La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Lares tras un informe revelar que el alcalde, Fabián Arroyo Rodríguez, nombró el 11 de enero de 2021 a un policía municipal con diploma de escuela superior, como comisionado de la Policía Municipal sin cumplir con los requisitos para ocupar el puesto.
La Legislatura Municipal confirmó el nombramiento a pesar de que la reglamentación aplicable requiere un bachillerato y haber completado entrenamiento para oficiales en la academia de la policía o militar, entre otros. Además, el líder municipal designó un empleado en destaque como director interino de Transporte y Mantenimiento; puesto que ocupó 238 días en exceso de lo permitido por ley.
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La auditoría de tres hallazgos señaló que, de la muestra examinada, el 76% de las facturas pagadas por servicios de ingeniería, legales y administrativos laborales, no incluían un desglose detallado y específico de los trabajos realizados por los contratistas. A tales efectos, los auditores no pudieron verificar en todos sus detalles la legalidad y propiedad de los desembolsos. Asimismo, se autorizaron para pago tres facturas que no incluían la certificación de ausencia de interés por parte de funcionarios del Municipio en las ganancias o beneficios de los productos o servicios contratados.
En contravención de la Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, el municipio no remitió al secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, la información y los documentos requeridos de cuatro demandas resueltas y tres activas en los tribunales desde el 2019 al 2023, con reclamaciones por $3,498,025 dólares. Esta ley dispone que toda reclamación de carácter civil cuya cuantía exceda los $5,000, o constituya un procedimiento de injuction o mandamus, debe estar accesible al público en este registro.
El Informe detalló que el entonces alcalde, Robert Pagán Centeno, contrató una corporación regular para prestar servicios legales mediante dos contratos por $33,000 dólares, y el alcalde actual contrató también una corporación regular para prestar servicios de ingeniería mediante seis contratos y dos enmiendas por $74,400. En ambos casos, se pagaron servicios a corporaciones impedidas de prestar estos servicios.
El ordenamiento jurídico vigente, dispone que estos servicios los debe ofrecer corporaciones profesionales o compañías de responsabilidad limitada. Al titular de Justicia, y a los presidentes del Colegio y Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, se les recomienda evaluar esta situación para que tomen las medidas que estimen pertinentes.
Al 12 de octubre de 2023, tres demandas civiles por $1,346,000 dólares, estaban pendientes de resolución por los tribunales. En la Comisión Apelativa del Servicio Público, también estaba pendiente de resolución un caso presentado por destitución.
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El presupuesto del Fondo General del Municipio, para los años fiscales del 2019 al 2023, fue de $11,685,722, $11,519,214, $9,946,031, $9,113,303 y $9,011,916, respectivamente. Los estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, reflejaron déficits acumulados de $1,315,648 y $820,864, para el 2019 y 2020, y superávits acumulados de $1,750,930 y $5,234,883 dólares para el 2021 y 2022.
La auditoría también le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que se asegure que el Municipio de Lares cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este segundo y último informe de Lares, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
