El futuro de los venezolanos está en juego. Los votantes decidirán el domingo si reeligen al presidente, Nicolás Maduro, cuyos 11 años en el poder se han visto marcados por las crisis, o si dan a la oposición una oportunidad para cumplir su promesa de revertir las políticas del partido en el gobierno que causaron un colapso económico y obligaron a millones de personas a emigrar.
Los partidos de una oposición tradicionalmente dividida se han unido en torno a un único candidato, lo que plantea al Partido Socialista Unido de Venezuela su mayor desafío electoral en unas elecciones presidenciales en varias décadas.
Maduro se enfrentaba al ex diplomático Edmundo González Urrutia, que representa a la reavivada oposición, y a otros ocho candidatos. Los partidarios de Maduro y González celebraron el jueves el final de la campaña oficial con enormes manifestaciones en la capital, Caracas.
En el pasado, Maduro y sus aliados han superado los desafíos inhabilitando a rivales para presentarse a las elecciones y tachándoles de elitistas desconectados de la realidad y alineados con potencias extranjeras. Pero esta vez, el partido en el gobierno ha permitido que la Plataforma Unitaria, la coalición de los principales partidos de oposición, participe en los comicios.
Un acuerdo que permitió participar a la oposición le dio a Maduro algo de alivio sobre las asfixiantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Pero ese alivio fue breve. El gobierno del presidente Joe Biden restituyó las sanciones alegando una creciente represión del gobierno sobre adversarios reales o percibidos, lo que incluyó vetar la candidatura de la estrella opositora María Corina Machado.
A continuación, lo que hay que saber sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.
¿Quién es el candidato opositor?
El nombre más repetido de la campaña no estaba en la boleta: María Corina Machado. La exlegisladora se convirtió en estrella de la oposición en 2023 y llenó el hueco dejado por el exilio de una generación anterior de líderes opositores. Sus críticas a la mala gestión y la corrupción del gobierno movilizaron a millones de venezolanos para que votaran por ella en las primarias de la oposición en octubre.
Sin embargo, el gobierno de Maduro declaró ilegales las primarias y abrió pesquisas penales contra algunos de sus organizadores. Desde entonces ha emitido órdenes de arresto para varios seguidores de Machado y detenido a varios miembros de su equipo, y la máxima corte del país respaldó la decisión de inhabilitar su candidatura.
No obstante, ella ha seguido haciendo campaña en todo el país y convirtió el veto a su candidatura en un símbolo de la pérdida de derechos y humillaciones que muchos votantes han sentido durante más de una década.
Ella ha apoyado a Edmundo González Urrutia, un exembajador que nunca ha ejercido un cargo público, lo que ha ayudado a unificar una oposición fragmentada.
Ambos hacen campaña juntos y prometen una reforma económica que haga regresar a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro se convirtió en presidente en 2013.
González comenzó su carrera diplomática como asesor del embajador venezolano en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Estuvo destinado en Bélgica y El Salvador y fue embajador de Caracas ante Argelia. Su último puesto fue como embajador en Argentina durante la presidencia de Hugo Chávez, que comenzó en 1999.
Más recientemente, González trabajó como consultor de relaciones internacionales y escribió una obra histórica sobre Venezuela durante la II Guerra Mundial.
¿Por qué tiene problemas el actual presidente?
La popularidad de Maduro se ha reducido debido a una crisis económica provocada por un descenso en los precios del crudo, la corrupción y la mala gestión del gobierno.
Maduro aún puede contar con un sector de seguidores acérrimos, conocidos como chavistas y que incluyen a millones de funcionarios públicos y personas cuyos negocios o empleos dependen del estado. Pero la capacidad de su partido de utilizar los programas sociales para conseguir votos ha menguado conforme se desmoronaba la economía.
Es el heredero de Hugo Chávez, un popular líder socialista que amplió el estado del bienestar en Venezuela a la vez que chocaba con Estados Unidos.
Enfermo de cáncer, Chávez eligió a Maduro para que hiciera de presidente interino a su muerte. El mandatario asumió el papel en marzo de 2013 y al mes siguiente ganó por poco las elecciones presidenciales convocadas por la muerte de su mentor.
Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones ampliamente consideradas como una farsa. Su gobierno vetó a los políticos y partidos opositores más populares y, sin un terreno de juego igualado, la oposición instó a los votantes a boicotear los comicios.
Esa tendencia autoritaria fue parte del argumento de Estados Unidos para imponer sanciones económicas que bloquearon a la industria petrolera del país.
¿Quién votará?
Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se espera que el éxodo de más de 7.7 millones de personas debido a las prolongadas crisis —incluidos unos 4 millones de votantes— reduzca el número de posibles votantes a unos 17 millones.
Votar es obligatorio y se hace con máquinas electrónicas.
La ley venezolana permite a la gente votar en el extranjero, pero sólo unos 69,000 votantes cumplen los criterios para votar en embajadas o consulados en estos comicios. Los prerrequisitos costosos y laboriosos del gobierno para registrarse, la falta de información y la demostración obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impiden que muchos migrantes se registren para votar.
Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un obstáculo insuperable: los consulados, donde normalmente votarían los ciudadanos en el extranjero, están cerrados porque Caracas y Washington cortaron sus relaciones diplomáticas después de la reelección de Maduro en 2018.
¿En qué condiciones se celebran las elecciones?
El año pasado parecía posible que se celebrasen unas elecciones más libres y justas, cuando el gobierno de Maduro aceptó trabajar con la Plataforma Unitaria, que tiene el respaldo de Estados Unidos, para mejorar las condiciones electorales en octubre de 2023. Un acuerdo sobre condiciones electorales le dio al gobierno un amplio alivio sobre las sanciones económicas estadounidenses a sus sectores estatales petrolero, gasífero y minero.
Pero unos días después, las autoridades dijeron que las primarias de la oposición eran ilegales y empezaron a emitir órdenes de arresto y a detener a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.
Un comité respaldado por Naciones Unidas que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela ha reportado un incremento de la represión del gobierno contra críticos y opositores antes de los comicios, que ha sometido a sus objetivos a detención, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos penales arbitrarios.
El gobierno también ha utilizado su control sobre medios de comunicación, la red eléctrica del país y otra infraestructura para limitar el alcance de la campaña de Machado-González.
Las crecientes medidas contra la oposición hicieron que el gobierno de Biden reinstaurase este año las sanciones que había suspendido en octubre.
