará definir criterios y procedimientos que permitan un manejo diferenciado de estas escuelas, tomando en cuenta su contexto único”, dice, pero estos criterios no se detallan en el documento que aprobó el Senado el último día de la última sesión ordinaria del cuatrienio.
“Cuando hablan de apertura de escuelas, cuando lo leo como está [en el reglamento], es una ruta para el cierre de escuelas dejando fuera a la comunidad en ese proceso y manteniendo la decisión en nivel central. Es otra deficiencia importante. Esa decisión tiene que incorporar a todos los entes de gobernanza de las comunidades escolares, que sean decisiones consensuadas”, alertó Segarra.
“Fuimos muy enfáticos con Cardona de que seguiríamos en el comité ejecutivo [de IDEAR] siempre y cuando el proyecto presente tres principios: la no privatización de la escuela pública, nuestra oposición al cierre de planteles y que se respeten los derechos adquiridos a través de la negociación colectiva”, recordó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla.
Con Bonilla y Segarra coincidió la fundadora del Instituto Nueva Escuela, que reúne las escuelas Montessori públicas, y que también forma parte del comité ejecutivo de IDEAR, Ana María García. “Es bien preocupante que en el reglamento prácticamente crean un protocolo para el cierre de escuelas y que el Senado lo aprobara sin una discusión ni evaluación detenida”, dijo.
Delegar compras y presupuesto sigue siendo una promesa
Cardona afirmó que con la descentralización se están creando los sistemas para que el presupuesto esté en manos de las comunidades escolares.
“Quiero ver decisiones locales, que cuando una escuela necesite algo que lo puedan ordenar sin esperar mucho tiempo, que los maestros no tengan que pagar de su bolsillo para tener cosas para sus estudiantes”, dijo el funcionario federal de origen puertorriqueño desde la sede de la Hispanic Federation en Santurce a mediados de junio.
Sin embargo, el reglamento aprobado mantiene en manos del nivel central el control del presupuesto de la agencia ya que indica que las oficinas regionales tendrán la capacidad de realizar directamente ciertas compras que no requieran de una subasta o un contrato, pero otras requerirán aprobaciones del nivel central.
“Estas aprobaciones o compras que realice el nivel central pueden delegarse gradualmente a las ORE, si así lo determina el Secretario”, lee el reglamento de 21 páginas.
Las oficinas regionales recibirán fondos federales, pero serán distribuidos desde el nivel central. Mientras, administrarán los fondos estatales conforme a las guías establecidas por el Secretario, y según una fórmula por estudiante que nunca se ha definido cómo se estableció, y que será “revisada anualmente con el asesoramiento de un comité de expertos y representantes escolares”. El documento tampoco indica quiénes componen ese comité.
La senadora Santiago señaló que, “el reglamento evade elementos importantes como el tema de financiamiento por alumno, los criterios para designar una región como LEA, no especifica ningún criterio para la descentralización, y los nombramientos siguen [haciéndose] a nivel central. No se toca el tema de las compras, y la participación de la comunidad es básicamente consultiva”.
Tras la intervención político partidista en la descentralización del DE, en abril renunciaron en bloque al menos nueve personas que formaban parte de los comités que están implementando el proyecto IDEAR. Denunciaron la politización de dichos comités y que el proceso se convirtió en uno carente de transparencia y participación, especialmente tras la llegada de la secretaria Raíces.
Cardona evadió contestar cómo, si de alguna forma, se atienden desde Educación federal las preocupaciones que los renunciantes denunciaron hace dos meses.
Reacciona director de IDEAR
Tras la publicación del CPI, el director ejecutivo de IDEAR, Roger Iglesias, Jr,. solicitó aclarar y añadir información.
Por ejemplo, dijo que desconocía de los vínculos del superintendente interino, Andrés Ausúa Pagán, con el PNP y señaló que un superintendente nuevo en propiedad será escogido por la comunidad escolar entre agosto y septiembre. Durante este periodo, los integrantes del Comité de Gobernanza de IDEAR deben desarrollar un manual o guía para este procedimiento, dijo.
Por otro lado, Iglesias aclaró que el reglamento para las Oficinas Regionales Educativas que fue aprobado era un requisito de la Ley 85 con el que se debía cumplir, pero como en tres o cuatro años estas oficinas serán sustituidas por las Agencias Educativas Locales (LEA), se tendrán que desarrollar manuales y guías para su operación y funciones. A través de estas guías es que se delegará a las LEA el manejo de presupuestos, nombramientos y compras. El desarrollo de estos manuales también estará a cargo del Comité de Gobernanza de IDEAR.
En cuanto a la demanda de los directores escolares sobre las irregularidades en el proceso de reclutamiento y selección de superintendentes auxiliares, dijo que, “como licenciado, te aseguro que se les va a caer el argumento porque las convocatorias de superintendentes auxiliares no tienen que ver con IDEAR”.
Iglesias añadió que en el último informe público sobre la descentralización se estimó que se deben crear más de 700 puestos, pero luego de consultas con la Junta de Control Fiscal, el estimado se redujo a 321 nuevos puestos, lo cual se actualizará en el próximo informe de IDEAR. También mencionó que el presupuesto local de $21 millones todavía no se ha utilizado para la veintena de contrataciones que harán falta para la transición de la oficina regional de Ponce.
“El cierre de más escuelas no se puede descartar”, zanjó Iglesias sobre la parte del reglamento que menciona este particular, tras hacer referencia a la merma en la población escolar. Mencionó que este aspecto se agregó al reglamento a petición de la Asociación de Maestros y la Legislatura.
El contrato con la empresa Consulting Integrated de González Magaz fue firmado con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y, aunque Iglesias se comprometió a proveer el mismo al CPI, no lo hizo. Una búsqueda posterior en la base de contratos del Contralor muestra que la contratación con OGP se dio el 24 de junio por $2,700,000. El pago para el contrato de seis meses proviene de fondos federales otorgados durante la pandemia.
NOTA DE LA EDITORA: Esta historia fue actualizada para integrar reacciones del Departamento de Educación y aclarar que el fondo de $21 millones que se usará para la iniciativa de IDEAR se nutre de fondos locales y no federales, y que la contratación de Consulting Integrated para la reingeniería de recursos humanos del DE se hizo con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en lugar de directamente con el DE, con fondos federales de la pandemia.
