La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) indicó que la demanda presentada ante el tribunal hoy por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para anular la Ley 10-2024 tiene un impacto negativo y pone en riesgo el acceso de miles de familias puertorriqueñas a la energía solar.
“Es verdaderamente frustrante que la Junta de Supervisión Fiscal haya decidido que atacar e intentar eliminar la Ley 10 sea su máxima prioridad y que utilice todo su poder y recursos en una demanda federal para hacerlo. Es la primera vez en la historia que una entidad federal demanda contra una ley de medición neta (MN); algo que siempre ha sido una política estatal. La medición neta es la única política en Puerto Rico que ayuda a la gente, particularmente a las personas de ingresos bajos y moderados (LMI), a instalar paneles solares y baterías para salvar sus vidas y medios de subsistencia”, expresó el director de Política Pública de SESA, Javier Rúa Jovet.
Además, Rúa Jovet añadió que “hacemos un llamado al gobernador y a la Legislatura para que luchen con todas sus fuerzas. El gobernador y la Legislatura tienen y tendrán el apoyo del pueblo de Puerto Rico en esto. La JSF no tiene una razón legítima para atacar la medición neta. Este es un caso que Puerto Rico puede y debe ganar. Y a pesar de esta demanda de la JSF, la Ley 10 sigue en pleno vigor hoy hasta que haya un fallo final e inapelable de los tribunales federales. Por lo que hoy todos los nuevos clientes solares siguen estando protegidos por la ley y tienen derecho a la medición neta completa. El momento para instalar y protegerse a sí mismo y a su familia con energía solar y almacenamiento es ahora”.
Rúa Jovet indicó que la medición neta fue creada por la Legislatura en 2007 y extendida por esta hasta el 2030 mediante la Ley 10. También, destacó que la Ley 10 está alineada con las metas de energía renovable que el Negociado de Energía está llamado a impulsar.
“La Ley 10 en nada tiene que ver con la independencia del regulador. Además, el propio Negociado de Energía expresó en el proceso legislativo de crear la Ley 10 que la misma beneficiaría al programa de medición neta”, sostuvo.
Por consiguiente, concluyó que “hoy es un día lamentable para Puerto Rico, frente a una Junta de Supervisión Fiscal que no respeta la voluntad del pueblo ni defiende su derecho a la energía solar. El Programa de Medición Neta es fundamental para que las familias puertorriqueñas tengan un incentivo que les haga costo efectivo el acceso a fuentes alternas de energía”.
En un reciente estudio realizado por SESA titulado “Impacto de la Devaluación de la Política de Medición Neta en Puerto Rico” presentaron que la eliminación o reducción de la Medición Neta perjudicaría a las familias y comunidades más vulnerables, ya que entre 69,000 y 197,000 familias menos podrán tener acceso a la energía solar en Puerto Rico para el 2030.
Dicho estudio, así como el estudio publicado por Gabel Associates, muestran cómo la medición neta representa un beneficio financiero neto positivo para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ambos estudios están disponibles en www.sesapr.org/netmetering.
