Los ejecutivos de la compañía Truenorth Corporation, con $1.4 millones en contratos de tecnología con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en este cuatrienio, tenían sus candidatos favoritos para ganar las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) el pasado 2 de junio y le pusieron cerca de $39,200 a sus campañas.
Al menos cuatro socios y principales ejecutivos de Truenorth engordaron el fondo de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, perdedor del proceso primarista, a cuyo comité político le aportaron $28,450, lo que representa más del 70 % de los donativos que hicieron en este cuatrienio. Un donativo de $700 también fue hecho este año por otro socio de Truenorth al comité del representante Jesús Manuel Ortiz, quien, tras la primaria, se convirtió en el candidato oficial a la gobernación del PPD.
Mientras los fundadores de Truenorth y sus ejecutivos daban miles de dólares al presidente del PNP, su compañía trabajaba con la plataforma Fortinet, utilizada en los sistemas de seguridad de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la CEE, con un contrato que estaría vigente hasta el 30 de junio. El PNP es el partido que goza del poder administrativo dentro la CEE debido a la nueva ley electoral, aprobada por ese mismo partido.
Truenorth también diseñó la aplicación digital para los Electronic Poll Book, que sustituyen las listas electorales en papel y que, precisamente, se probaron en un plan piloto en las primarias de este año, en las que Pierluisi perdió frente a la comisionada residente Jenniffer González, y el representante Ortiz le ganó la primaria al senador Juan Zaragoza. Truenorth es una firma de consultoría de gerencia, equipo tecnológico (hardware) y software, con oficinas en Puerto Rico y República Dominicana.
Técnicos de esta empresa deberán dar apoyo a la CEE durante las elecciones generales de noviembre, según indica el contrato firmado en septiembre de 2023. Durante este cuatrienio, Truenorth ha tenido $1,436,201 en contratos con la CEE, de acuerdo al registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
El 19 de julio de 2023, la entonces comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo Cruz, presentó una moción ante el pleno de la Comisión para que se le adjudicara a Truenorth el contrato para los Electronic Poll Book luego de que se leyera un informe conjunto de la Junta de Subastas y la Junta de Asesores sobre las tres propuestas presentadas para este servicio.
La comisionada del PPD, Karla Angleró González, y el entonces comisionado de Proyecto Dignidad (PD), Nelson Rosario Rodríguez, estuvieron de acuerdo en la contratación de Truenorth, pero la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, y el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, estuvieron en desacuerdo.
Según se consigna en el documento de certificación, el voto de Aponte Dones se fundamentó en que la compañía “no tenía experiencia en el campo electoral ni en el dispositivo” que implementaría, haciendo referencia a la herramienta electrónica para la identificación y el registro de la asistencia de electores. El Comisionado del PIP concurrió con ella.
El CPI intentó en varias ocasiones obtener una reacción de los ejecutivos de Truenorth sobre el señalamiento de su falta de experiencia manejando este tipo de tecnología, pero no estuvieron disponibles.
Cuando el CPI le preguntó sobre su desacuerdo con la contratación de Truenorth, Aponte Dones dijo que verificó los apuntes que realizó de esa reunión y dijo que de la investigación que hizo previo a esa votación encontró que “esta empresa nunca ha desarrollado una herramienta de este tipo” y que no se justificaba que se le encomendara ese proyecto.
Según recoge el documento de la CEE, el Comisionado de PD afirmó que aunque entendía las preocupaciones de Aponte Dones, Truenorth era el único proponente que había cumplido con los requisitos de licitación y que, además, la CEE no tenía tiempo para comenzar otro proceso de evaluación y adjudicación de propuestas.
Al no haber unanimidad entre los comisionados electorales, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, acogió la moción de la comisionada del PNP para otorgar el contrato a Truenorth.
William Román Ubiñas, oficial principal de Tecnología de Truenorth, y quien este cuatrienio firmó dos de los contratos y una enmienda a un acuerdo entre la empresa y la CEE, donó $11,400 a Pierluisi entre 2022 y 2024. Su último donativo fue el 26 de enero de 2024, por $3,000, según los datos de la OCE.
Ese mismo día el presidente de la empresa, Carlos Fernández Ferrer, quien también firmó uno de los contratos otorgados este cuatrienio, donó otros $3,000 a Pierluisi. En los últimos tres años, este ejecutivo donó $7,600 al comité de Pierluisi. Mientras que el subtesorero de la corporación, Marcos Fejgielman Szeinfain, donó $5,300 entre el 2022 y 2023. Asimismo, el consultor principal de la empresa, Dany Villafuerte Fuentes, también ha hecho aportaciones por $4,150 al comité de Pierluisi. La última fue tan reciente como en abril de 2024.
El comité de campaña de la senadora de Bayamón Migdalia Padilla también recibió $1,000 de parte de Román Ubiñas y el PNP $300 de parte de Fernández Ferrer.
En tanto, el vicepresidente de Truenorth, Gabriel Fernández Ferrer, ha sido un donante consecuente de candidatos del PPD desde hace varios años. Tan reciente como el 22 de marzo de 2024 le donó $700 a Ortiz para su campaña para convertirse en el candidato a gobernador por la Pava.
Fernández Ferrer le hizo un donativo de $2,500 al PPD el 2 de abril. El año pasado hizo donativos al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y al alcalde de Villalba, Javier Hernández Ortiz. Ambos estaban en la papeleta de primarias del 2 de junio como aspirantes al Senado por acumulación, y ganaron, por lo que los dos estarán en la papeleta legislativa del próximo 5 de noviembre.
