El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la petición realizada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) donde aseguran que no deben entregar el expediente del exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes.
“Examinada la moción urgente en auxilio de jurisdicción que presentó la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, se provee Ha Lugar y consecuentemente, se ordena la paralización de los procedimientos relacionados a este asunto, hasta tanto este Tribunal determine otra cosa”, lee la resolución del Supremo en el documento publicado por el medio independiente Bonita Radio.
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En el día de ayer, la OEG anunció que llevaría la controversia al Supremo luego de que el Tribunal de Apelaciones ordenara la entrega del expediente del exsecretario del DRNA a la Comisión Anti-Corrupción de la Cámara de Representantes.
Según la OEG, la determinación de llevar el pleito al máximo foro judicial se debe a que el Tribunal Apelativo “no atendió ni fundamentó su decisión sobre los señalamientos esbozados por la OEG, de que la Resolución de la Cámara (RC) 272 no faculta a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes a solicitar expedientes investigativos”.
El caso se remonta a un referido presentado los representantes Héctor Ferrer y Estrella Martínez Soto, que derivó en una investigación de la OEG sobre Machargo Maldonado.
Durante su gestión como secretario del DRNA, Machargo se vio envuelto en controversias, incluida una reunión con el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, que generó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
La gestión de Machargo en el DRNA estuvo marcada por controversias y denuncias ambientales, culminando en su renuncia en medio de investigaciones parlamentarias en 2022.
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Sobre este asunto, el representante Héctor Ferrer repudió en entrevista con el segmento digital de Metro Puerto Rico, Metro Al Mediodía, que la OEG se niegue a entregar el documento solicitado.
“Aquí hay un desconocimiento del proceso legal por parte de la Oficina de Ética Gubernamental, del proceso judicial que se lleva en los tribunales. Segundo, me parece gracioso que la OEG, le tenga que decir a los legisladores qué es lo que pueden investigar, cuando ya dos tribunales han dicho que tenemos la jurisdicción”, expresó Ferrer.
Mira la entrevista completa aquí
