El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, expuso sus preocupaciones el martes, a su salida de una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), respecto a la distribución de fondos asignados a los municipios tras la aprobación del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2024-2025.
Hernández Ortiz indicó que los municipios aún no han recibido ninguna asignación financiera, a pesar de que se presupuestaron diversos fondos, como el Fondo de Servicios Esenciales y el Fondo para la contratación de paramédicos.
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“Todos los renglones asignados a los municipios estaban condicionados a que la Junta hiciera la distribución de los fondos. Al día de hoy, no hemos recibido un solo centavo de ninguna de las partidas que se asignó [...], y nos preocupa el tiempo porque los municipios ya confeccionamos nuestros presupuestos a base de unos recursos”, expresó el alcalde de Villalba.
“Que sepa el país que no hemos recibido un solo centavo. Y si no se ponen las pilas, puede ser que pase todos estos meses y tampoco lo recibamos”, reiteró.
A su vez, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, explicó que “los presupuestos están en papel”, mas aún no se ha comenzado a trabajar la distribución de los fondos.
Dudas y descontento por asignaciones exclusivas en presupuesto
El presidente de la Asociación de Alcaldes aprovechó para señalar una “asignación sospechosa”, en el presupuesto gubernamental, que solamente incluye a cuatro municipios cuyas administraciones actuales son del Partido Nuevo Progresista (PNP): Camuy, Ciales, Corozal y Patillas.
“Hubo una asignación que nos preocupa porque solamente se les dio dinero a cuatro municipios para unos proyectos particulares, supuestamente negociados por unos senadores”, abundó el primer ejecutivo municipal.
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“En todo mi tiempo que yo llevo como presidente de la Asociación y en la discusión del tema del presupuestario, es la primera vez que se asignan un recurso a cuatro pueblos en particular y 74 se quedan fuera”, agregó.
En el presupuesto certificado del gobierno para el año fiscal 2024-2025 se detallan varios proyectos bajo la sección de “Pareo federal para los municipios”.
Esto incluye $1 millón para la rehabilitación del Centro Daniel “La Cobra” Jiménez en Camuy; $800,000 para el Coliseo Raúl Tinajón Feliciano en Ciales; $800,000 para el Estadio Municipal Angelita Linda en Patillas; y $1.2 millones para la construcción de un puente peatonal, en Corozal; todos sujetos a la aprobación de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).
Además, el presupuesto asignó $2 millones para apoyar la limpieza de canales y el dragado del Río Inabón en Ponce.
“Ellos [la JSF] no nos dieron una contestación que nos diera tranquilidad ni que nos fuera satisfactoria. Así que, quedamos en que haya un balance proporcional de los proyectos. Si estos municipios recibieron dinero para proyectos, pues el resto de los municipios también tiene derecho a recibir”, estipuló Hernández Ortiz.
Ayuntamientos bajo presión financiera
Entretanto, los ayuntamientos se enfrentan a un complejo panorama económico, con el fin del Fondo de Equiparación al cierre del año fiscal anterior, y la confirmación judicial de la anulación de la Ley 29 de 2019, dejando intacta la obligación del pago de las pensiones de sus retirados y el plan de salud de los empleados.
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, desestimó el caso en contra de la anulación de la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, lo que reafirma la decisión de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain.
Dicho estatuto estuvo en vigor por casi un año, pero la JSF solicitó acción legal para declararla nula, puesto a que era inconsistente con el Plan Fiscal del gobierno y con la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
La Ley 29 eliminaba la obligación de los municipios para reembolsar al erario público por los gastos de pensión de sus retirados, y los eximía de pagar el plan de salud de sus empleados.
El ente fiscal estimó que los municipios retuvieron $197.3 millones bajo esta ley, que tuvieron que restituir.