El contrato entre Truenorth y la CEE para trabajar con los Electronic Poll Book advertía en su introducción que el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 le otorga a la Comisión la misión de garantizar que “los procesos y eventos electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza y transparencia” así como también “sin inclinación a ningún grupo o sector ni tendencia ideológica partidista”.
La CEE no contestó al CPI si existe alguna prohibición reglamentaria para impedir que los contratistas que trabajan directamente con los datos electorales hagan donativos, muestren inclinación o favoritismo por alguno de los candidatos cuyas posiciones se disputan en los eventos sobre los que estas compañías tienen acceso y cierto control de los datos de los electores.
El contrato firmado en septiembre indica que el contratista se compromete a cumplir con el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico y que recibió la carta circular Cultura Ética y de Valores de la CEE.
Al menos en el Artículo sobre las Obligaciones y Responsabilidades Éticas para los contratistas del mencionado Código de Ética dispone que “ninguna persona intervendrá en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de intereses o que tengan apariencia de serlo”.
Este código ético para los contratistas fue incluído dentro del Código Anticorrupción y lo único que señala sobre los donativos es que “ninguna persona ofrecerá o entregará a servidor público o ex servidor público de las agencias ejecutivas [...] con la que interese establecer, o haya establecido, una relación contractual, comercial o financiera, directa o indirectamente, algún regalo, bienes de valor monetario, contribuciones, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos, o participación en alguna entidad mercantil o negocio jurídico”.
De acuerdo con el documento, le corresponde a cada agencia tener un reglamento para atender los asuntos del Código Anticorrupción. En caso de existir alguna irregularidad, la agencia es la encargada de abrir una investigación y luego que exista una “resolución final”, debe notificar al Secretario de Justicia si existen violaciones al Código de Ética.
El Comisionado Electoral del PIP opinó que “no es apropiado” que un contratista que trabaje con estos datos apoye con donativos las campañas políticas de quienes estarán en competencia electoral.
“Crea mucha suspicacia en los candidatos y en el elector. Ahí en [en los Electronic Poll Book] se manejan las listas de cada colegio electoral”, comentó Aponte Berríos.
Por su parte, Aponte Dones dijo al CPI que el MVC estaba al tanto de los contratos que tenía Truenorth con otras agencias y de “las áreas grises” que producían las contribuciones económicas de algunos ejecutivos de la compañía a candidatos de la contienda electoral.
“Claro [que preocupa el tema de las donaciones y contratos], porque hay que evitar cualquier amenaza contra el proceso. Hay que velar porque estos procesos [electorales] no tengan ninguna influencia que no sea la voluntad del electorado”, sostuvo.
En tanto, el entonces Comisionado Electoral del PD dijo que no ve conflicto en que los dueños y ejecutivos de la empresa que trabaja con las listas electorales y seguridad informática de la CEE pongan dinero en las campañas de candidatos y partidos políticos.
La directora de Recursos Humanos de Truenorth, Laura Reyes, dijo al CPI que desconoce si ejecutivos de la empresa realizaron donativos políticos. Aseguró que “los altos ejecutivos no están en el día a día en los proyectos”.
“La Ley Electoral permite que las personas, en su carácter personal, hagan donativos. Así que si ellos lo hicieron, entiendo que debe estar dentro de todo lo que es el marco legal, como todo lo que nosotros hacemos en la compañía. Ellos como individuos son un ente totalmente aparte a lo que es la compañía”, indicó Reyes.
Al preguntársele si le parecía apropiado y ético que ejecutivos de una compañía apoyen a candidatos políticos justo cuando están contratados para trabajar con el proceso electoral que les podría favorecer, incluyendo el manejo listas electorales y en la seguridad del sistema, Reyes se limitó a decir que “en esta compañía o en cualquier otra no debería haber una correlación [entre los intereses personales y profesionales]. Yo como individuo soy un individuo y mi trabajo es mi trabajo. Y siempre que esté trabajando dentro de lo que es el marco legal, no debería de por qué afectar ni en esta ni en cualquier otra compañía”, puntualizó.
La OCE, por medio de su directora legal, Sarah Rodríguez, dijo que, en Puerto Rico no hay ninguna prohibición a que los dueños o ejecutivos de empresas contratistas del Gobierno hagan donativos a candidatos políticos, aún cuando presten servicios a la CEE. Lo que se prohíbe es que la compañía emita una aportación directa a un comité de campaña.
Las personas jurídicas, corporaciones y compañías, pueden hacer donativos si crean un comité de fondos segregados que tiene que registrarse y rendir cuentas a la OCE.
Esta estructura permite que los miembros y empleados de una empresa y su familiares hagan donativos a ese comité de fondos segregados y ese comité, entonces, pueda dar donativos a candidatos y partidos hasta un máximo de $3,100 por año. Rodríguez indicó que, al momento, no hay registrado ningún comité de este tipo en la OCE.
La OCE ha presentado múltiples proyectos de ley para que se le prohíba a contratistas gubernamentales donaciones políticas, pero no han sido atendidos en la Asamblea Legislativa. En Estados Unidos sí está prohibido que los contratistas del gobierno federal hagan donativos de campaña.
El periodista Luis Valentín Ortiz colaboró en esta historia.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la historia original aquí.
