A la inestabilidad del servicio, las averías y las fluctuaciones de electricidad que experimentan los puertorriqueños se suman el aumento continuo del costo operacional de la privatizadora LUMA Energy.
“LUMA se ha mantenido dentro de su presupuesto anual para cada año fiscal”, dijo mediante declaraciones escritas el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que fiscaliza y asegura la ejecución e implementación de la política pública del servicio eléctrico. Pero esas expresiones son engañosas porque dan la impresión de que no se le han aumentado las partidas presupuestarias desde que asumieron la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
El ente regulador aprobó aumentar de $636 a $693 millones el presupuesto operacional y para mejoras de capital con fondos del gobierno local para el año fiscal 2024 a 2025. Ese presupuesto se utiliza para dar mantenimiento y operar el sistema de transmisión y distribución de energía.
El Gobierno paga, además, una compensación anual al consorcio por administrar el sistema. Desde que entró en vigor el contrato suplementario en 2021, LUMA también ha solicitado y se le han aprobado aumentos en su compensación, que acumulativamente ya suman $500 millones hasta el 30 de junio de 2025.
En su primer año administrando la red, LUMA cobró $115 millones, cifra que está sujeta a revisión anual por concepto de inflación, según dispone el contrato suplementario. Inicialmente, se habían presupuestado $100.6 millones para ese año fiscal 2021-2022, confirmó el NEPR al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “La tarifa para el año fiscal 2025 es de $135 millones”, informó mediante declaraciones escritas la empresa.
Cuando LUMA pide más dinero, resuena el caso de Ondeo
Tras los apagones continuos, sumados a los cortes masivos de luz en junio, el sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro y políticos que favorecieron la contratación de LUMA han pedido una mayor fiscalización y hasta la cancelación del contrato.
El reclamo de que se cancele el acuerdo remite al momento histórico en que la administración de la exgobernadora Sila María Calderón retomó la operación pública del sistema de suministro de agua, al cancelar el contrato de privatización con la empresa Ondeo, que había otorgado apenas un año y medio antes.
El exgobernador Pedro Rosselló González había privatizado en 1995 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al otorgarle un contrato a la Compañía de Aguas PSG, subsidiaria de la empresa franco-española Vivendi. La empresa acumuló un déficit de $325 millones y, según informes de la Oficina del Contralor, tampoco mejoró el servicio.
Este contrato venció en 2002 y, bajo la administración de Calderón, se determinó mantener la operación en manos privadas y abrir el proceso para recibir propuestas de otras compañías. El Gobierno escogió en 2002 a Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, por $400 millones anuales.
Se trataba de un contrato de diez años con una empresa de reconocimiento mundial en manejo de sistema de aguas. La administración de Calderón lo canceló a los 18 meses de otorgado porque la compañía solicitaba $100 millones para cubrir el déficit del primer año de operación y un aumento de $27 millones al pago anual, dijo en entrevista con el CPI Juan Agosto Alicea, quien lideró el proceso de adjudicación y cancelación del contrato con Ondeo.
“Hay diferencias sustanciales entre el contrato con Ondeo y el de LUMA. Por ejemplo, Ondeo tenía penalidades por el pobre desempeño. Además, contrario a LUMA, en aquella ocasión se escogió una empresa con experiencia en el manejo de sistemas pluviales. LUMA se creó para contratar en Puerto Rico”, dijo Héctor Rosario Hernández, quien también fue parte del comité que trabajó en el acuerdo con Ondeo. LUMA es un consorcio tejanocanadiense formado en enero de 2020 entre las empresas ATCO, Quanta Services y IEM.
La administración Calderón se aseguró además de que la empresa asumiera cualquier costo adicional a la cantidad anual pactada para la operación, dijo por su parte Agosto Alicea. El contador público autorizado, a quien se le llamó entonces “el Super Secretario”, fue secretario del Departamento de Hacienda en 1985 y luego presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y de la AAA, esta última posición durante el contrato con Ondeo.
Agosto Alicea y Rosario Hernández señalaron que las cláusulas contractuales que salvaguardaban la operación adecuada de la empresa, la fiscalización de la ejecución y los límites presupuestarios facilitaron la cancelación del contrato al primer intento de Ondeo de aumentar el dinero público anual pactado.
La parte más importante de un contrato de este tipo es que la compañía asuma el déficit, porque es la que va a administrar, dijo Agosto Alicea. Explicó que esta cláusula —a la que inicialmente Ondeo se rehusaba— fue recomendada por los miembros de un grupo asesor que evaluó todas las jurisdicciones y países en los que se había privatizado el sistema de acueductos.
Rosario Hernández y Agosto Alicea coincidieron en que una movida estratégica que permitió al Gobierno retomar las operaciones del sistema de aguas fue obligar a la privatizadora a mantener la plantilla de trabajadores.
“Mantienes la memoria institucional. Aquí no se obligó a LUMA y parte de lo que estamos viendo es que el personal que ha contratado [LUMA] desconoce de las operaciones diarias del sistema”, indicó Rosario Hernández. Uno de los ejemplos más evidentes fue el traslado del transformador a Santa Isabel, que no solo no funcionó, sino que en otras circunstancias, personal de la AEE lo hubiera podido mover a menor costo y en menos tiempo, ya que eso formaba parte de las tareas regulares de la corporación, sostuvo.
“La única experiencia que tiene LUMA es administrando un sistema muy pequeño en Montana [en Estados Unidos], donde el clima de invierno ‘poda’ la vegetación naturalmente. Es evidente que no entienden que nuestra poda, a la que le han adjudicado los problemas de averías y apagones, se tiene que hacer regularmente”, añadió.
La exgobernadora Sila María Calderón declinó ofrecer declaraciones sobre el proceso que redundó en la cancelación del contrato a Ondeo.
“Lo primero que deberíamos hacer es legislar para que la administración de ese contrato, en vez de ser la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, esa administración pase a la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay el peritaje para fiscalizar su cumplimiento”, recomendó Rosario Hernández, quien fue director ejecutivo de la AEE y parte de la Junta de Directores de la AAA durante el proceso de contratación con Ondeo.
Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la historia original aquí.
