Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González; Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto I. Aponte Berríos; Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones; y Proyecto Dignidad (PD), Juan Frontera Suau, coincidieron al señalar que la propuesta —impulsada por el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges— atenta contra la transparencia en el proceso de votación.

Según detallaron los portavoces a Metro Puerto Rico, Vega Borges propuso que el envío de las papeletas del voto adelantado sea por correo ordinario y no certificado, para poder ahorrar dinero y costear el plebiscito “criollo”.

Ante los argumentos sobre el posible ahorro para costear el plebiscito —el cual costará $1.3 millones, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)— Angleró González argumentó que “no hay por qué ahorrar en los procesos democráticos del país”.

“Que ahorre en la papeleta presidencial y en la consulta de estatus. Eliminen esas dos papeletas y la Comisión Estatal de Elecciones debe estar ahorrando cerca de 2.6 millones de dólares”, planteó.

Además, sostuvo que estas papeletas no tienen “ningún tipo de resultado que beneficie en nada a la ciudadanía”.

“Son dos papeletas, donde el resultado que sostenga de las mismas no va a incidir en los proceso democráticos del país, porque no incide en el voto presidencial, el voto que está aquí en esa papeleta simbólica y tampoco en esta consulta de estatus que ya, los mismos progresistas de los Estados Unidos han dicho que esto es una encuesta, pues es una encuesta cara que la está pagando el país. Que la pague el Partido Nuevo Progresista, entonces. ¿Hay que recortar? Que recorten de donde no va haber ningún tipo de resultado que beneficie en nada a la ciudadanía”, argumentó la comisionada electoral de la Pava.

De la misma forma, los comisionados electorales que rechazaron la iniciativa, establecieron que el Código Electoral dispone que el envío de estos votos sea certificado.

“El Código Electoral es claro y dispone que tiene que ser certificado y eso tiene una razón de ser, le da transparencia al proceso, sobretodo cuando ha sido tan cuestionado, tanto en las elecciones del año 2020, como ahora en las primarias recién concluidas”, puntualizó Aponte Berríos.

Por su parte, Aponte Dones aclaró que el reglamento ya había sido aprobado y el tranque ocurrió durante la revisión del documento, el cual fue firmado por el PNP anteriormente, indicó.

“Entendemos que lo más importante en estos momentos es darle a este voto unos mecanismos de seguridad que no se han visto en las últimas elecciones[…] Nosotros acabamos de salir de unas primarias que fueron desastrosas, que no abonaron para nadda en el proceso de confianza del país”, aseveró.

Por su parte, la comisionada electoral del PPD sostuvo que “enviar papeleta por correo certificado con acuses de recibo” provee la certeza que el voto salió y llegó al elector.

“Si recordamos hace varios meses atrás hubo unos arrestos de unos carteros por mal manejo en la entrega del voto por correo de una elección especial del PNP y la única manera en la cual la comisionada del PNP —que en ese entonces era Vanessa Santo Domingo— pudo alertar a las autoridades era porque tenía el tracto, sabía cuál era el número de tracto de esa papeleta y pudieron verificar que, en efecto, esa papeleta no había sido entregada al elector”, ejemplificó Angleró González, agregando que el partido no cederá a presiones.

Dijo, además, que en caso de que la presidenta no falle a favor de enviar por correo certificado y con apuntes adhesivos, el “Partido Popular acudiría a los tribunales”.

Por otro lado, el comisionado electoral del PD, Frontera Suau aseguró que la colectividad está en contra de la iniciativa, instando que el pueblo tiene que tener unas garantías y el correo “regular no las provee”

“El proceso de votación debe ir dirigido a ampliar las oportunidades del electorado, pero esa amplitud no puede poner en riesgo el voto de la gente y el valor de ese voto. Y dado el hecho, no es una suposición, no está basado simplemente en creencias, sino está basado en la experiencia de las elecciones del 2020, en la experiencia de las primarias previas al 2020 y de las primarias recientes. El voto por correo hay que mirarlo con mucho detenimiento y hay que ponerle las garantías necesarias para que ese voto sea efectivo y que la gente que se le provee esa oportunidad, su voto sea contado”, sostuvo Frontera Suau.

Asimismo, los comisionados electorales que no respaldan la propuesta subrayaron en que el reglamento se debe publicar cuánto antes. Es por ello, que los portavoces esperan que la presidenta de la CEE, la jueza Jessika Padilla, tome una decisión esta semana para poder publicar el reglamento de voto adelantado, una vez esclarecida las controversias.

Otras preocupaciones sobre el voto adelantado

La comisionada electoral del MVC informó que el partido también propuso asegurar el voto adelantado de las casas de alojamiento, es decir, hospitales, égidas, instituciones penales, entre otros.

“Sometimos una propuesta al Pleno de la Comisión— es la tercera vez que lo sometimos— sobre cómo reglamentar el voto que se da en casas de alojamiento, como las égidas, porque entendemos que hay un interés apropiante del Estado de proteger a esta población que está en manos, en custodia de un tercero”, reveló, añadiendo que en pasadas elecciones este voto se ha visto bajo controversia y comprometido por la naturaleza de cómo se toma el voto.

Ante esto, Aponte Dones reiteró que es apremiante que Padilla tome una decisión ante la iniciativa.

Por su parte, el PIP instó en que hace falta el personal necesario para manejar todo el material relacionado al voto adelantado.

“Cuando se va a preparar este material, con esos sobres con las papeletas, con los sellos que hay que ponerle…toma tiempo y un personal que la CEE no lo tiene. El plan de austeridad de la Junta fiscal por año ha ido llevando que la Comisiõn tenga menos personal”, comunicó Aponte Berríos.

Adicional, insistió en que la CEE no ha ejecutado efectivamente la orientación fundamental para el proceso de inscripción de electores que cumplan los 18 años.