Eliminar beneficios contributivos para inversionistas que se reubiquen en Puerto Rico, calificar los alquileres a corto plazo (ACP) como actividad comercial y regular los arrendamientos, son parte de las propuestas contenidas en un plan para fomentar la vivienda asequible que la organización “El Otro Puerto Rico” le presentará a los candidatos a la gobernación.
“La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas”, expresó el presidente ejecutivo de la organización sin fines de lucro, Alonso Ortiz Menchaca.
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“La derogación de la Ley 22 de 2012 es un paso esencial para frenar el acaparamiento desmedido de propiedades y la evasión contributiva que promueve el lavado de dinero. Además, proponemos la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, adscrita al Departamento de la Vivienda, que se encargará de la regulación de alquileres a largo y corto plazo por demarcación territorial y necesidad de mercado”, detalló Cristina Mojica, analista de Política Pública de El Otro Puerto Rico. La Ley 22 pasó a estar bajo la Ley 60 del Código de Incentivos.
Mojica sostuvo que las propuestas que presentan son resultado de consultas comunitarias en sectores afectados por la falta de vivienda asequible.
En las propuestas presentadas se plantean los ACP como actividad comercial que debe estar sujeta a las mismas regulaciones y cargas contributivas que pesan sobre cualquier comercio. A tales fines, proponen limitar la operación de estos comercios a zonas comerciales y establecer permisos especiales para su operación en zonas donde coexisten viviendas y comercios. Además, se crearía un Registro de Propietarios de ACP y se desarrollaría un procedimiento administrativo adjudicativo para querellas y multas a propietarios que incumplan con las regulaciones establecidas.
La economista Martha Quiñones agregó que, “nuestro análisis económico demuestra que la estabilización de los alquileres y la creación de nuevas unidades de vivienda asequible son cruciales para mitigar la inflación inmobiliaria y evitar el desplazamiento de nuestras comunidades. Esta propuesta es un paso esencial hacia un Puerto Rico más justo y equitativo.”
Sobre los arrendamientos a largo plazo, plantean una regulación del Estado al mercado. “Recomendamos que se implemente una regulación temporal sobre los cánones de alquiler a largo plazo y que se establezca un equipo multidisciplinario dentro de una Oficina de Regulación del Arrendamiento para estudiar el comportamiento del mercado de vivienda en este renglón. En los municipios o zonas más afectadas por la inflación inmobiliaria, debe establecerse un tope de renta y permitir que los inquilinos se querellen contra propietarios que no cumplan con los cánones establecidos. Esta medida solo existirá hasta que se añada la cantidad de viviendas necesarias para estabilizar el mercado de vivienda del país”, dijo Ortiz Menchaca.
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También propusieron la creación de un “Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda” bajo el Departamento de la Vivienda. El Estado cubriría el 100% del financiamiento para la adquisición y rehabilitación de propiedades en desuso. “Permitirá la rehabilitación de viviendas multifamiliares o de uso mixto y facilitará el proceso para la declaración de propiedades como estorbos públicos, costeando los gastos del proceso”, explicó Ortiz Menchaca.
La propuesta también incluye la recomendación de crear las Salas Especializadas en Titularidad e Inmuebles en cada región judicial del Tribunal General de Justicia, que resolverán controversias sobre usucapión, herencias y problemas de titularidad para los cuales sugieren enmiendas a la legislación existente.
El catedrático de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y planificador, Raúl Santiago Bartolomei, advirtió que “la vivienda, además de ser una fuente potencial de riqueza, es la infraestructura base que define la fibra de nuestras comunidades. No atender esta crisis llevará a la precarización económica, obstaculizará la movilidad social, llevará al desplazamiento de poblaciones vulnerables y segregará a Puerto Rico entre comunidades más y menos aventajadas”.
El Otro Puerto Rico emplazó a los candidatos a la gobernación a evaluar las recomendaciones y asumir posturas. “Nuestro objetivo final es lograr que el tema de la vivienda y el desplazamiento sean parte de la conversación central en la campaña electoral del 2024. El país merece que sus candidatos expresen con claridad si están a favor o en contra de garantizar su derecho a la vivienda. Los candidatos tendrán hasta el 30 de agosto para reaccionar a esta propuesta. En el mes de septiembre lanzaremos una campaña educativa en la que informaremos al país quien esta a favor o en contra de su derecho a la vivienda y quiénes están o no comprometidos con que exista en el futuro un Puerto Rico con puertorriqueños”, subrayó Ortiz Menchaca.
